El Gobierno maquina un sistema para sacar las cláusulas suelo de los juzgados

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Ante el temor de un colapso en los tribunales, el Ejecutivo quiere que bancos y afectados lleguen a acuerdos extrajudiciales

Afectados por la claúsula suelo durante una concentración en Madrid, en una imagen de archivo. EFE/Zipi

A Coruña, 09 de enero de 2017 (14:48 CET)

No son las preferentes, pero casi. El Gobierno ha anunciado la creación de un sistema de resolución de conflictos que permita a bancos y clientes afectados por las cláusulas suelo llegar a un acuerdo sin necesidad de pasar por los juzgados. Idea este sistema de mediación por el temor a que las demandas colapsen la justicia.

Así lo expresó este lunes Rafael Catalá, quien reconoció que están trabajando para articular el mecanismo extrajudicial idóneo que evite el colapso de los tribunales. "Vamos a trabajar para encontrar una alternativa extrajudicial porque me consta que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación y me consta también que las entidades financieras quieren resolver este asunto de manera rápida, ágil y sin necesidad de dilatar los tiempos en un proceso judicial", apuntó el ministro de Justicia.

Un millón de perjudicados

En el caso de la estafa de las preferentes, fueron los arbitrajes los que permitieron desatascar miles de procesos. En el de las cláusulas suelo, se estima que son cerca de un millón de ciudadanos los que podrían reclamar a la banca la devolución de cantidades injustamente pagadas, después de que el tribunal europeo enmendara al Supremo español y aplicara la anulación con carácter retroactivo de las cláusulas de las hipotecas.

"Vamos a intentar desjudicializar el conflicto", zanjó Catalá, que no aclaró más sobre el mecanismo. En cualquier caso, los perjudicados siempre conservarán el derecho de acudir a los tribunales.

Impacto de 4.000 millones

El Tribunal de Justicia de la UE falló el pasado mes de diciembre a favor de los perjudicados por las cláusulas suelo obligando a los bancos a devolver todo lo percibido no únicamente a partir de mayo de 2013, como pretendía el Supremo, sino desde la firma de la hipoteca.

Según los cálculos del Banco de España, el impacto que esta sentencia tendrá en los bancos que se puedan ver afectados excederá por poco los 4.000 millones de euros.
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