Lactalis, Nestlé, Pascual y Danone arman un ejército de consultoras para frenar las demandas del cártel de la leche
Peritajes de KPMG, Nera, Frontier, RBB Economics o Kroll tratan de demostrar que los intercambios de información entre las empresas no afectaron al precio percibido por los ganaderos
Línea de envasado en una fábrica de Calidad Pascual
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En febrero de 2024, la Audiencia Nacional confirmó la existencia de un cártel de las grandes empresas del sector lácteo por intercambios de información sobre el mercado de suministro de leche en origen, es decir, sobre el producto que adquirían a los ganaderos. La ratificación judicial de los elementos centrales de la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dio vía libre a las granjas para reclamar compensaciones, algo que ya estaba sucediendo entonces y que ahora se produce en oleadas, a pesar de que el Supremo no ha ratificado la mayoría de las multas impuestas a la industria. Entre las empresas sancionadas por Competencia, solo ha trascendido una sentencia desfavorable del Alto Tribunal contra Nestlé, que hubo de pagar una multa de 6,8 millones. Quedan pendientes las de empresas como Capsa (21,8 millones), Lactalis (21,9 millones), Danone (20,2 millones) o Pascual (8,5 millones), pero ello no está impidiendo que los tribunales reconozcan indemnizaciones a los ganaderos.
Precisamente, la mayor preocupación para las compañías está en esas reclamaciones de los productores, cuyo riesgo es difícil de cuantificar. Unións Agrarias dijo que las demandas gestionadas a través de la organización, en colaboración con el despacho Skariam, superaban los 600 millones. Para alcanzar esta cuantía no solo tienen que prosperar las acciones judiciales de las granjas, que previsiblemente recorrerán todo el camino hasta el Supremo, sino también conseguir una indemnización elevada. En primera instancia y en las audiencias provinciales los daños reconocidos oscilan desde el 2% hasta el 9% del precio de la leche vendida durante el tiempo de actividad el cártel, entre 2000 y 2013, según la CNMC.
La guerra de informes
En los casos de cártel, ya sea el de coches o el de leche, los tribunales presumen que hubo un menoscabo económico por alteración del mercado. Esto se traduce, en el caso de los vehículos, en un mayor precio de venta para el cliente, y en el caso de la leche, en un menor precio de venta para los ganaderos. Se trata de una presunción iuris tantum: se da por hecho que el cártel provocó daños, pero esta idea puede quedar desvirtuada mediante prueba, es decir, Lactalis, Capsa, Nestlé, Pascual o Danone pueden intentar demostrar que sus conductas no tuvieron efecto en los precios.
Esta característica ha convertido los procedimientos por el cártel de la leche en una batalla de peritajes. Lactalis, el grupo que más leche recoge en España y que comercializa marcas como Puleva, Ram, El Ventero, Flor de Esgueva o Président, ha presentado ante los tribunales informes de cuando menos dos consultoras: Duff&Phelps y Kroll. Calidad Pascual ha recurrido a KPMG. Nestlé, la compañía que preside Pablo Isla, ha contratado a Nera, mientras que Danone cuenta con los servicios de RBB Economics. Capsa, brazo industrial de Central Lechera Asturiana, ha aportado informes de Frontier; y Schreiber, heredera de Senoble y proveedora de yogures de Mercadona, cuenta con UB Economics.
Los trabajos de las consultoras tienen tres funciones: intentar acreditar que los productores no han recibido un infraprecio por su leche; cuestionar las periciales presentadas por los demandantes, con informes de otro batallón de consultoras entre las que están Oxera, Compass o PQ Axis, entre otras; y minimizar daños, es decir, que las reclamaciones reconocidas por los tribunales sean lo menos lesivas posibles para las empresas. Si bien se da por hecho que en los casos de cártel se produce un menoscabo económico, el gran problema para los magistrados y para los afectados es la cuantificación del daño, que determina los importes indemnizatorios.
El cártel inocuo
El informe de RBB Economics para Danone compara el precio de la leche cruda de vaca en España durante y después del periodo en que la CNMC sitúa la infracción con otros mercados geográficos no afectados por el cártel y con los importes abonados por la compañía en Francia y Alemania. «Los resultados de los modelos de regresión estimados no permiten concluir que los precios durante el periodo de infracción hayan sido inferiores a los que se habrían registrado en ausencia de esta. Por tanto, tampoco es posible concluir que las prácticas sancionadas hayan tenido el efecto de reducir los precios de la leche cruda pagados por Danone en España», dice el estudio.
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del pasado 2 de febrero explica que el informe de Kroll para Lactalis incluye una comparativa de los precios de la leche cruda entre los países de la UE-15 homogeneizados a un mismo porcentaje de grasa y proteína. En esa comparativa se puede observar que, entre 2000 y 2013, los precios en España fueron los cuartos más altos, solamente superados por Italia, Grecia y Finlandia. El informe también compara los precios de la leche cruda en el mercado español con los de Francia y Portugal, llegando a la conclusión de que la conducta no tuvo efectos negativos sobre los precios.
Esa misma resolución indica que Nera, la consultora contratada por Nestlé, hace un análisis preliminar que identifica la evolución de los precios de leche cruda de vaca en España, Francia y Portugal antes, durante y después del período en el que la CNMC identificó prácticas contrarias al Derecho de la competencia, identifica la evolución de los márgenes comerciales de los ganaderos en los tres países, la volatilidad de los precios y los flujos comerciales. Con ello, afirma, se obtiene una evidencia preliminar sobre la ausencia de efectos de las prácticas sancionadas durante el período en el que se detectaron dichas prácticas.
La intensidad del cártel
El pasado 11 de marzo, la Audiencia Provincial de Barcelona resolvió una demanda contra Nestlé y Capsa de una sociedad ganadera de León que reclamaba 2,8 millones de indemnización. Ese importe resultaba de los daños estimados por la consultora PQ Axis, que, según consta en la sentencia, estableció una horquilla entre el 8,5% y el 14,4% de las ventas, con un 11,5% como estimación central. Los magistrados, en cambio, consideraron que la compensación debía ser solamente del 2%, en contraste, por ejemplo, con la reconocida por el Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid el pasado octubre, cuando cuantificó el daño en el 9,4% en otro caso del cártel de la leche.
La Audiencia Provincial no asume las conclusiones de las consultoras de unos y otros, y realiza sus propios cálculos. «En atención a la duración y características de las conductas colusorias, así como de la cuota de mercado de las empresas implicadas, parámetros tomados en consideración para la estimación judicial del daño en otros cárteles de similar naturaleza, como el de camiones o el de coches, el porcentaje de infraprecio ha de situarse necesariamente por debajo del porcentaje de sobreprecio estimado en esos cárteles (el 5%), en la medida que esos mismos factores (duración del cártel, cuota de mercado y naturaleza de las conductas) concurren en este caso de forma menos intensa», dice en la sentencia.
Esa menor intensidad se debe a que los hechos probados aluden principalmente a «intercambios de información sobre precios y estrategias comerciales, ganaderos y excedentes de leche, y sólo ocasionalmente sobre bajadas de precio». La Audiencia de Barcelona también ve puntuales los acuerdos de cesión de productores, «sin un alcance general»; y sostiene que «los intercambios de información entre las empresas no fueron continuos ni sistemáticos, sino que se desarrollaron con una periodicidad irregular y con intervalos prolongados sin actividad infractora».
