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Ferroglobe activa la maquinaria para su regreso a Venezuela. La compañía que preside Javier López Madrid ha reconocido ante los inversores que ha comenzado los trámites para devolver a la actividad a su planta de Puerto Ordaz (ubicada en el este del país) tras nueve años de parón.

«A finales de junio, solicitamos un permiso al Gobierno de Estados Unidos para iniciar las comunicaciones con el Gobierno de Venezuela y esperamos recibir una decisión antes de que finalice el tercer trimestre», ha explicado el CEO de la multinacional, Marco Levi, durante la última conference call.

La matriz de Ferroatlántica ha dado este paso tras la caída del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue capturado por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos en Fuerte Tiuna a comienzos del mes de enero. Con Delcy Rodríguez instalada desde entonces en el Palacio de Miraflores, el engranaje de sanciones de Estados Unidos a empresas que operan en Venezuela se ha relajado, pero no desaparecido.

Es por ello que Ferroglobe ha optado por un diálogo previo con la Administración Trump con el objetivo de evitar hipotéticas represalias. Y es que Estados Unidos ocupa un papel clave para Ferroglobe ya no solo por el hecho de ser su primer mercado (aportó 464 de los 1.159 millones de euros que cosechó en ventas en todo el mundo a lo largo de 2025), sino también por albergar media docena de centros productivos de la compañía.

Se trata de las factorías de Virginia, Kentucky, Nueva York, Alabama, Ohio y Alabama (esta última permanece sin actividad desde el año 2023). «La oportunidad en Venezuela nos permite optimizar nuestra presencia industrial, ya que posibilita que las plantas de EE. UU. se concentren en producir materiales críticos de mayor valor añadido para satisfacer la demanda nacional», ha recalcado Marco Levi durante la conference call ante los analistas de los principales bancos de inversión.

El plan de Ferroglobe

Durante su intervención, el ejecutivo italiano ha esbozado las «cuatro áreas clave que impulsarán la creación de valor» para los accionistas de Ferroglobe. Y es que la compañía que tiene al Grupo Villar Mir como máximo accionista (controla un 36,1% de sus acciones) apuesta, entre otras cosas, por el crecimiento de su negocio de «materiales críticos«, la reducción de «su estructura global de costes mediante la optimización» de su «huella industrial«. En este último apartado cobran especial relevancia las «medidas de reducción de costes» que se han traducido en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para sus 113 trabajadores de la factoría de silicio de Sabón (Arteixo).

«En tercer lugar», prosigue Levi, está «la planificación del reinicio de nuestras operaciones de bajo coste en Venezuela, aprovechando un acceso ventajoso al mercado estadounidense. Y, en cuarto lugar, el fortalecimiento de nuestro negocio principal mediante la protección comercial, al tiempo que aprovechamos el proceso de relocalización industrial (onshoring) y la reorganización de las cadenas de suministro que está teniendo lugar en Estados Unidos y Europa«.

La hoja de ruta con Puerto Ordaz

De este modo, Ferroglobe ve en la planta de Puerto Ordaz una puerta para canalizar actividades menos rentables con el objetivo de liberar de carga de trabajo a otros centros productivos para que así se centren en productos de mayor valor añadido.

«Con una capacidad de producción de 120.000 toneladas en Venezuela, disponemos de una importante oportunidad de bajo coste para incrementar los volúmenes destinados al mercado estadounidense y aumentar nuestra flexibilidad operativa», ha explicado Marco Levi. La factoría de Puerto Ordaz, que lleva clausurada desde septiembre de 2017, cuenta con cuatro hornos con capacidad para fabricar aleaciones de manganeso, silicio metálico y ferrosilicio, lo que dejaría margen de maniobra para que otras factorías se expandiesen hacia «una cartera más amplia de materiales críticos estratégicos«.

Entre ellos, Ferroglobe cita al «magnesio, antimonio, plata, galio y ferroaleaciones basadas en molibdeno, vanadio y cromo«, que, además, podrían comenzar a producirse sin necesidad de construir nuevas plantas. «A diferencia de muchos proyectos de materiales críticos que requieren grandes inversiones en nuevas plantas, la mayoría de nuestras oportunidades se pueden aprovechar utilizando la infraestructura de hornos ya existente», destacaba el CEO de la firma.

En este sentido, el ejecutivo menciona como casos de éxito «la producción a escala industrial de ferromolibdeno» y de magnesio. Mediante estas iniciativas, Levi considera que Ferroglobe lograría mover ficha ante el «problema de capacidad de procesamiento» que, a su juicio, padece «Occidente«.

«Nuestro objetivo es que cada activo contribuya a crear valor, ya sea mediante la producción de materiales tradicionales o mediante nuevos usos industriales que aprovechen la infraestructura existente», ha recalcado un Marco Levi que ha hecho gala de su sintonía con la Administración estadounidense. Preguntado por su apuesta por los denominados materiales críticos, el CEO de Ferroglobe ha asegurado que la empresa lleva «dos años colaborando con el Departamento de Energía» y que, además, está «trabajando con el Departamento de Defensa desde febrero de este año, manteniendo una comunicación constante». Todo ello con el objetivo de concretar sus necesidades de inversión para garantizar el aprovisionamiento de estos materiales.

