Huawei se reúne con la CNMC ante los vetos del Gobierno en la Ley de Ciberseguridad
La nueva Ley de Ciberseguridad 5G deja abierta la puerta a que se excluyan a proveedores de red del negocio del 5G; eso pone el foco en las compañías chinas
CEO de Huawei en España, Eric Li
La Ley de Ciberseguridad 5G, que fue aprobada en primavera, todavía está inacabada. Queda un aspecto fundamental por resolver que introducía la norma: la posibilidad de vetar fabricantes de equipos que tuvieran algún tipo de conflictos de interés en materia de seguridad por su relación con terceros países, o vinculación directa, y que de esta manera no puedan hacer negocios con los operadores de telefonía. Esto apunta de manera directa a Huawei. No obstante, se desconoce la resolución final; aunque la compañía china mueve sus cartas.
En concreto, directivos de Huawei se han reunido hace unas semanas con miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el consejero Bernardo Lorenzo al frente del encuentro. Alguien con un gran conocimiento del sector tras su paso como presidente de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
El objetivo de la reunión era abordar las últimas cuestiones normativas en relación al 5G y su desarrollo dentro del mercado español. Se trata de un encuentro importante para la multinacional china. Aunque la CNMC no tiene la obligación de emitir informes vinculantes sobre la decisión del Gobierno, siempre puede desarrollar algún documento sobre su posicionamiento. Y esto es precisamente lo que busca tener controlado Huawei.
De hecho, el propio regulador ya emitió un informe del anteproyecto de ley donde había unas sentencias bastante favorables a la compañía asiática. Como principal punto donde puede ejercer presión Huawei es que el veto o la limitación de proveedores de red podría generar un conflicto de competencia en el mercado; sobre todo, si finalmente se añade a esa lista ZTE, otro de los grandes actores del sector.
De igual modo, la CNMC era muy exigente a la hora de analizar estos potenciales vetos; básicamente, por el impacto que pudiera tener sobre la industria. De esta manera, el regulador, en su habitual función, lanzaba un balón de oxígeno a Huawei. O, al menos, dejaba constancia de que la decisión que se tome no puede dejarse influir por criterio geopolíticos, sino económicos.
Queda tiempo para Huawei
Por el momento, hay una ventaja con la que juega Huawei: el Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital tiene abiertos tantos frentes, que ahora mismo la Ley de Ciberseguridad 5G es solo uno más. Además, la propia Secretaría de Estados de Telecomunicaciones ha cambiado de manos recientemente, y Roberto Sánchez ha dejado paso a María González.
En consecuencia, desde el Gobierno no hay una fecha clara en la que estará disponible dicha lista de vetos, si finalmente los hay. Esto otorga a Huawei la posibilidad de seguir maniobrando, en formato lobby, para conseguir que la compañía pueda seguir haciendo negocio con los operadores de telefonía para el despliegue de las redes 5G.
De hecho, todavía se está desarrollando el ‘Esquema Nacional de Seguridad de Redes y Servicios 5G’. Esta herramienta sirve para impulsar una seguridad integral del ecosistema generado por la tecnología 5G, al mismo tiempo que se promueve un mercado de suministradores diversificado, se refuerza la protección de la seguridad nacional y se fortalece la industria y la I+D+I nacionales.
El ENS de Redes y Servicios 5G, previsto en el Real Decreto Ley, pretende concretar y desarrollar determinados aspectos técnicos que vienen establecidos en la norma legal. Así, los operadores podrán confeccionar y elaborar sus análisis de riesgos y las técnicas de mitigación de los mismos, en aras de lograr unas redes y servicios 5G más seguros.
