Otro lío para Pablo Isla en España: una sola cooperativa exige 3 millones a Nestlé y Capsa por el cártel de la leche

• El Nestlé de Pablo Isla enseña sus cartas y plantea un ERE para 300 personas en España que afecta a Pontecesures
• El gran proveedor de leche de Mercadona factura 1.053 millones en 2025, un 4% más

No hay una cifra concreta de las reclamaciones judiciales que han presentado los ganaderos contra la industria por el cártel de la leche, ni en número ni en el importe exigido en cuanto a indemnizaciones. Aunque se sabe que el asunto puede salir caro a las empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el año 2019, cuando impuso 80 millones en multas por los supuestos intercambios de información sobre el aprovisionamiento de leche a algunos de los principales operadores del sector, como Lactalis, Capsa, Danone, Nestlé, Pascual o Schreiber.

Unións Agrarias situó en más de 600 millones las compensaciones exigidas judicialmente a las empresas del cártel contabilizando los casos impulsados a través de la asociación en colaboración con el despacho de abogados Eskariam, que estaría gestionando unas 6.000 demandas. Lactalis, en las cuentas anuales de 2024 de su grupo español, señalaba que le habían notificado reclamaciones por valor de 210 millones contra la multinacional francesa y otras empresas del sector.

La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de juzgar un caso que da una idea de la magnitud del problema para la industria, particularmente para Capsa y Nestlé, que acaba de anunciar un ERE para 300 personas en España. Los magistrados, manteniendo el criterio ya expresado en anteriores sentencias sobre el cártel lácteo, estiman parcialmente el recurso de apelación presentado por una cooperativa ganadera de León y condenan a las dos compañías a indemnizarla con un 2% del precio que pagaron por la leche en origen en aquellas compras efectuadas durante el periodo de actuación del cártel, según Competencia, entre el año 2000 y el 2013.

Ese 2% equivale al teórico «infraprecio» percibido por las granjas por los efectos de las prácticas colusorias de las empresas compradoras y es un criterio consolidado en las resoluciones de la Audiencia Provincial respecto a la estimación del daño. «En atención a la duración y características de las conductas colusorias, así como de la cuota de mercado de las empresas implicadas, parámetros tomados en consideración para la estimación judicial del daño en otros cárteles de similar naturaleza, como el de camiones o el de coches, el porcentaje de infraprecio ha de situarse necesariamente por debajo del porcentaje de sobreprecio estimado en esos cárteles (el 5%), en la medida que esos mismos factores (duración del cártel, cuota de mercado y naturaleza de las conductas) concurren en este caso de forma menos intensa», dicen los jueces.

Granjas que reclaman millones

Ahora bien, las reclamaciones son más elevadas y el recorrido judicial de cada caso determinará en qué medida habrán de satisfacerlas las empresas. En el caso de la sociedad leonesa, la cooperativa Hermanos Conejo Amez, la demanda ascendía a 2,8 millones, de los que algo más de un millón de euros corresponderían a intereses de demora. Se fundamenta en un peritaje de la consultora PQ Axis que, según consta en la resolución judicial, estimo el daño en una horquilla entre el 8,5% y el 14,4% de las ventas, con un 11,5% como estimación central. Nestlé contrapuso un informe pericial de Nera y Capsa, brazo industrial de Central Lechera Asturiana, de Frontier. En el fondo dio igual, pues el tribunal no aceptó las conclusiones de ninguno e hizo sus propias cuentas.

Otro caso reciente juzgado por esta misma Audiencia Provincial enfrentó a una explotación de Segovia y a Danone con idéntico resultado, pues los jueces fijaron una indemnización del 2% en sentencia del pasado febrero. La granja reclamaba una compensación de 2,5 millones. Ahora, de nuevo, también una sola cooperativa solicita una compensación de 2,8 millones. Como los recursos continuarán, la batalla de peritajes en instancias superiores determinará la cuantía final que abonen las empresas o si salen airosas del embrollo, lo que parece bastante improbable.

La doble condena a Nestlé

Nestlé va con adelanto respecto a sus compañeras de fatigas en cuestión de infortunio. La compañía que preside Pablo Isla, que está reestructurando su negocio para intentar recuperar la rentabilidad y hacer frente a la marca blanca y al incremento de costes, es la única compañía sancionada que tiene una sentencia del Supremo en su contra. El Alto Tribunal inadmitió el recurso presentado por el grupo contra la multa de 6,8 millones que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que convirtió en firme la penalización.

Otras compañías como Lactalis o Danone están pendientes de que el Supremo resuelva sobre sus casos, que supusieron más de 40 millones en sanciones. A Capsa, dueña de Larsa, le sucede lo mismo, aunque solo para calcular el importe de la multa por las dudas que pesan sobre determinados periodos sancionados que podrían haber prescrito, como estableció la Audiencia Nacional. El recurso de la compañía para pedir la anulación total de la multa no fue admitido, y sí el de la Abogacía del Estado, que pretende que pague los casi 22 millones de sanción que le impuso Competencia.

Las indemnizaciones y el Supremo

Aún con estos asuntos pendientes en el Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona, al igual que otros tribunales, entiende que puede ya resolver respecto a las indemnizaciones reclamadas por los ganaderos. Explica en la sentencia del pasado 11 de marzo contra Nestlé y Capsa que «la demanda se interpuso en junio de 2022, cuando había recaído resolución administrativa en el expediente de Industria Lácteas, que no había alcanzado firmeza, dado que las demandadas (y otras empresas sancionadas) habían interpuesto recurso ante la Audiencia Nacional». «Durante la tramitación del procedimiento recayeron las correspondientes Sentencias de la Sección 6ª de la Audiencia Nacional, fechadas el 13 de febrero de 2024, que no cuestionan la existencia de las conductas anticompetitivas ni ponen en entredicho los hechos declarados probados por la CNMC. De igual modo, la admisión parcial de los recursos de casación de Puleva (Lactalis) y Danone no comportará alteración del relato fáctico contenido en la Resolución de 2019″, añaden los magistrados.

En consecuencia, la Audiencia Provincial asume «como ciertos los hechos declarados probados por la CNMC en la resolución de 2019» y considera que «las conductas desplegadas por las sancionadas constituyen una infracción única y continuada de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea».

Medir el daño

Las indemnizaciones reconocidas no son unívocas en los distintos tribunales. El pasado 16 de octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid, en una demanda promovida por Eskariam, cuantificó el daño en el 9,4% del precio de venta, bastante por encima del 2% de la Audiencia Provincial de Barcelona. De ahí que los importes reclamados sean relevantes en el recorrido judicial de los casos y en la batalla de peritajes que recorrerá las distintas instancias.

Si Capsa y Nestlé contrataron a Frontier y Nera, Lactalis hizo lo propio con Kroll Advisory y Danone con RBB Economics. Pascual, por su parte, fichó a KPMG para salir indemne del cártel de la leche.