Entre Washington y Bruselas

Marco Levi ha realizado estas declaraciones en una conference call en la que ha dado cuenta de un repunte interanual del 4,7% en las ventas del grupo, que se situaron en los 630,6 millones de euros entre enero y junio, así como de un beneficio neto de 46,3 millones que contrasta con las pérdidas de 66,8 millones cosechadas en el mismo periodo de 2025. Su sintonía con las autoridades estadounidenses se vio reforzada con las medidas antidumping que Donald Trump sí aplicó, a diferencia de la Comisión Europea, a la que la compañía culpa de permitir la entrada de importaciones low cost procedentes de países como China o Angola.

De hecho, la firma ha justificado la adopción de su ERTE de 17 meses en la planta de Sabón precisamente por el impacto que las compras procedentes de estos países están teniendo en segmentos como el del silicio metálico, el core business de su factoría gallega.

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El pasado 9 de agosto se cumplieron 20 años de la compra de Leche Celta por parte de Lactogal. El grupo luso llegó por aquel entonces a un acuerdo con la estadounidense Dean Foods y tomó el control de la láctea gallega a cambio de unos 50 millones de euros. Este movimiento supuso un giro en su accionariado, pero no en su sede, que permaneció en Pontedeume, en donde concentra algo más de 220 de sus casi 400 trabajadores (los restantes se ubican en sus plantas de Ávila y Cantabria mientras que la de Meira fue comprada por Naturleite hace casi una década).

Dos décadas después de su desembarco en Galicia, Lactogal encuentra en Leche Celta uno de los principales motores de su cuenta de resultados. No en vano, el grupo portugués cerró su ejercicio fiscal 2025 con un crecimiento del 2,6% en su facturación, que escaló hasta los 1.167 millones de euros, pero, por el contrario, sufrió un recorte del 72,4% en un beneficio neto que se mantuvo a flote gracias, precisamente, a filiales como Leche Celta.

Y es que las ganancias de Lactogal retrocedieron hasta situarse en los 9,7 millones de euros. De esta cifra, 7,2 millones de euros (un 74,8% del total) se corresponden a Leche Celta, que cerró el año pasado con un descenso tanto en su beneficio (cayó un 18% respecto a un 2024 de récord) como en sus ingresos, que bajaron de 300,5 a 294 millones de euros.

La crisis de la mantequilla y apuesta por los ganaderos

Lactogal vio cómo su cuenta de resultados se movía a la baja en un ejercicio en el que el exceso de oferta en el mercado motivó un recorte de precios tanto al consumidor como en los pagos a los ganaderos. En este sentido, el presidente del grupo luso, José Marques, apuntaba en declaraciones a la prensa el pasado mes de mayo que algunas empresas europeas recortaron sus retribuciones a los ganaderos en 17 céntimos por litro.

«Aquí hemos bajado solo tres céntimos. Esta inversión este año se está haciendo en la producción, porque somos conscientes de que, si bajáramos a esos niveles, nos quedaríamos sin productores o, al menos, sin una gran parte de ellos», subrayaba el presidente de un grupo en torno al cual pivotan marcas como Mimosa, Castelões, Agros, Gresso, Matinal, Vigor o Milhafre dos Açores.

A este factor se suma una crisis de la mantequilla que también se hizo notar en Leche Celta. “Europa dejó de ser competitiva frente a otras regiones, como Nueva Zelanda y Estados Unidos. Se produjo un cambio que nunca habíamos visto: pasamos a ser importadores de productos de Estados Unidos, sobre todo de queso y mantequilla, y lo que vimos fue una bajada de los precios”, lamentaba Marques. El ejecutivo luso llegó a mencionar que el precio de la mantequilla cayó de siete euros por kilo a cinco euros en dos semanas. “Fue una brutalidad; esto tuvo un impacto enorme en la industria láctea europea”, exclamó.

Lactogal capeó la crisis de la mantequilla y sacrificó rentabilidad en 2025 a cambio de mantener una base de ganaderos que se eleva hasta los 2.000 productores en toda la Península Ibérica. La firma portuguesa aglutina un total de 12 factorías entre España y Portugal, en las cuales emplea a cerca de 2.500 trabajadores y produce más de 1.200 millones de litros por año.

Estas cifras podrían recibir un empujón de manera indirecta en el caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice la alianza de Leche Celta (que obtiene el 84% de sus ventas con su marca blanca) y la cooperativa Clun. Bajo la denominación de CoRural, ambas firmas esperan conformar un operador con 1.400 productores de leche, 800 personas empleadas, ocho plantas industriales y marcas como Celta, Feiraco, Clesa o Únicla.