El Supremo tumba el recurso de Lactalis y confirma la sanción de casi 12 millones por el cártel de la leche

La segunda sanción ratificada por el Alto Tribunal, tras la de Nestlé, allana el camino a las reclamaciones de los ganaderos contra el cártel, que los despachos de abogados cuantifican en más de 1.000 millones

Lácteo

Imagen de archivo de vacas en una explotación ganadera

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por Lactalis Iberia contra la sentencia previa de la Audiencia Nacional que ratificaba la sanción de 11,7 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el cártel de la leche. Es el segundo recurso que rechaza el Alto Tribunal a la industria láctea, después de que el año pasado inadmitiera el presentado por Nestlé, que encajó una multa de 6,8 millones en la resolución sancionadora del superregulador del año 2019.

Tras esta sentencia, de la que ha informado el despacho de abogados Skariam, quedan pendientes de resolver los casos de Danone, Pascual, Schreiber (antigua Senoble), Capsa e Industrias Lácteas Granada, que es una empresa también del grupo Lactalis que se asocia tradicionalmente a la fábrica de Puleva en Granada. El caso de Capsa tiene alguna singularidad, pues el Supremo ya inadmitió el recurso del brazo industrial de Central Lechera Asturiana. Sin embargo, la Abogacía del Estado recurrió la rebaja de la sanción decretada por la Audiencia Nacional, al considerar prescritos parte de los periodos en los que se produjeron las conductas colusorias.

Perjuicio a los ganaderos

Según traslada Skariam, la sentencia del 29 de junio, desestimatoria del recurso de la multinacional francesa, confirma una infracción única y continuada que englobó cuatro tipos de conductas: intercambios continuos de información sobre precios de compra de leche cruda presentes y futuros, volúmenes de compra, fuentes de aprovisionamiento y excedentes; acuerdos de bajadas de precios; acuerdos de reparto de ganaderos; y acuerdos de control de excedentes coincidiendo con una etapa de fuerte caída de precios.

«El efecto combinado de todas estas conductas debilitaba sistemáticamente el poder negociador de los ganaderos y permitía a las industrias cartelizadas presionar a la baja los precios de compra de leche cruda de vaca, o contener sus subidas, eliminando la competencia en el mercado de aprovisionamiento», expone el despacho legal, que considera que «quedan así firmes y definitivamente inatacables los hechos acreditados en la resolución de la CNMC respecto de Lactalis, que evidencian el consiguiente perjuicio sistemático para los ganaderos».

Lactalis es el grupo que más leche recoge en Galicia, unas 500.000 toneladas anuales, y opera las plantas de Nadela y Vilalba. Es un actor clave en la cohesión territorial y la sostenibilidad de la cadena de valor del lácteo en la comunidad.

Más de 1.000 millones reclamados al cártel

Eskariam, en colaboración con el despacho internacional Hausfeld, pilotan las demandas de más de 7.800 ganaderos ubicados, principalmente, en Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias y Cantabria. Estiman que el perjuicio a compensar para estos clientes por el teórico menor precio recibido en la venta de leche cruda a causa de los efectos del cártel «puede superar los 1.200 millones». La desestimación del recurso de Lactalis allana el camino a estas reclamaciones, aunque la cuestión central seguirá estando en la cuantificación del daño. Los tribunales de primera instancia y audiencias provinciales han emitido sentencias muy dispares respecto a la procedencia y la cuantía de las indemnizaciones.

En este sentido, David Fernández, CEO de Eskariam destacó que «esta sentencia pone punto final a años de apelaciones y cierra definitivamente cualquier vía para que Lactalis revierta los hechos del cártel. La sanción es firme, los hechos son inatacables y no existe recurso alguno». «A partir de hoy, el foco está en los daños a los ganaderos: cada uno de nuestros más de 7.800 ganaderos tiene en sus manos la base judicial más sólida posible para recuperar lo que perdió durante más de una década de prácticas anticompetitivas», añade.

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