Iberdrola, Endesa y Naturgy piden formalmente al Gobierno la prórroga de Almaraz hasta 2030

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Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido oficialmente al Gobierno la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Las propietarias de la planta extremeña han acordado este jueves dar el paso para ampliar su vida útil hasta junio de 2030 tras meses de tiras y aflojas con el Ejecutivo con la fiscalidad como principal obstáculo.

Las grandes eléctricas han acordado este jueves durante la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen la «modificación de la autorización de la explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz, para extender su operación hasta junio del año 2030″, según informan en un comunicado.

El CNAT del que forman parte reitera su «compromiso para seguir operando la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo».

La decisión de Iberdrola, Endesa y Naturgy llega al límite para solicitar formalmente la ampliación de la vida útil de las instalaciones, puesto que el 1 de noviembre expira el plazo para remitir la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dos años antes de que se apague el primero de los reactores.

Tras esta decisión, el Gobierno deberá valorar ahora si acepta la petición de las compañías y si esta cumple con las líneas rojas marcadas, siendo este es el paso previo a la entrega de la solicitud al CSN.

Estas tres líneas rojas son que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

Fuentes de la cartera que dirige Aagesen confirman haber recibido una petición formal de la junta del CNAT y ahora el Ministerio «dará traslado» de la misma al Consejo de Seguridad Nuclear, «al objeto de que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe».

Meses de conflicto por la fiscalidad

El tema fiscal es el que ha provocado el bloqueo desde hace meses para que una posible negociación entre propietarias y Gobierno avance. Las propietarias, el lobby nuclear y diferentes informes de consultoras han marcado la agenda mediática de la situación nuclear en España poniendo el foco en la fiscalidad y, especialmente, en la denominada ‘tasa Enresa’.

Se trata del instrumento a través de la cual las empresas financian la gestión y el desmantelamiento seguro de los residuos radiactivos y las centrales nucleares.

Pese a que se suele clasificar entre los impuestos que pagan las energéticas en el segmento nuclear, es una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Las empresas lo pagan por la máxima de que «quien contamina paga».

No obstante, las compañías denuncian su incremento del 30% en el último año, desde los 7,98 euros por megavatio hora (MWh), hasta los 10,36 euros, que se suma a otros impuestos a la producción o al combustible nuclear gastado que incrementan la factura total hasta los 28 euros MWh.

Por otro lado, existen los tributos autonómicos o ‘ecotasas’ que las propietarias de las centrales pagan en algunas regiones. La Comunidad Valenciana que preside Carlos Mazón ya ha eliminado la suya por la que Iberdrola pagaba unos 14 millones de euros anuales, mientras que y en Extremadura (donde se encuentra Almaraz) María Guardiola ha anunciado una rebaja de hasta el 50%.

Allí las propietarias pagan unos 82 millones y, de igual modo que en la Comunidad Valenciana, el gobierno autonómico está liderado por el Partido Popular. En Cataluña, donde se encuentran las instalaciones de Ascó y Vandellós, la factura asciende a 137 millones, si bien es el PSOE quien gobierna.

Con este escenario, parece que las propietarias han aparcado la batalla fiscal, al menos para la pedir la ampliación de la vida útil de Almaraz, la primera en cerrarse según el calendario firmado en el año 2019 entre el Gobierno y las empresas.