El Gobierno licita el mantenimiento de la AP-2 y AP-7 por 628 millones tras echar a Abertis

Acesa dejará de gestionar estos dos tramos de autopista en Cataluña y Aragón, una vez que el contrato de concesión acabe el 31 de agosto y queden liberalizadas definitivamente

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ofrece una rueda de prensa. EFE/ Rodrigo Jiménez

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ofrece una rueda de prensa. EFE/ Rodrigo Jiménez

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha preparado el terreno para los cambios que se avecinan este verano en la gestión de algunas de las autopistas principales que cruzan Cataluña o Aragón. El Consejo de Ministros aprobará este martes la licitación de seis contratos para la conservación y explotación de las AP-2 y AP-7 por un valor total de 627,8 millones de euros. Las dos vías acaban este 31 de agosto su concesión y quedarán bajo el control definitivo del Estado.

El nuevo cambio terminará con la gestión que ha realizado durante los últimos años Acesa, la concesionaria más rentable de Abertis en España, sobre estas dos vías que concentran una parte del tráfico de las dos comunidades autónomas. El nuevo escenario permitirá que las dos autopistas queden completamente liberalizadas.

Cinco de los contratos de licitación se han establecido para las autopistas de peaje AP-2 que conectan Zaragoza y El Vendrell, así como la AP-7 que une Tarragona y La Jonquera. Entre los dos tramos, suman un total de 375 kilómetros. El Gobierno ha establecido un monto de 541 millones de euros para los nuevos contratos en materia de conservación y explotación.

También se autorizará la licitación de otro contrato para explotar la AP-2 a su paso por Aragón, por donde discurren 102 kilómetros de vía, por un coste de 86,8 millones de euros. La autopista también quedará libre de peajes a partir del próximo 1 de septiembre.

Los nuevos pliegos incluyen la ejecución de pequeñas obras de mejora

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es el artificie de este nuevo modelo de conservación de carreteras que se centrará en tres pilares fundamentales: ofrecer un servicio integral, mejorar el estado de la carretera y optimizar los recursos públicos.

Los contratos de licitación dividirán, por un lado, los gastos que tendrán que afrontar las empresas durante su gestión de la vía y, por el otro, los ingresos que obtendrán durante su periodo de explotación.

En el capítulo de gastos, las compañías se comprometen a mantener una prestación del servicio de viabilidad, la conservación ordinaria de los tramos de la carretera, así como la ejecución de pequeñas obras de mejora en la funcionalidad de la vía. Mientras que los ingresos estarán marcados por el dinero que perciban, en concepto de canon, por el derecho de explotación de las áreas de servicio que habrá repartidas por toda la vía u otros servicios de carácter público.