Los afectados por las primas renovables redoblan su ofensiva judicial: rastrean los bienes de España en EE.UU. para su embargo
Tras las primeras solicitudes de información y documentación, el país deberá detallar sus bienes, cuentas, contratos y activos emplazados en Estados Unidos
Energías renovables. Foto: Europa Press.
Comentarios
Las empresas afectadas por los impagos de las energías renovables han presentado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia las primeras solicitudes formales de información y documentación para obligar al Gobierno de España a revelar información sobre varias entidades vinculadas al Estado.
El movimiento se enmarca en el procedimiento para ejecutar los laudos arbitrales que condenan al país a abonar una compensación a las compañías que sufrieron la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a la inversión en energías limpias.
Información sobre la SEPI, Renfe o Paradores
En el escrito que ha registrado el despacho King & Spalding LLP, han dado a España un plazo máximo de 30 días para detallar sus bienes, cuentas, contratos y activos emplazados en Estados Unidos, si bien también deberá aportar información sobre las entidades públicas o privadas que tienen vinculación con el país a través de su accionariado.
Con el objetivo de conocer si actúan como «alter ego» de España y sus activos pueden ser embargados, las empresas afectadas han reclamado información sobre un conjunto de entidades estatales, desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta Renfe, Paradores, Instituto Cervantes, Enaire o Ineco.
Obligación de información
Cabe destacar que la justicia estadounidense contempla la obligación de información cuando se detectan situaciones de impago e incumplimiento de sentencias, por lo que España deberá aportar documentación sobre cuentas bancarias, activos, propiedades, deudas y préstamos, contratos internacionales y transferencias financieras.
La solicitud de información se enmarca en el procedimiento de registro y reconocimiento judicial de las deudas existentes por parte de los tribunales estadounidenses y constituye una etapa ordinaria en los procesos de ejecución internacional de laudos en que, tras una sentencia favorable, se constata un escenario de incumplimiento por parte del deudor.
A través de la nueva línea de actuación basada en el rastreo e identificación formal de bienes y activos de España en suelo estadounidense, las empresas afectadas avanzan en la fase final para hacer efectivo el pago de las cantidades reconocidas a su favor por tribunales arbitrales internacionales.
Cascada de fallos judiciales contra España
El procedimiento, que se está desarrollando conforme a las reglas federales de procedimiento civil de Estados Unidos, se suma a los siete fallos que ha acumulado España en las últimas semanas y cuyo valor supera los 688 millones de euros.
Hace tan solo una semana, la Corte de Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral que obliga al país presidido por Pedro Sánchez a desembolsar 44 millones de euros a 9Ren Holding.
La firma luxemburguesa había invertido 211 millones de euros en ocho plantas de energía solar fotovoltaica antes de que España eliminara retroactivamente las primas e incentivos que motivaron esas inversiones.
Al fallo judicial se le debe añadir el de empresas como Cube, con un importe de 40,2 millones de euros; Watkins, 79,5 millones; Infrastructure Services/Antin, 125,1millones; RREEF, 74 millones; InfraRed, 35 millones; o NextEra, 290,6 millones.
La deuda contraída por los litigios relacionados con el recorte retroactivo a las primas energías renovables asciende a 2.180 millones de euros, una cantidad que incluye cerca de 1.755 millones de euros en indemnizaciones pendientes de pago y 416,4 millones ligados a intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.
