La criminalización de las empresas en EEUU: ¿una nueva forma de hacer negocios?
Los acuerdos para no llevar a juicio a las grandes compañías son denunciados como una nueva forma extorsión corporativa
“¿Quién dirige las operaciones más lucrativas del mundo? ¿La mafia siciliana, el Ejército de Liberación Popular en China o la aristocracia cleptómana del Kremlin? Ninguno de ellos: es el sistema regulador estadounidense”.
La provocadora sentencia fue publicada la semana pasada en The Economist en un trabajo de varios artículos que resumen el estado de ánimo de grandes multinacionales en Estados Unidos. Las grandes empresas con operaciones en la primera economía del mundo se sienten perseguidas y hasta extorsionadas por un sistema con más de 300.000 cargos criminales que pocas veces las lleva a juicio y que casi siempre terminan pactando multas multimillonarias con fiscales y entes reguladores, según denuncia la revista británica.
Negociaciones secretas
Dos senadores estadounidenses de distinto signo político se han puesto de acuerdo para impulsar un proyecto de ley que termine con una práctica que levanta ampollas entre las grandes corporaciones americanas. La senadora demócrata Elizabeth Warren y el republicano Tom Coburn han propuesto que todas las negociaciones extrajudiciales con grandes compañías se hagan con luz y taquígrafos.
Los impulsores de la nueva ley quieren que un nuevo marco legal obligue a los fiscales y regulares a explicar por qué casi nunca las empresas que cometen delitos federales graves terminan en los tribunales.
La multa sistémica
Las multas a las grandes corporaciones estadounidenses han alcanzado cifras estratosféricas. Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs han tenido que pagar 50.000 millones de dólares por las hipotecas basura, BNP Paribas entregó nueve mil millones de dólares por incumplir las sanciones contra Irán y Sudán y Toyota tuvo que hacer frente a 1,2 mil millones de dólares por defectos en los coches.
A pesar de que parte de las multas son merecidas por el mal comportamiento corporativo de algunas firmas, las empresas se quejan de que el sistema les obliga a pagar siempre para evitar el largo recorrido judicial que implica gastos millonarios y una enorme erosión para la imagen de las compañías. La acusación penal suele arruinar las carreras de los directivos y casi todos, asegura la publicación británica, prefieren pagar sean culpables o inocentes.
