La Guardia Civil registra Acciona por el caso Azud

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando de manera simultánea diferentes registros en sedes de empresas de Madrid, Valencia y Castellón en el marco del caso Azud, aunque por el momento no hay detenidos. Se trata de un procedimiento secreto relacionado con delitos de prevaricación, cohecho y malversación y, que cuenta con el apoyo de la Europol y que afecta a varias adjudicaciones realizadas tanto por parte del PSOE como del PP.

Entre las compañías registradas se encuentra la sede de Acciona en Madrid. La investigación en torno a la cotizada pone la lupa en el pago de sobornos a cargos públicos a cambio de adjudicaciones de contratos. En este caso, apareció en los papeles incautados al antiguo responsable de las finanzas del PSOE valenciano, José María Cataluña. Según adelantó El Mundo, los agentes intervinieron documentación en su domicilio en la que se detallaba comisiones a favor de su partido de hasta el 6% con constructoras. Supuestamente, se realizaban a cambio de adjudicaciones públicas

También se registran otras empresas que afectan directamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como es el tramo del trasvase Júcar-Vinalopó licitado en 2006 por la estatal Aguas del Júcar, que dependía del del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona, por un importe de 48,4 millones de euros, según ha informado El Confidencial.

Registros simultáneos en Valencia y Castellón

Los registros en sedes de empresas de Valencia y Castellón, efectuados por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción, tienen que ver con una de las piezas secretas de Azud, procedimiento en el que se investigan presuntas ‘mordidas’ a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.

Entre los investigados en Azud -alrededor de 60 personas- se encuentran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; y el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera, según ha informado Europa Press.

El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad.