Los sindicatos no se conforman y piden aún más mejoras para el convenio de seguridad privada

La negociación del Convenio Estatal de Seguridad Privada en España atraviesa un momento crítico, con los sindicatos rechazando una vez más la propuesta empresarial por considerarla insuficiente para garantizar mejoras reales en las condiciones del sector. 

El pulso entre las patronales y los representantes sindicales pone de manifiesto la distancia existente en temas clave como los salarios, la jornada laboral, la regulación de nuevos perfiles profesionales y la cobertura social, según avanzó “Escudo Digital”.

En la última reunión celebrada el 7 de noviembre, las patronales –APROSER, ASECOPS y FES– plantearon una batería de modificaciones que, según ellas, buscan equilibrar sostenibilidad empresarial y derechos laborales, aunque los sindicatos han calificado la oferta como notablemente insuficiente.

Entre las demandas del sector sindical destacan la reducción de jornada, un incremento salarial acorde al IPC y la regulación de perfiles tecnológicos que actualmente operan sin cobertura.

Las críticas se centran especialmente en la ausencia de avances en cuestiones como el personal de cámara, vigilancia de explosivos, vigilancia discontinua y en la negativa a mejorar aspectos que consideran esenciales, como los pluses, vacaciones y descansos.

Para FeSMC-UGT, el planteamiento de las empresas no aborda los problemas estructurales del sector y reincide en elementos que podrían suponer retrocesos en derechos.

Critican, además, que las propuestas se enfoquen más en reducir costes que en adaptar las condiciones laborales a la realidad de los trabajadores. CCOO del Hábitat, por su parte, rechaza cualquier reducción de derechos en incapacidad temporal, pide mejorar la cobertura, y denuncia que los cambios propuestos en el transporte de fondos, vacaciones o turnos convierten las supuestas mejoras en promesas vacías.

Seguridad privada: problemas estructurales

FTSP-USO coincide en el diagnóstico y reclama una estrategia preventiva en salud laboral, criticando la propuesta de modificar porcentajes de cobertura de incapacidad temporal sin abordar de fondo la protección de los trabajadores.

También considera insuficiente el aumento salarial ofrecido y alerta de que los problemas de la negociación siguen sin resolverse, especialmente cuando el índice de precios al consumidor supera con creces cualquier ajuste planteado por las empresas.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncia que las propuestas empresariales suponen retrocesos y exige un convenio digno, equilibrado y adaptado a la realidad actual.

Entre sus reclamaciones están la recuperación del poder adquisitivo con aumentos de hasta el 8% anual, una reducción de la jornada a 35 horas semanales y la mejora en los pluses y permisos retribuidos.

Todos los sindicatos critican que los cambios sugeridos en temas críticos como cuadrantes, descansos y pluses no ofrecen soluciones de fondo y perpetúan la conflictividad judicial y social.

ELA, el sindicato vasco, coincide en la insuficiencia de la propuesta y reivindica una mesa específica en Euskadi y Navarra, denunciando que la mayoría de medidas planteadas no tienen repercusión económica real y apenas mejoran el redactado del convenio.

Cotizaciones incorrectas y sanciones

Más allá de la negociación del convenio, la Inspección de Trabajo ha constatado irregularidades graves en las cotizaciones de empresas del sector. Destaca la sanción impuesta a Loomis Spain por cotizaciones incorrectas de horas festivas y descansos no compensados, tras una denuncia de Alternativa Sindical. Esta resolución afecta a 17 provincias y obliga a la empresa a regularizar la situación de sus empleados.

Los inspectores verificaron que Loomis no estaba abonando el incremento legal del 75% en horas extras y que no compensaba los descansos conforme marca la legislación. La infracotización se traduce en pérdida de derechos para cientos de trabajadores del sector y subraya la necesidad de un marco normativo más robusto, con mecanismos de control efectivos y sanciones que verdaderamente disuadan estas prácticas.

La problemática añade tensión a un sector que ya reclama mejoras sustanciales para dignificar la labor de más de 80.000 profesionales en España