El ‘pensionazo’ de Pagès se investigará en Madrid

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CAIXA PENEDÈS

Ricard Pages, ex presidente de Caixa Penedès

21 de junio de 2012 (21:39 CET)

El Fiscal General del Estado, a través de la oficina de delitos económicos, coordinará la investigación sobre el pensionazo de Ricard Pagès y otros tres ex directivos de Caixa Penedès.

Hasta ahora, las pesquisas estaban bajo la tutela de la Fiscalía Superior de Catalunya que continuará, de todos modos, vinculada al proceso. En Barcelona se analiza la ingente documentación acumulada sobre la indemnización dudosa, presuntamente autoasignada a espaldas del consejo de la caja, y que asciende a 20 millones, como mínimo. Pero será en Madrid donde se decidirá si hay o no presunto delito y, por lo tanto, si se encausa a Pagès y a los suyos.

El caso del pensionazo ha terminado en la capital española debido al fuerte apego territorial de los implicados, explican fuentes jurídicas próximas a la investigación. Pero además, la magnitud de los posibles delitos también ha sido argumento suficiente como para que el jefe de los fiscales anticorrupción escudriñe el caso al consensuar con Barcelona que es competente.

Posible responsabilidad penal

El órgano judicial catalán decidió actuar de oficio al conocer por los medios de comunicación el alcance del caso. Al avanzar la investigación, se ha creído necesario dar este paso. Hay indicios suficientes que justifican la acción y no se descarta que se sustancie la acusación formal. La “investigación pretende aclarar una posible responsabilidad penal”, aseguran a Economía Digital.

De hecho, los fiscales todavía piden documentación a los antiguos directivos de la caja catalana, hoy por hoy accionista de Banco Mare Nostrum.

La caja fue quién denunció a sus ex altos cargos. El consejo de administración de Penedès comprobó que Pagès y el ex director general, Manel Troyano, se habían garantizado unos complementos de pensiones, que junto a otros tres altos ejecutivos de la entidad, totalizaban más 20 millones de euros.

Caixa Penedès ha recibido ayudas públicas por valor de 916 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
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