Perjuicio económico y estafa: todas las causas abiertas contra Portobello

Pese a que la justicia ya ha dictado el sobreseimiento de alguna causa, Portobello sigue teniendo que rendir cuentas en los tribunales

Cuando Portobello se lanzó a por el negocio de las clínicas dentales, nada hacía pensar que casi cuatro años después la situación sería como la actual. El fondo de capital riesgo mantiene varias causas abiertas en la justicia que se han acelerado durante esta última semana. Ha conocido el sobreseimiento de algunas de las acusaciones y ha contraatacado con una querella, pero de momento quedan meses por delante para cerrar todos estos frentes.

Los querellantes son antiguos socios y franquiciados de Vivanta, la red de clínicas dentales que Portobello montó en 2018. El fondo de capital riesgo armó un gigante dental al hacerse con multitud de establecimientos para así aprovechar la fiebre inversora que había por el modelo low cost en este sector.

Ahora varios juzgados de Madrid examinan las denuncias recibidas y citan a los implicados para esclarecer los hechos. Esta última semana tocó analizar la denuncia interpuesta y admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid.

Esta causa nace de a una querella criminal por estafa, administración desleal y falsedad documental interpuesta por Ignacio Martínez, uno de los socios de Portobello. Martínez era el propietario de la red de franquicias Unidental, una de las compañías que pasó a integrarse en el grupo Vivanta.

La aventura empresarial prometía pero terminó en enfrentamiento. El querellante considera que Portobello ideó un esquema de compra (con plazos y fraccionando el pago en una parte fija y otra variable) que le permitió terminar pagando menos (solo pagó la parte fija) por los activos de Unidental de lo que marcaba el mercado.

Años después, Carlos Dolz, uno de los cinco socios de Portobello y el hombre del fondo en las negociaciones de compra por Unidental, tuvo que declarar esta semana en calidad de imputado (término que ha sido sustituido por investigado) ante la justicia. No trascendió el contenido de sus declaraciones.

Un caso archivado


Fuentes cercanas a Portobello consideran en conversación con Economía Digital que todas las acusaciones son infundadas y responden a una estrategia de los querellantes de presionar y utilizar a los medios de comunicación para colocar al fondo de capital riesgo en el foco.

Lo cierto es que esta semana, la justicia dictó el sobreseimiento de una de las causas que se había abierto. El caso está fechado el 14 de enero por parte de la sección nº1 de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque el origen de la investigación parte del Juzgado de Instrucción nº14 de Madrid.

Se trata de la presunta trama de espionaje que se había llevado a cabo desde Portobello contra al presidente de Vivanta. La acusación se centraba en que desde el fondo de capital riesgo ordenaron acceder a las comunicaciones privadas de éste en sin su permiso.

El auto acuerda el sobreseimiento provisional “al no acreditarse una finalidad de injerencia en los datos personales o intimidad del querellante, ni una lesión de las expectativas de confidencialidad, en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Fiscal“.

Causa por perjuicio económico

Otra de las incógnitas que queda por resolver está en el Juzgado Mercantil 2 de Madrid, donde se analiza la demanda de un socio minoritario que reclama 6,2 millones de euros por un presunto perjuicio económico.

La lupa de la justicia está en si Portobello perjudicó a su socio cuando adquirió el grupo dental Vera con sobreprecio (pagó 14 millones de euros). Dicha operación habría supuesto en última instancia dañar las cuentas de la matriz de Vivanta.

El denunciante señala que grupo Vera estaba compuesta por tres sociedades y una de ellas, que ni siquiera tuvo actividad en el año 2016 y 2017, estaba en causa de disolución porque tenía patrimonio neto negativo.

Además, el demandante también señala en su querella la “negligencia” en la compra de Grupo Vera por desatender las recomendaciones de PwC: ligar el precio de compra a un futuro resultado de explotación (ebitda) de la compañía adquirida, ya que los datos de los balances actuales presentaban “limitaciones e inconsistencias contables”.

“PwC manifestaba que no reconocía como fiables las cifras de beneficios y de ebitda que se estaban manejando”, afirman en su escrito los representantes legales del socio minoritario.

Así, todavía quedan meses por delante y otras causas por esclarecer, así como las propias iniciativas judiciales que el propio fondo de capital riesgo interponga. Fuentes cercanas indican que una querella ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.