Las constructoras sancionadas por cártel ‘pescan’ contratos millonarios en Galicia

El Ayuntamiento de Vigo adjudica el contrato de gestión de residuos y limpieza viaria de 403 millones a FCC, una de las empresas multadas por Competencia como Sacyr, que es la principal candidata al contrato de 140 millones del puerto exterior de A Coruña

Abel Caballero, alcalde de Vigo, presenta el nuevo contenedor orgánico de la ciudad

Abel Caballero, alcalde de Vigo, presenta el nuevo contenedor orgánico de la ciudad

Hace menos de un año que algunas de las mayores contratistas de obra pública de España fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar cártel para amañar licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018. La investigación sobre la presunta concertación de ofertas para los concursos de conservación y explotación de carreteras derivó en una multa de 61 millones para 12 empresas, entre las que están filiales de Sacyr, ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, OHL o Elecnor.

Este expediente fue el primero de los dos golpes que el superregulador asestó a los grandes contratistas del Estado el año pasado, pues meses después también impondría una multa de 127,8 millones a algunas de las principales adjudicatarias de Adif en el despliegue del AVE, media distancia y cercanías. Como era de esperar dada la entidad de los grupos afectados, los actores que formaban parte del presunto cártel continúan ganando grandes contratos públicos. En Galicia, con especial intensidad en la última semana.

Entre Vigo y A Coruña

FCC encajó una sanción de 8,5 millones como responsable subsidiaria de una de sus filiales, Matinsa, que formaba parte del cártel, según las pesquisas de la CNMC. El grupo se acaba de adjudicar a través de FCC Medio Ambiente un contrato de 403 millones del Concello de Vigo para la limpieza viaria y recogida de residuos durante nueve años. La adjudicación, la más relevante en cuanto importe en lo que va de año en Galicia, es resultado de unificar los contratos de recogida de residuos, reciclaje y limpieza viaria y de playas en una misma licitación con el objetivo de lograr sinergias entre los servicios e impulsar el reciclaje. El nuevo modelo conllevará la implantación de un nuevo contenedor marrón para los residuos orgánicos y un incremento de la dotación de los depósitos para ropa, aceite usado, papel o vidrio. La concesionaria, por su parte tendrá que invertir unos 15 millones para la renovación de la flota de vehículos.

Esta semana también se hicieron públicas las puntuaciones de los aspirantes a construir el enlace ferroviario con el puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira, una obra presupuestada en casi 140 millones. La mejor colocada para llevarse el contrato de Adif es Sacyr, multada con 5,2 millones por la presunta participación de Sacyr Conservación en el cártel de carreteras. En este caso, la UTE que formó con Taboada y Ramos para la conexión ferroviaria obtuvo la mayor puntuación técnica, superando por más de tres puntos a Ferrovial, otro de los grupos sancionados por la CNMC.

La prohibición de contratar

Las sanciones de Competencia conllevaban también la activación del mecanismo para prohibir a las empresas acceder a la contratación de obra pública, una medida que requiere el pronunciamiento de la Junta de Contratación del Estado para determinar el alcance del veto. La entidad que preside Cani Fernández traslada la solicitud y es la Junta quien decide si afecta a la filial o al grupo y por cuanto tiempo.

Sin embargo, la dinámica más habitual es que esta prohibición quedé suspendida en los tribunales, al igual que las multas, una vez que las contratistas presentan un recurso. Es lo que sucedió con el cártel de las carreteras: los tribunales congelan la ejecución de las sanciones hasta que no se resuelven las alegaciones de las empresas. Y en este terreno, el judicial, Competencia tiene amplia experiencia en perder batallas. Las multas de casi 100 millones al cártel de la basura, con FCC y Sacyr también sancionadas, quedaron en nada. El Supremo tumbó en 2019 una sanción de 120 millones a Telefónica, Orange y Vodafone.