Capsa, el grupo de Larsa y Central Lechera Asturiana, lleva al Constitucional la multa del cártel de la leche
La compañía, con dos plantas en Galicia y la segunda que más leche recoge en la comunidad presentó primero un recurso de amparo y otro de súplica ante el Constitucional contra la multa de 22 millones que le impuso Competencia
Planta de Central Lechera Asturiana en Siero / Europa Press
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Capsa, el brazo industrial de Central Lechera Asturiana, ha elevado a una cota un tanto inesperada la batalla legal por el cártel de la leche, las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2019 por los intercambios de información entre los principales operadores del sector lácteo sobre la cadena de suministro, es decir, sobre la leche que adquirían a los ganaderos. La dueña de Larsa encajó una sanción de 21,8 millones y, tras un largo recorrido judicial, ha acabado acudiendo al Tribunal Constitucional cuando el Supremo inadmitió su recurso de casación.
El embrollo legal es peliagudo para la industria no solo por las multas. La confirmación del cártel por parte de la Audiencia Nacional abrió la puerta a centenares de demandas de las granjas en busca de indemnizaciones por el teórico menor precio que recibieron por la leche y que están ahora resolviéndose con disparidad en las resoluciones judiciales. En la disputa, en todo caso, hay cientos de millones en juego para empresas como Nestlé, Lactalis, Pascual, Schreiber, Danone o la propia Capsa, que ha decidido llevar el cártel de la leche hasta el Constitucional.
La compañía explica en su memoria del pasado ejercicio que el 17 de enero de 2025 presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue inadmitido poco después, el 5 de marzo. Frente a la indiferencia de los magistrados, el grupo «formula recurso de súplica contra la inadmisión anterior», con la oposición del Ministerio Fiscal, que en su escrito considera inviable la interposición de dicho recurso. No hay noticia de que el asunto haya sido resuelto todavía por el Constitucional.
Capsa es una empresa de singular importancia en Galicia. No solo por operar dos fábricas, una en Outeiro de Rei y otra en Vilagarcía, o contar con una marca especialmente apreciada como Larsa, sino porque es el segundo grupo que más leche recoge en la comunidad, solo por detrás de Lactalis, que todavía está pendiente del Supremo para saber qué pasará con sus multas por el cártel.
Cómo llegó Capsa hasta aquí
La historia del cártel de la leche es un tanto enrevesada, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hubo de rehacer una resolución previa de 2015 por errores procedimentales y establecer de nuevo las multas cuatro años después, en 2019. La trayectoria judicial de Capsa también es compleja, pues fue una de las empresas que logró rebajar su sanción en la Audiencia Nacional al entender los magistrados que algunos de los periodos investigados están prescritos. Algo similar consiguieron también Danone y Lactalis. La compañía de Central Lechera Asturiana, pese a ello, llevó el caso al Supremo, que inadmitió su recurso. Fue entonces cuando llegó al Constitucional.
«Deviniendo la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó parcialmente el recurso de Capsa, la CNMC tendría que volver a calcular la sanción, la cual debiera ser sustancialmente inferior a la inicialmente propuesta dado que la misma tendría que reflejar la menor duración de la infracción. Dicho recálculo por parte de la CNMC sería a su vez susceptible de incidente de ejecución de sentencia ante la Audiencia Nacional», explica el grupo lácteo en su memoria.
Sin embargo, cabe recordar que también la Abogacía del Estado recurrió la rebaja de la sanción de 21,8 millones ante el Supremo con el objetivo de que Capsa pague la totalidad. Esto podría hacer que el nuevo cálculo de la entidad que preside Cani Fernández y la posibilidad de una nueva impugnación decaigan.
Las otras balas de Capsa
De manera estricta, el Constitucional no es la última bala que tiene Capsa para quemar. Al igual que otras empresas sancionadas por el cártel de la leche, alude también a los recursos pendientes del Supremo. Aparte de la dueña de Larsa, solamente Nestlé, la multinacional que preside Pablo Isla, tiene una resolución desfavorable del Alto Tribunal sobre la multa.
Señala el grupo asturiano, siempre optimista en lo que a este asunto respecta, que están pendientes de resolución «los recursos de casación interpuestos por otras entidades que fueron igualmente objeto de sanción, considerándose que, conforme a la jurisprudencia en la materia, de estimarse por el Tribunal Supremo dichos recursos de casación tendrían que ser aplicables en la misma medida a Capsa«. Dicho de otro modo, la compañía espera que si Schreiber, Danone o Pascual salen indemnes del Supremo, la sentencia favorable le permitirá también salir airosa del trance.
Sin provisiones
La confianza de Capsa tiene un reflejo en las cuentas del grupo en la ausencia de provisiones por el cártel y la sanción de Competencia. «En todo caso, los administradores de la sociedad dominante estiman que sobre la base de los argumentos jurídicos presentados la sentencia sería finalmente favorable. En todo caso, si la última sentencia fuese finalmente desfavorable, en ningún caso sería significativa. Los administradores, sus asesores externos y los servicios jurídicos del grupo siguen manteniendo fundadas expectativas de conseguir un pronunciamiento favorable, considerando la solidez de los argumentos jurídicos existentes, razón por la que las cuentas anuales adjuntas no incluyen provisión alguna en relación con esta contingencia, al estimar que no es probable que la multa impuesta se materialice finalmente en el pasivo», dice la memoria del pasado ejercicio.
Los beneficios de Capsa
Más allá de la batalla legal por el cártel de la leche, a Capsa le fue bien en el último ejercicio. Central Lechera Asturiana ya había avanzado en su asamblea que la facturación de su brazo industrial había crecido respecto a 2024. Concretamente, alcanzó una cifra de negocio de 935,7 millones, frente a los 921,7 millones del año precedente. El resultado de exploración se elevó a los 51 millones, un millón más, mientras que los beneficios del curso ascendieron a 43,3 millones, un 14,5% más.
