Varapalo judicial contra España: la Justicia británica embarga 800.000 euros por impagos a renovables

Las cuatro cuentas bancarias que tiene el Instituto Cervantes en Reino Unido han sido embargadas por un monto de 805.000 euros, decisión que ha tomado la Justicia británica para compensar los impagos a empresas de energía renovables.

El embargo de las cuatro cuentas, radicadas en el Banco Santander en ese país, está relacionado con el caso Infrared, un litigio emprendido por el fondo Blasket Renewable Investment contra el Estado español por la retirada de ayudas a las energías renovables, y que fue ganado en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial conocido como Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones)

El fallo se conoció en 2021, que redujo la pretensión de Blasket de 75,2 millones a los 28,2 millones.

A inicios de este año un grupo de abogados y consultores iniciaron los procedimientos que derivaron en la incautación de los 805.000 euros para saldar la deuda; en una sentencia firmada por el juez Richard Harold Davison, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra.

La ofensiva del fondo Blasket

Este monto ha ido creciendo con el tiempo por intereses y costas judiciales: en una primera instancia fueron 4,8 millones de euros, y luego otros 4,5 millones.

Para poder cobrar el dinero, Blasket emprendió una ofensiva judicial en abril que se tradujo en el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede de Acció, la organización de promoción económica de la Generalitat de Cataluña.

Esta acción judicial se conoce como Third Party Debt Order, por el que se ha reclamado el embargo de las cuentas del Santander abiertas por ese instituto, organismo dependiente del Estado para la promoción del castellano y la cultura española en el mundo.

España en situación de impago técnico

En abril Blasket Renewable Investments LLC había una cláusula que declaraba a España en «impago técnico» después de que el Gobierno había esquivado abonar los laudos pendientes por los recortes a las primas a las renovables.

La cláusula activada por el fondo de inversiones estadounidense Blasket suponía que las emisiones de deuda pública, concretamente cuatro por valor de 910 millones de euros, debían ser reembolsadas inmediatamente a los acreedores, junto con los intereses correspondientes.

25 fallos en contra de España

Este varapalo para el Estado español se suma a otros 51 litigios, de los que 25 fueron fallados en contra del Gobierno, que está obligado a indemnizar a las compañías afectadas por un total de 1.300 millones de euros, valor al que hay que sumar otros 250 millones en concepto de honorarios a los abogados, intereses de demora y costas judiciales.

El último caso, según informa The Objetive, fue un fallo a favor de Canepa Green Energy, compañía vinculada a Azora.

La decisión del gobierno de Rajoy

El origen de este laberinto judicial se remonta a 2013, cuando el gobierno de Mariano Rajoy retiró de forma retroactiva las ayudas por las energías renovables que había impulsado la administración de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Las empresas afectadas iniciaron un aluvión de demandas judiciales, donde los tribunales británicos, así como los australianos, han decidido embargar bienes del Estado para compensar los pagos pendientes.