Caamaño y Ramón García, grandes proveedores de Amancio Ortega, superan múltiples demandas para regularizar sus plantas
José Caamaño, que vendió la mayoría accionarial del grupo, llegó a declarar ante el juez por la planta de Culleredo antes de la regularización de la Xunta, mientras que la realizada por Grupo Ramón García, carpintero de Inditex, acaba de ser avalada por el TSXG
Naves de Kimak en A Coruña, la antigua Caamaño, histórica proveedora de Inditex. Foto: Kimak
Grupo Caamaño y Grupo Ramón García tienen más en común que su condición de consolidados proveedores de Inditex. Ambas compañías han tenido que pasar por los juzgados en el proceso de regularización urbanísticas de sus plantas al encajar diversas demandas por la posible situación de ilegalidad de las instalaciones. En el caso del carpintero de Amancio Ortega, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar la reordenación parcial acometida por el Concello de Mesía en el lugar de O Campo, que da cobertura a las naves de la empresa especializada en mobiliario y carpintería, como explicó este medio.
José Caamaño Louro, por su parte, llegó a declarar ante el juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña tras una denuncia del Seprona por la “la edificación en suelo no urbanizable de protección de aguas, careciendo de las licencias urbanísticas que amparen su legalidad”. Las instalaciones de Alvedro, que desde 2019 forman parte del grupo vasco Kider, fueron objeto de un proceso de legalización y ampliación por parte de la Xunta en 2021.
Tanto Ramón García como Kimak forman parte de un grupo de proveedores que crecieron al abrigo de la expansión de las tiendas de la multinacional textil, convirtiéndose en empresas internacionales y llegando a otras grandes compañías por su solvencia técnica. Entre ambas forman una cartera de clientes que incluye a Telefónica, Abanca, Mango, Desigual, Bimba y Lola, BBVA, Paradores o Sociedad Textil Lonia, además de todas las cadenas de Inditex.
El carpintero de Amancio Ortega
Con plantas en Ordes y Mesía y cerca de 400 trabajadores, Grupo Ramón García es uno de los carpinteros de Inditex, junto a Cándido Hermida. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de desestimar una demanda de un particular que pedía el cese de actividad en las naves de la localidad notal de Ramón García Francos, fallecido en 2021, y María Gómez Mosquera, los fundadores.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso avala la validez al Instrumento de Ordenación Provisional probado por el Concello en 2020 para regularizar unas naves que se quedaron sin cobertura urbanística tras la anulación del PXOM del municipio por parte del TSXG y sobre las que llegó a pesar una orden de derribo dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña.
Los magistrados entienden que la situación de ilegalidad quedó subsanada «por la aprobación de un nuevo planeamiento y licencia de legalización en razón justamente de la licencia de legalización otorgada en fecha de 19 de junio de 2025 y la comunicación previa de inicio de actividad», presentada el 25 de ese mismo mes.
Los litigios de Caamaño
Caamaño también afrontó diversos procesos judiciales, incluidas las querellas presentadas por las sociedades Valcor Invest SA y Valmar Construcciones y Desarrollos SL que implicaron a directivos de Goa Invest, la promotora de Inditex. Pero aquello nada tenía que ver con la legalidad del cuartel general de Culleredo, que atravesó otros dos procedimientos. Primero, por una denuncia del Seprona al entender que las naves se encontraban en suelo no urbanizable y que fue investigada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña.
Para subsanar la situación de irregularidad, Caamaño tramitó ante la Xunta un plan de ampliación y regularización que fue aprobado por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais del Gobierno gallego en el año 2021. Con esa cobertura continuó operando con la solvencia habitual Kimak. Posteriormente, un antiguo socio de Caamaño también recurrió el proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno gallego, sin conseguir la anulación por parte de los tribunales.