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Juan Antonio Acedo y Urbas, absueltos en la Audiencia Nacional tras más de una década imputados
La Audiencia Nacional absuelve de todos los delitos a Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas, así como al resto de acusados, por la ampliación de capital de 383 millones realizada en 2015.
Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.
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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a Juan Antonio Acedo Fernández, presidente y primer accionista de Urbas, para el que Fiscalía pedía siete años de cárcel, a Juan Antonio Ibáñez (anterior presidente y segundo mayor accionista), así como a la compañía, filiales y otras sociedades y socios vinculados en el proceso relativo a la ampliación de capital de 383 millones de euros realizada en 2015.
Los principales accionistas y ejecutivos del grupo inmobiliario y de construcción llevaban cerca de una década imputados por los presuntos delitos sobre los que fueron acusados.
El Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional admitió querella presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en junio de 2017, empleando informes elaborados por la ONIF y la IGAE.
El caso ha marcado la evolución de Urbas en los últimos diez años.
Las sedes de la compañía en Madrid y Guadalajara fueron registradas y se imputó a los dueños de Urbas y a otros directivos presuntos delitos de estafa y administración desleal, entre otros.
Al figurar como imputados tanto la compañía como sus principales accionistas y ejecutivos, la banca cerró el grifo de la financiación a Urbas, que se vio obligada a acudir a una agresivo fondo de inversión domiciliado en Luxemburgo, Roundshield Partners, para financiar su actividad.
El fondo aportó financiación a Urbas para crecer inorgánicamente, adquiriendo una serie de empresas inmobiliarias y constructoras que se encontraban también en situación delicada, a cambio de la aportación como garantía prenda sobre las acciones de las sociedades del grupo.
Tras esas inversiones, en 2024, Urbas registró pérdidas de 137 millones de euros. La compañía trató de negociar con Roundshield Partners una ampliación de las fechas de vencimiento, pero el 18 de diciembre de 2024 el fondo ejecutó las garantías, ocasionando una pérdida de 98,6 millones.
«Hemos padecido 11 años de calvario judicial como consecuencia de la obstinación de un fiscal Anticorrupción», dice el grupo
En la actualidad, Urbas se encuentra en concurso de acreedores con 144 millones de pasivo, con la cotización suspendida por la CNMV desde hace meses, y tratando de lograr pactar un convenio de pago con los acreedores que evite la liquidación.
«Como se ha dicho a lo largo de todo el proceso, no se podido probar la existencia de ningún delito y menos aún de una estafa. Todo se hizo de manera legal y por fin se ha hecho justicia», comenta Daniel Ibars, abogado de dos de los implicados en el caso.
«En virtud de la autoridad que nos confiere la Constitución Española, esta Sala ha decidido absolver a los acusados Juan Antonio Ibáñez Fernández, Juan Antonio Acedo Fernández, José Antonio Bartolomé Nicolás, José Humberto Ávila Carrillo, Julia María Moreno Infantes, y Luis Ramos Atienza en calidad de autores del delito de estafa de inversores», dice la reciente sentencia del Juzgado de la Audiencia Nacional.
«Sea como fuere una cosa es que los informes de la ONIF y la IGAE sirvan como vehículo de transmisión de la notitia criminis, y otra bien distinta, que se constituyan en soporte de la hipótesis acusatoria«, dicen los jueces en su reciente sentencia.
«(…) los informes oficiales han servido como vehículo para transmitir la notitia criminis haciéndolos suyos el Ministerio Fiscal en su escrito de querella primero, y en su calificación definitiva después, sin tener en cuenta el resto de la prueba practicada en el acto del juicio oral y su resultado», señalan.
«No se ha explicado convenientemente la participación individualizada de cada uno de los acusados en las distintas conductas de relevancia penal objeto de acusación y contribución al fin último de la operación cuál era engañar a los potenciales inversores», indican.
Los escritos de acusación, añaden, «resultan inidóneos para trasmitir la información necesaria y exigible en cuanto a la concreta participación de cada uno de los acusados en relación con los hechos descritos y su subsunción en las correspondientes conductas penales objeto de acusación», añaden.
Urbas: «No se ha correjido la injusticia»
«Hoy se ha dictado sentencia absolutoria, pero aún no se ha corregido la injusticia sufrida por Urbas», dice la compañía en un comunicado. «Hemos padecido 11 años de calvario judicial como consecuencia de la obstinación de un fiscal Anticorrupción que ha puesto en riesgo a toda una empresa como URBAS y a sus más de 15.000 accionistas».
«Este procedimiento judicial es el origen y causa inicial del procedimiento concursal en el que se encuentra la compañía«, subraya. «La Audiencia Nacional ha ratificado hoy en su sentencia lo que Urbas lleva defendiendo desde 2015: el valor de los activos aportados en la ampliación de capital era el que la compañía señaló desde el primer momento», incide.
La ampliación de capital «era necesaria para garantizar la viabilidad de la empresa y de sus accionistas y se hizo conforme a la ley», algo que ya habían confirmado cuatro tasadores distintos, seis auditorías y la propia CNMV antes del juicio. «La sentencia acredita también que la ONIF se extralimitó en sus funciones«, advierte.
La compañía espera ahora que el Juez a cargo del concurso de acreedores y la administración concursal, los despachos Auren y Kepler Karst, «tomen nota de que la sentencia de la Audiencia Nacional confirma el valor de los activos que el administrador (Auren-Kepler) está poniendo en duda y minusvalorando«.
