Golpe a Airbnb: consumo impone el bloqueo de casi 66.000 anuncios de pisos turísticos
El Ministerio de Consumo intensifica su control para frenar la publicidad ilegal en plataformas de alquiler vacacional
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En un movimiento contundente contra la publicidad ilegal de viviendas turísticas, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado el bloqueo de 65.935 anuncios de pisos turísticos en la plataforma Airbnb, según ha informado este lunes la institución dirigida por Pablo Bustinduy. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica en el sector de alquiler vacacional y proteger los derechos de los consumidores.
El Ministerio de Consumo, a través de su Dirección General de Consumo, ha identificado tres motivos principales que justifican la ilegalidad de los anuncios bloqueados:
- Falta de número de licencia o registro: En muchas comunidades autónomas, es obligatorio que los anuncios de viviendas turísticas incluyan un número de licencia que acredite su legalidad. Sin embargo, en miles de casos detectados, esta información estaba ausente.
- Desconocimiento de la naturaleza del arrendador: Los anuncios no especificaban si los arrendadores eran particulares o profesionales, lo que complica determinar si los usuarios están protegidos como consumidores.
- Uso de licencias falsas o incorrectas: Algunos anuncios incluían números de licencia que no correspondían a los emitidos por las autoridades competentes, generando confusión entre los usuarios y potenciales situaciones de fraude.
Una medida que afecta a varias comunidades autónomas
El impacto de esta decisión es significativo, ya que los anuncios bloqueados se distribuyen en seis comunidades autónomas clave para el turismo en España: Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. Estas regiones concentran una gran parte del mercado turístico del país y, por lo tanto, son también las que presentan un mayor volumen de anuncios de alquiler vacacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado la decisión del Ministerio de Consumo al emitir un auto que avala el bloqueo de los primeros 5.800 anuncios, desestimando los recursos presentados por Airbnb. Esta sentencia representa un precedente que podría influir en futuras acciones similares contra otras plataformas de alquiler turístico.
La multinacional Airbnb, con sede europea en Irlanda, ha sido notificada en varias ocasiones por el Ministerio de Consumo, instándola a cumplir con las normativas locales y eliminar los anuncios ilegales. Sin embargo, la resistencia de la plataforma a adoptar medidas inmediatas ha derivado en esta intervención directa por parte de las autoridades.
El ministro Pablo Bustinduy ha defendido la acción afirmando que el objetivo es «poner fin al descontrol y la ilegalidad generalizada de los alojamientos turísticos», al tiempo que se protege el acceso a la vivienda y se garantiza la seguridad de los consumidores. Según el Ministerio, esta acción se enmarca en una política de «tolerancia cero frente a la publicidad engañosa y las prácticas ilegales en el sector turístico».
El impacto de la medida en el mercado de alquiler turístico de Airbnb
El bloqueo de casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas en Airbnb podría tener importantes repercusiones en el mercado del alquiler vacacional, especialmente en las ciudades más afectadas como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca, donde la presencia de viviendas turísticas es más notoria.
Para muchos propietarios que operan de forma legal, esta medida representa una garantía de competencia justa, ya que ayuda a filtrar las ofertas fraudulentas que distorsionan el mercado. Por otro lado, para quienes operaban en la ilegalidad, el bloqueo de sus anuncios supone una pérdida de ingresos inmediata y la necesidad de regularizar su situación si desean continuar ofreciendo sus propiedades.
El Ministerio de Consumo ha dejado claro que no se trata de una acción aislada. En los últimos meses, ha intensificado su vigilancia sobre el sector del alquiler turístico, abriendo expedientes sancionadores a grandes plataformas y gestoras de pisos turísticos que incumplen la normativa.
A través de su Unidad de Análisis de Consumo, la institución está recopilando información y colaborando con otras administraciones para coordinar acciones similares en todo el territorio nacional. Esto incluye no solo el control de las plataformas de alquiler vacacional, sino también la supervisión de grandes inmobiliarias y gestores que operan en el mercado.
Un aviso para el sector y una advertencia para otras plataformas
La intervención del Ministerio de Consumo contra Airbnb envía un mensaje claro al resto de las plataformas de alquiler vacacional: la publicidad engañosa, la falta de transparencia y el incumplimiento de la normativa local no serán tolerados. Plataformas como Booking, Vrbo o HomeAway también podrían enfrentar medidas similares si no garantizan que los anuncios publicados cumplen con las normativas locales.
Este golpe a Airbnb podría marcar el inicio de una nueva etapa de regulación más estricta para el sector turístico en España, donde las administraciones buscarán garantizar un equilibrio entre la promoción del turismo y la protección de los derechos de los consumidores y residentes.
