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Santa Bárbara recurre los 3.000 millones a Indra y EM&E para «proteger la tecnología española»
A mediados de este año el presidente de Indra reveló que había tratado de adquirir Santa Bárbara Sistemas, y cargó contra la gestión que la multinacional estadounidense había hecho de su filial española
Rehabilitación de uno de los tanques Leopard en la planta de Santa Bárbara Sistemas. A 23 de marzo de 2023, en Sevilla. María José López / Europa Press
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Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los tres grandes contratistas del Ejército de Tierra, Santa Bárbara Sistemas, filial española del gigante estadounidense General Dinamycs, Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Santa Bárbara Sistemas ha recurrido ante el Tribunal Supremo la adjudicación de contratos por importe de 3.000 millones de euros a Indra y la empresa de los hermanos Ángel y Javier Escribano «para proteger la tecnología española«, aseguran fuentes de la compañía consultadas por este diario.
La compañía requiere que se suspenda cautelarmente la concesión de créditos por importe de 3.000 millones de euros a la unión temporal de empresas constituida por Indra y EM&E, para financiar los programas de compra de nuevos obuses de cadenas y ruedas, adjudicado en diciembre por el Ministerio de Defensa.
«El objetivo es proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de Defensa en España«, señalan las fuentes de Santa Bárbara.
Las mismas fuentes aseguran que siguen «en conversaciones con todo el ecosistema de la industria de defensa para cumplir con los objetivos del Gobierno de España en los Programas Especiales de Modernización y de autonomía estratégica de la UE».
El Gobierno aprobó en octubre un Real Decreto que regula la concesión directa de préstamos para «el desarrollo industrial de programas especiales de modernización». En particular los que han sido objeto del recurso de Santa Bárbara Sistemas, uno de 1.181 millones de euros (ATP Ruedas) y otro de 1.821 millones (ATP Cadenas).
Ángel Escribano, presidente de Indra, sostiene que Santa Bárbara debería estar en manos españolas
Santa Bárbara Sistemas elaboró tras la publicación de ese Real Decreto un documento que recogía «16 razones» para confiar en el programa de la empresa.
En ese documento aseguraba que era la única «compañía española que dispone ya de las soluciones necesarias, la experiencia y las capacidades actuales inmediatas para desarrollarlas con la máxima celeridad y garantía».
Y añadía que tenía la voluntad «de potenciar la industria de defensa española y su cadena de suministro, así como garantizar que estos dos proyectos se desarrollen principalmente en fábricas españolas, con suministradores españoles y con mano de obra española«.
Además, destacaba que su propuesta era la única «basada en un modelo de cooperación» que incluía a «todos sus socios en España, Sapa, EM&E e Indra«.
Santa Bárbara, Indra y EM&E
El recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas ante el Tribunal Supremo es un paso más en el profundo distanciamiento existente entre la filial de General Dynamics y la primera compañía española de defensa presidida por Ángel Escribano.
A mediados de este año el presidente de Indra reveló que había tratado de adquirir Santa Bárbara Sistemas, y cargó contra la gestión que la multinacional estadounidense había hecho de su filial española.
Lo hizo en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, el pasado 13 de marzo.
«La idea de integración de Santa Bárbara es total. Nosotros pretendemos integrarla totalmente en la cadena de valor española, porque además no afecta a nada», dijo Ángel Escribano.
«Desde luego, no seré yo quien pueda enjuiciar por qué se vendió o no, yo era suficientemente joven en aquella época para no tener que saber la razón, pero está claro que es un gran anhelo de nuestro Ministerio, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército de Tierra, poder tener una fábrica nacional», manifestó, en referencia a la privatización acordada por el Gobierno de José María Aznar de Santa Bárbara, que fue adjudicada en el año 2000 a General Dynamics.
Aunque ante los diputados dijo que no iba a «hacer ninguna crítica a General Dynamics», sus declaraciones fueron muy duras contra el grupo estadounidense.
«No ha habido inversión, no ha crecido, más bien ha destruido casi todo el tejido industrial que tuvo la que fue en su día la gran empresa Santa Bárbara«, lamentó. «Por ese motivo, desde Indra se lanzó una opción para comprar las capacidades y pagar por el uso de ellas», añadió.
«Este país se merece tener esas tecnologías, porque además son nuestras«, afirmó.
La tecnología del blindado de cadenas Pizarro «es una tecnología que los españoles hemos pagado con nuestro dinero y con nuestros impuestos a lo largo de los últimos veinte o veinticinco años, y esa tecnología es propiedad de los españoles, no de nadie en particular, y creo que tiene todo el sentido que eso vuelva a estar en nuestras manos«.
Rencillas millonarias
Las rencillas millonarias entre Santa Barbára, Indra, Sapa y EM&E amenazan con fracturar la industria española de Defensa, frente al deseo del Gobierno de Pedro Sánchez de conformar un ‘campeón español’ del sector a golpe de fusiones, propósito en el que también converge el PP.
El distanciamiento entre Indra y Santa Bárbara se produce en pleno proceso de fusión de Indra con EM&E, presidida por Javier Escribano, una operación apoyada por la Sepi, a pesar del evidente conflicto de interés que plantea.
El consejero delegado de SAPA, Jokin Aperribay, y Pedro Sánchez, el pasado 3 de noviembre. | Pool Moncloa/Fernando Calvo.
El único accionista relevante de Indra que habría mostrado reticencias ante la operación es el grupo vasco Sapa, de la familia Aperribay.
El pasado año Sapa reforzó su relación con General Dynamics asegurándose grandes contratos en Estados Unidos hasta 2030. Una relación que ha llamado la atención de Moncloa, y que impulsó un encuentro celebrado en noviembre entre Ibon y Jokin Aperribay y Pedro Sánchez.
Las compañías en liza participan en el consorcio Tess Defence, liderado por Indra e integrado también por Santa Bárbara, Sapa y EM&E, con el contrato para la fabricación de 348 vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8X8 Dragón del Ministerio de Defensa, de más de 1.200 millones de euros.
