La fiscalía de Catalunya investigará 'el pensionazo' de Penedès

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Los cuatro ex directivos de la caja catalana deberán dar explicaciones al fiscal sobre la asignación de 20 millones de euros en planes de pensiones. La investigación pretende aclarar la 'responsabilidad penal'

Ricard Pages, ex presidente de Caixa Penedès

25 de noviembre de 2011 (12:49 CET)

La fiscalía superior de Catalunya investigará la legalidad del pensionazo de Caixa Penedès. La decisión se ha tomado pocas horas después de que el consejo de administración de la entidad decidiera el cese fulminante de su presidente, Ricard Pagès, y de su director general, Manuel Troyano, salpicados por el caso.

El consejo de administración de Penedès, integrada en Banco Mare Nostrum, comprobó que ambos se habían asignado unos complementos de pensiones, que junto a otros dos altos ejecutivos de la entidad, totalizaban 20 millones de euros. Caixa Penedès ha recibido ayudas públicas por valor de 916 millones de euros a través del Fondo de Reestructaración Ordenada Bancaria (Frob).

El órgano judicial ha decidido actuar de oficio al conocer por los medios de comunicación el alcance del caso. Fuentes consultadas por Economía Digital creen que hay indicios suficientes que justifican la acción y no descartan que se sustancie la acusación formal. La “investigación pretende aclarar una posible responsabilidad penal”, aseguran.

Cese fulminante

En un comunicado difundido al finalizar la reunión del órgano de gobierno de la entidad, sus consejeros han sido categóricos con las razones que les han llevado a solicitar la dimisión de ambos ejecutivos: “El consejo de administración manifiesta su desaprobación al contenido, método de instrumentación, falta de transparencia, excepcionalidad y desproporción de los paquetes de carácter remuneratorio y de previsión social de cuatro altos cargos directivos que están o han estado vinculados a la entidad hasta fechas muy recientes”.

Prueba de la impunidad con la que los altos cargos adoptaban las decisiones relativas a sus remuneraciones es la carga de profundidad que el propio órgano de gobierno lanza contra ellos y la sorpresa que demuestra al señalar que “no ha contado en ningún momento de su mandato, hasta la sesión de hoy, con información suficiente, veraz y detallada de estas remuneraciones y prestaciones”.

Los beneficiarios de estas remuneraciones, hasta totalizar los 20 millones de euros, son los dos dimisionarios y otros dos ex altos cargos de la entidad.

Presidencia provisional

La presidencia de Caixa Penedès ha sido asumida de forma provisional por el vicepresidente, Albert Vancells Noguer, a su vez vicepresidente de la Cámara de Comercio de Palamós. De hecho, la actividad financiera de la caja ha sido trasladada al banco del que forma parte. La caja, con su fisonomía jurídica tradicional, sólo administra la obra social en la actualidad.

Aunque sin indicar qué métodos adoptará y si eso resultará finalmente posible, el consejo de administración de Penedès anuncia que estudiará “la manera de corregir esta situación” aplicando las medidas más “favorables para los intereses sociales” y protegiendo la reputación de una entidad “de enorme tradición y profundo arraigo social, vinculación y compromiso con su territorio”.

Joan Caellas, director general que sustituyó a Pagès en el cargo cuando el pasado 31 de mayo este pasó a la presidencia y que fue destituido a principios de agosto por el entonces presidente, y Jaume Jorba, ex director de recursos humanos, fueron los otros dos perceptores del plan de pensiones que ha dado lugar al escándalo.
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