Golpe judicial a España: indemnizará con 39 millones a la japonesa Mitsui por la retirada de las primas renovables
El CIADI condena al país a pagar 31,5 millones en concepto de daños y 5,5 millones de intereses de demora
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha condenado a España a indemnizar a la empresa japonesa Mitsui con 39,2 millones de euros, tras un arbitraje internacional relacionado con los recortes a las primas a las energías renovables.
El laudo, que fue emitido en marzo y ha sido confirmado en mayo, reconoce la obligación del país presidido por Pedro Sánchez a desembolsar una compensación por valor de 31,5 millones de euros en concepto de daños, así como 5,5 millones de euros de intereses de demora.
También contempla el pago de 215.000 euros por los costes del arbitraje y de 2,2 millones adicionales por la condena a sufragar las costas legales en las que incurrió la empresa demandante.
Reversión de las primas renovables
La firma japonesa había reclamado inicialmente 199 millones de euros por las pérdidas que le habían ocasionado los cambios implementados por los distintos gobiernos españoles, que entre 2010 y 2014, fueron revirtiendo de forma retroactiva las primas renovables.
La compañía especializada en los sectores de la energía, las infraestructuras y la industria había invertido en proyectos de energía renovable que se vieron afectados por la reforma del sistema de primas.
En este contexto, dieron el pistoletazo de salida al litigio, cuya legitimidad se articuló invocando el Tratado de la Carta de la Energía, según se desprende de la información facilitada en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a preguntas del diputado del PP Juan Diego Requena.
Desembolso millonario
En los últimos años, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, ha tomado una veintena de decisiones contrarias a España por los recortes retroactivos de las primas renovables.
Los 26 laudos impuestos al país suponen la obligación de desembolsar 1.885 millones de euros, de los cuales 1.510 millones de euros corresponden a indemnizaciones y 375 a condenas impuestas en costas, honorarios de abogados y consultores e intereses de demora.
