El Gobierno quiere abolir las licencias para abrir un comercio

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LIBERALIZACIÓN

Luis de Guindos en el Ministerio

05 de marzo de 2012 (23:40 CET)

El Gobierno se apresta a liberalizar el pequeño comercio y para ello prepara una nueva normativa que persigue eliminar los trámites de apertura de establecimientos. Se trata de poner en marcha la llamada autolicencia exprés en comercios pequeños con la que se pretende eliminar el trámite actual para obtener el permiso de apertura. El visto bueno se facilitaría en un solo día.

La norma está en fase de consulta y su objetivo es que sea aprobada en junio. Choca sin embargo con las competencias autonómicas y municipales sobre la materia por lo que no será fácil articular legalmente la medida.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, señalaba precisamente este lunes como uno de los ejes prioritarios de trabajo de su departamento, una vez aprobada la reforma laboral y la financiera, la liberalización del comercio. El Gobierno considera este tema clave para conseguir que vuelva el crecimiento a la economía.

Requisitos para una licencia exprés

Su objetivo es dinamizar el sector suprimiendo las licencias municipales de apertura del pequeño comercio, empezando por los locales de hasta 300 metros de superficie que sean propiedad de una pyme y para cierto tipo de actividades que no requieran de avales de otro tipo, como los sanitarios. El Ejecutivo elabora un listado de actividades que podrán acogerse a este auto permiso y analiza la posibilidad de ampliar progresivamente las actividades que puedan regularse por este sistema, según fuentes del Ministerio de Economía.

Actualmente, los plazos medios en España para obtener una licencia municipal oscilan entre tres meses y un año y medio. Lo que pretende la reforma del Ejecutivo es que con un informe técnico que confirme que la empresa cumple con los requisitos necesarios y con una declaración de que se van a liquidar las tasas correspondientes a posteriori, un comercio pueda abrir en un día. Además, la norma quiere tener ámbito estatal.

El Gobierno también estudia una mayor liberalización de horarios comerciales pero en este punto tropieza con la oposición frontal de los comerciantes.

La patronal estatal, la Confederación Nacional del Comercio, respalda por completo la autolicencia, porque cree que servirá para dinamizar el sector. Se opone sin embargo a esa eventual liberalización de los horarios de los grandes comercios y cree que finalmente no entrará en la agenda del Gobierno, según el presidente de esa asociación, Manuel García-Izquierdo. Su aplicación provocaría el traslado del negocio del pequeño comercio hacia las grandes superficies, a juicio de esta asociación.

Un brindis al sol

La Confederación de Comercio de Catalunya, por su parte, se opone frontalmente a la futura norma que tilda de brindis al sol. “El ejecutivo central no tiene competencias para regular estas materias y no puede hacer una ley al respecto”, afirma Miguel Ángel Fraile, secretario general de la organización. Los comerciantes catalanes consideran que la autolicencia ya existe en muchos consistorios de la comunidad y se oponen de plano a una libertad generalizada de horarios, que también puede implantarse ahora mismo si existiera voluntad de una comunidad autónoma determinada y consenso entre los agentes implicados, matizan.

“De Guindos se va a encontrar con la oposición del comercio a estas medidas. Lo que debe hacer es intentar mejorar otros aspectos que castigan al sector, como la falsificación, la publicidad engañosa, la competencia desleal y los plazos de pago que imponen las grandes superficies”, añade Fraile.

El Gobierno parece haber descartado sin embargo el modelo liberalizador que quiere desarrollar la Comunidad de Madrid, que aboga por dar libertad total de apertura al gran comercio. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en las reuniones de consulta que ha mantenido con el sector ha constatado la general oposición de los comerciantes de casi todas las comunidades a esa opción.

Los comerciantes valencianos respaldan también la eliminación de trámites para abrir pequeños comercios pero comparten la oposición a una eventual liberalización de los horarios comerciales de las grandes superficies.
Actualmente en Valencia el comercio tiene pactada un horario semanal máximo de 90 horas de lunes a sábados de obligado cumplimiento para los locales de más de 150 metros cuadrados de superficie.

Los de menos pueden abrir libremente pero dada la estructura de demanda de la comunidad no lo hacen. “La liberalización total no es una necesidad social de los valencianos y provocaría el desplazamiento de los hábitos de compra a los domingos pero no haría crecer el mercado. El resultado sería la pérdida de tejido comercial en las ciudades”, según explica Isabel Cosme, presidenta de la Confederación de Comercio Valenciana.
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