Stellantis vuelve a duplicar las provisiones por el cártel de coches y reserva 14 millones para demandas
El grupo señala que existe un "alto nivel de incertidumbre" respecto al número de reclamaciones extrajudiciales recibidas y sobre cuántas se convertirán en demandas
Línea de montaje en la planta del grupo Stellantis en Vigo. Europa Press
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Stellantis ha vuelto a incrementar las provisiones para hacer frente a la oleada de demandas de los afectados por el llamado cártel de coches. El fabricante, que lidera la producción en España desde sus fábricas de Vigo, Zaragoza y Madrid, ha reservado 13,7 millones por los procesos judiciales que afronta tras las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el posterior naufragio de las alegaciones ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Esta cuantía, provisionada a cierre de 2024, es el doble que una año antes, cuando Stellantis tenía guardados 6,9 millones para atender las reclamaciones de sus clientes.
La compañía, que ensambla el 41% de los coches que se fabrican en España, ya se vio obligada a pagar 53,3 millones de multa en 2023 por su participación en el cártel. Esta sanción sumaba las penalizaciones a Citröen y Peugeot, así como otra de 22,8 millones impuesta a General Motors, cuyo negocio en España absorbió el grupo automovilístico, quedándose la antigua planta de Opel en Figueruelas.
La confirmación por parte del Supremo de la concertación de precios entre 21 empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos con efectos tanto en la comercialización como en la prestación de servicios postventa, derivó en una cascada de demandas por parte de los clientes afectados, bajo la premisa de que las operaciones del cártel hicieron que sobrepagaran por la adquisición de sus coches. Estas demandas son las que obligan a Stellantis a provisionar cada vez más para tener cubiertas las reclamaciones.
Incertezas en Stellantis
En el cártel fueron sancionadas también Nissan, Peugeot, Toyota, Honda, Ford, Fiat, BMW, Mercedes o Hyundai, entre otras. Competencia estimó en 2015, año en el que emitió la resolución sancionadora, que estas compañías alcanzaban una cuota conjunta del 91% del mercado de distribución de vehículos en España, y que las prácticas colusorias se produjeron de manera continuada entre 2006 y 2013. Por este motivo, la mayor parte de los clientes que adquirieron un vehículo en esos ocho años tenían la posibilidad de reclamar indemnizaciones.
Stellantis expresa en sus cuentas anuales que está recibiendo «numerosas reclamaciones judiciales y extrajudiciales de clientes supuestamente afectados, reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios en la compra de vehículos desde 2006 hasta 2013». En relación a los litigios reserva esa provisión de 13,7 millones, con una dotación de casi siete millones durante el ejercicio pasado. En cambio, respecto a las reclamaciones extrajudiciales señala que «existe un alto nivel de incertidumbre» que no les permite hacer «una estimación fiable del riesgo futuro», ya que «desconoce cuántas reclamaciones recibidas se convertirán en demandas judiciales y, sobre todo, el resultado final previsible de las sentencias futuras».
La indemnización
Desde las plataformas de afectados y asociaciones de consumidores se pone como referencia para la indemnización que pueden recibir los denunciantes el 10% del valor de compra del vehículo, ya que se entiende que un mercado afectado por un cártel provoca un incremento artificial de los precios, que serían más bajos en una situación plena de competencia. Sin embargo, las sentencias muestran variabilidad en cuanto a las indemnizaciones establecidas, que se elevan ligeramente por los intereses de demora.
Las provisiones dotadas por Stellantis hasta ahora, esos 13,7 millones, no deberían suponer un gran apuro para un grupo que facturó solamente con su filial española 15.500 millones y obtuvo 719 millones de beneficio. A pesar de ello, la compañía llevó a los litigios un informe realizado por KPMG para intentar demostrar que la operativa del cártel no alteró los precios de venta o que, cuando menos, este incremento no está acreditado.
El cártel de coches
En julio de 2015, la CNMC hizo pública una sanción de 171 millones a 21 empresas del sector de la automoción, con una cuota de mercado conjunta de más del 90%, y a dos consultoras por «el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada». Estos intercambios afectaban a la «práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas
sancionadas mediante su red de distribución y postventa: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales», según comunicó la entidad. El superregulador consideró probado, además, que se trataba de «una infracción única y continuada» que, dependiendo de la empresa, se extendía desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013.
SEAT (Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica) se acogió al programa de clemencia, es decir, colaboró con la investigación para esquivar la multa. Entre las marcas que formaban parte del cártel estaban Audi, BMW, Citröen, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Nissan, Opel, Peugeot, Jeep, Kia, Lancia, Chrysler, Alfa Romeo, Toyota, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Mitsubishi o Skoda.
