Revuelta vecinal contra la mina de litio de la frontera de Galicia con Portugal

La mina de litio que Savannah Resources proyecta frente a la frontera de Galicia desata una ola de protestas violentas en Portugal. La sede de la compañía en el municipio portugués de Boticas han sufrido un nuevo acto vandálico en la madrugada del jueves al viernes.

Los autores del ataque han asegurado en declaraciones a la agencia Lusa que son “personas solidarias con la población residente en la región de Barroso” y reconocen haber “entrado, en la madrugada del día 19, en las oficinas de Savannah Resources, en Carreira da Lebre, Boticas”.

De acuerdo al relato de la agencia Lusa, los atacantes dañaron los vehículos de trabajadores de la empresa de origen británico y a continuación pintaron la fachada de su sede de color rojo. Además, escribieron la frase No a la mina.

La empresa ha asegurado que sus «sistemas de seguridad» han permitido «la obtención de imágenes nítidas del acto criminal ocurrido esta semana, perpetrado por cuatro individuos en la zona de Carreira da Lebre”. Estas imágenes han sido puestas a disposición del Núcleo de Investigación Criminal de la Guardia Nacional Republicana (GNR) con el objetivo de acelerar la identificación de los responsables.

“Tal como en el caso anterior en que ya fueron constituidos imputados, confiamos en la firme actuación de la justicia (…)”, ha defendido la empresa, que ya tuvo que lidiar con una situación similar hace apenas tres meses. “Reiteramos que estos actos de vandalismo no nos apartan de nuestro compromiso. Los trabajos de los equipos de Savannah continúan desarrollándose con total normalidad”, han avanzado desde la compañía.

Así es el proyecto de Savannah Resources

De esta forma, se intensifican las protestas contra el mayor proyecto de litio en toda Europa Occidental. Savannah Resources, que cuenta con la minera holandesa AMG como socia en esta iniciativa, contempla una inversión cercana a los 236 millones de dólares (unos 204 millones de euros).

La hoja de ruta de la compañía pasa por explotar un total de cuatro yacimientos con el objetivo de extraer 1,5 millones de toneladas de minerales durante los 14 años de vida útil estimada de la mina. De acuerdo a las previsiones de Savannah Resources, de esta explotación se extraerá litio para alrededor de medio millón de baterías de vehículos eléctricos cada año.

No en vano, su producción potencial se estima en 191.000 toneladas de espodumena (mineral a partir del cual se extrae el litio) al 5,5% al año, así como un coproducto de feldespato y cuarzo para su uso en la industria cerámica una vez que entre en operación (algo que se prevé que ocurra a lo largo de 2027).

Savannah Resources prevé completar antes de que acabe este año su estudio de viabilidad definitivo sobre un proyecto que ha sido identificado como estratégico por parte de la la Comisión Europea en el marco de la Ley de Materias Primas Críticas.

La tramitación del proyecto

La compañía recibió la declaración de impacto ambiental favorable a comienzos de 2023 y avanza en una fase de tramitación en la que todavía tiene pendiente la consecución de la declaración de conformidad por parte de la APA (Agência Portuguesa do Ambiente), la licencia ambiental definitiva. Savannah Resources se marca en el horizonte el año 2027 para comenzar a operar esta mina, pero antes tiene que lograr los permisos relativos a la conexión eléctrica y al abastecimiento de agua, así como cerrar la adquisición de más de la mitad de los terrenos en los que se ubicará el proyecto (actualmente dispone de alrededor de un 45%).

El proyecto, que estuvo en el epicentro de la tormenta política que se acabó saldando con la dimisión de António Costa, estuvo paralizado cautelarmente entre los meses de febrero y abril por la denuncia de tres propietarios de los terrenos en los que se ubican estos yacimientos. Y es que el Gobierno luso autorizó el pasado mes de diciembre una servidumbre administrativa por un año, permitiendo a Savannah acceder a terrenos privados y comunales para realizar sus tareas de prospección.

Sin embargo, estos tres propietarios reclamaron medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo y Fiscal de Mirandela, provocando una suspensión temporal que solo se levantó después de que los tribunales estimasen el recurso de apelación del Estado portugués en el que ponía de relieve la condición de interés público que tiene esta iniciativa.