Iberdrola espera zanjar en abril un cruce de demandas de 90 millones en su mayor proyecto hidroeléctrico
Acciona, Mota Engil y Edivisa reclamaron a la eléctrica 27,1 millones por la rescisión del contrato para la construcción de de la presa y central hidroeléctrica Alto Támega, en Portugal, uno de los mayores proyectos europeos de esta tecnología; Iberdrola replicó con una reclamación de 62,4 millones
Ignacio Sánchez Galán y el presidente portugués, António Costa en la inauguración de la gigabatería hidroeléctrica del Támega / Iberdrola
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Iberdrola alumbró en Portugal uno de los mayores proyectos hidroeléctricos construidos en Europa. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán diseñó un complejo de tres centrales sobre sobre el río Tâmega, un afluente del Duero que discurre cerca de Oporto. Las instalaciones suman una potencia de 1.158 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 40 millones de kWh, equivalente a la energía que consumen 11 millones de personas. La eléctrica reservó para la gigabatería del Tâmega, inaugurada en 2022, 1.500 millones de euros, superando la inversión que destinó al complejo valenciano Cortes-La Muela, la mayor hidroeléctrica de bombeo de Europa, a la que destinó 1.200 millones.
Las instalaciones lusas, que contaron con la complicidad del Gobierno de António Costa en un momento de tensión entre Sánchez Galán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, nacieron, sin embargo, con un pecado original. Iberdrola arrastra un conflicto con una UTE contratista participada por Acciona y controlada por las empresas portuguesas Mota Engil y Edivisa. El consorcio se encargaba de las obras de la presa y central hidroeléctrica Alto Tâmega, que junto a las de Gouvães (bombeo) y Daivões (convencional) conforman el complejo. Los problemas en el desarrollo de la infraestructura generaron fuertes discrepancias entre Iberdrola y la alianza, hasta el punto de que la eléctrica rescindió el contrato y desencadenó un conflicto que todavía está pendiente de resolución.
Laudo arbitral en abril
Todo apunta a que no se prolongará mucho más. Iberdrola, en el informe anual correspondiente al ejercicio de 2023 publicado esta semana, avanza que el laudo arbitral para zanjar la disputa se espera para el mes de abril. Previamente se han celebrado las vistas sobre la reclamación de las constructoras y la reconvención presentada por la eléctrica. Mota, Edivisa y Acciona exigen 27,1 millones, al no considerarse responsables de los sobrecostes de la obra, que sufrió diversos contratiempos, entre ellos un derrumbamiento, que obligaron a paralizar los trabajos. Iberdrola, según explica en su memoria, reconvino por un importe de 62,4 millones, lo que eleva a casi 90 millones la batalla arbitral.
La compañía española señala también que ha procedido a ejecutar los avales del contrato, habiendo ingresado 8 millones de euros en concepto de sanciones, cuya devolución reclaman de forma adicional las contratistas, y otros 5 millones en concepto de cantidades anticipadas. Este último importe está incluido en la contrarreclamación de la eléctrica.
Las desavenencias
El arbitraje trata de dirimir de quién es la responsabilidad de los retrasos y sobrecostes generados en el proyecto, con el agravante de que, si no fue a causa de las constructoras, Iberdrola habría rescindido irregularmente el contrato y debería resarcirlas. Ese es el mejor escenario que manejan las empresas del consorcio. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán lo deja claro en su memoria de ejercicio: «Consideran que no son responsables de los retrasos que se han ido produciendo y que Iberdrola no tiene, en consecuencia, derecho a imponerles ninguna de las penalizaciones previstas contractualmente. Asimismo, consideran que debe considerarse ilícita, por falta de fundamento, la terminación del contrato de obra y reclaman los perjuicios derivados de dicha terminación».
