Los abogados que denunciaron la prórroga de la AP-9 se lanzan a recoger firmas para anular la concesión

La asociación de consumidores En-Colectivo quiere recoger 500.000 firmas para reclamar la anulación de la concesión de la AP-9 por las "ilegalidades cometidas"

Los abogados de En Colectivo, la asociación de usuarios que ha puesto en jaque la ampliación de concesiones a Audasa para la explotación de la AP-9. Foto: En Colectivo

Los abogados de En Colectivo, la asociación de usuarios que ha puesto en jaque la ampliación de concesiones a Audasa para la explotación de la AP-9. Foto: En Colectivo

La asociación de consumidores En-Colectivo lanza una recogida de firmas para exigir que se anule la concesión de la AP-9. Los abogados, que en el pasado denunciaron las prórrogas de la AP-9 de los años 1994 y 2000, motivo por el cual la Unión Europea (UE) ha abierto un expediente, han puesto en marcha esta nueva iniciativa para reclamar al Gobierno de España que “asuma las consecuencias de las ilegalidades cometidas” y “anule la concesión a Audasa que tiene vigencia hasta 2048″.

La recogida de firmas la canaliza a través de su página web y tiene como objetivo, según defienden, que el Estado “deje de aislar a Galicia” y que “los costes de los errores que se produjeron en las prórrogas de la concesión de la AP-9 no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos”.

Objetivo: 500.000 firmas

La Asociación apunta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha apuntado que “será complicado” recuperar los importes ya cobrados en los peajes de la AP-9 y que el objetivo es “proteger el interés público del Estado y de los contribuyentes para que esto no suponga un perjuicio económico de resarcimiento a la concesión”.

Es por ello que los abogados impulsores de esta asociación llaman a los gallegos a que “se unan con su firma” para solicitar al Gobierno que “no obligue a seguir asumiendo los costes de utilizar una autopista que lleva amortizada desde el año 2013 y que debería ser gratuita”.

“No podemos permitir que la única vía de conexión entre el norte y el sur de Galicia sea una autopista de pago que tiene un coste anual para los gallegos, turistas y empresas de transporte y logística de más de 140 millones de euros“, sostiene Diego Maraña, presidente de En-Colectivo y abogado.

“Esperamos que el Gobierno nos escuche y que, en lugar de intentar justificar lo injustificable ante Bruselas, asuma los errores cometidos y actúe en consecuencia, anulando la concesión y dando los pasos necesarios para que la AP-9 se convierta en una autopista gratuita lo antes posible”, ha esgrimido el presidente de esta asociación, que tiene como objetivo alcanzar las 500.000 firmas en dos meses.