Audasa refinancia ‘in extremis’ deuda con los bancos al fallar una emisión de obligaciones

La concesionaria de la AP-9 ha recurrido a los bancos para captar 66,1 millones y hacer frente al vencimiento de unas obligaciones emitidas hace diez años

Tramo de la AP-9 a su paso por el Puente de Rande / EFE

Tramo de la AP-9 a su paso por el Puente de Rande / EFE

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Audasa se refugia en los bancos ante el vencimiento de una de sus emisiones millonarias de renta fija. La dueña de la AP-9 ha acudido a las entidades financieras para captar un total de 66,1 millones de euros y compensar así el vencimiento de unas obligaciones que emitió en 2011.

«La sociedad dispone de la preceptiva autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera al plan de financiación 2021 que contempla la captación de 66,1 millones de euros», revela la firma en su memoria anual. «A la fecha de formulación de estas cuentas anuales [el pasado mes de abril], la sociedad se encuentra en la fase final del proceso de obtención de aprobaciones formales de entidades financieras y de selección de ofertas para la contratación de un préstamo, por importe de 66,1 millones de euros, a desembolsar el 31 de mayo de 2021 y con vencimiento en mayo de 2026″, explica.

Audasa reacciona así al vencimiento de las obligaciones por importe de 66,1 millones de euros que emitió en 2011 con Banco Sabadell como agente y cuyo tipo de interés se elevaba hasta el 6%. A esta operación se refiere el propio auditor de Audasa, PwC, a través de un párrafo de énfasis. «El fondo de maniobra de la sociedad es negativo en 67,21 millones de euros, principalmente consecuencia del registro en el pasivo corriente de la deuda emitida por la sociedad por importe de 66,1 millones de euros, con vencimiento en mayo de 2021», revela la firma.

Una emisión suspendida durante meses en 2020

Audasa opta, de esta manera, por repetir un movimiento que ya llevó a cabo al inicio de la pandemia. La concesionaria de la AP-9 decidió cancelar a comienzos del año pasado la emisión de 100 millones de euros que tenía pensado lanzar en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por la marejada de los mercados ante la crisis del Covid-19. En concreto, la justificaba su decisión por «las actuales circunstancias extraordinarias imperantes, entre otros, en los mercados de deuda provocados por el coronavirus».

No fue hasta octubre del año pasado cuando Audasa decidió retomar sus planes y acudió al mercado a captar estos 100 millones de euros. La emisión finalmente salió adelante tras recibir peticiones por valor de 144 millones de euros de los inversores, logrando así su objetivo de amortizar con estos fondos parte del préstamo sindicado por valor de 400 millones de euros que recibió de los bancos en abril de 2020 y que vence en 2024.

Beneficios millonarios y compensaciones por obras y el Covid-19

La compañía recurre a la financiación bancaria para hacer frente a sus compromisos financieros. Y es que Audasa cerró su ejercicio fiscal 2020 con una deuda total de 1.089 millones de euros, de los cuales 1.021 millones de euros son a largo plazo (supera el año de vencimiento).

La firma dedicó 48,7 millones de euros solo al pago de su deuda con terceros en un 2020 en el que, a pesar del golpe del Covid-19, cerró con un beneficio de 33,7 millones de euros (frente a los 42,8 millones del ejercicio anterior). Itínere, matriz de Audasa, reconoce en su memoria anual que “las sociedades concesionarias participadas han solicitado a sus respectivas administraciones concedentes el restablecimiento del equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión, reclamación que a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas no ha sido aún resuelta”.

A estas posibles compensaciones por la caída de tráfico que ha provocado la pandemia se suman los otros 337,5 millones que Itínere reclama por las obras de ampliación de la autopista en Rande y la circunvalación de Santiago y los descuentos en los peajes en el área de Vigo y Pontevedra. Además, la firma exige 0tr0s 25 millones por la anulación de un real decreto del mandato de Mariano Rajoy que redujo a la mitad los peajes en la sombra que recibe en los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala.

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