El Supremo ordena revisar el ERE en la antigua Fábrica de Armas

El expediente de regulación de Santa Bárbara supuso la salida de 600 personas de la empresa en cinco fábricas, entre ellas la de A Coruña

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha ordenado revisar el proceso sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Santa Bárbara, en el que salieron casi 600 personas de la empresa, para escuchar los argumentos de los sindicatos, a los que no se había concedido legitimidad.

En concreto, el Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó la legitimidad como parte de los sindicatos y dejó imprejuzgadas tanto sus alegaciones como sus pretensiones. De esta forma, ordena reponer las actuaciones para que se dicte nueva sentencia en la que se tome en cuenta a los sindicatos.

Recurso de casación

El Pleno del Alto Tribunal entiende que los sindicatos personados tenían la condición de interesados y la legitimación para ser parte en el proceso y, por tanto, para interponer un recurso de casación ante el propio Tribunal Supremo. En todo caso, advierte de que no entra en el resto de las cuestiones suscitadas y se limita a estimar los recursos de UGT, CCOO y de CGT.

En febrero de 2013, Santa Bárbara inició un ERE en sus plantas de A Coruña, Granada, Trubia (Oviedo), Sevilla y Madrid, que se cerró sin acuerdo con los sindicatos y con el objetivo de realizar 600 extinciones de empleo, que luego quedaron reducidas a 593, de las que 495 fueron voluntarias.

Los sindicatos CIG, CGT y el Comité de Empresa del centro de A Coruña interpusieron demanda ante la Audiencia Nacional, en la que el primer de ellos reclamaba el emplazamiento como interesados de UGT, CCOO y CSIF.

La opinión de los sindicatos

En su sentencia, la Audiencia Nacional negó la legitimación de UGT, CSIF y CCOO, al considerar que son solo interesados, pero no tienen la condición de parte, al no haber formulado petición de condena, a la vez que declara ajustada a derecho la extinción.

Esta decisión de la Audiencia fue recurrida en casación tanto por CGT, CIG y el Comité de empresa de A Coruña como por dos de los sindicatos cuya legitimación había sido denegada, que son UGT y CCOO. Es sobre este asunto sobre el que acaba de pronunciarse el Supremo.

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