El verano ‘horribilis’ de Aucalsa, la hermana gemela asturiana de la concesionaria de la AP-9

El pasado jueves la Comisión Europea lanzó un ultimátum al Gobierno para enmendar las irregularidades por las que fue prorrogada la AP-9 al considerar que vulneraron las reglas comunitarias en materia de contratación pública y concesión de autopistas. En la petición del órgano ejecutivo de la UE se pedía hacer lo propio con la prórroga de la AP-66, la autopista que conecta Asturias con León, que en las últimas semanas está en el punto de mira de los usuarios por las largas retenciones.

Gestionada por Aucalsa, la “Audasa asturiana”, la AP-66 está inmersa en las obras para reparar los desperfectos provocados por el desprendimiento de un argayo el pasado noviembre que invadió el firme en ambos sentidos de la única vía de alta capacidad que une el Principado de Asturias con la meseta.

Estas obras coinciden con los trabajos de conservación que se suelen ejecutar a inicios del verano y que en estos días afectan a los túneles de Entrerregueras I, Pando I, Vegaviesga y Oblanca II, que han recortado la circulación a un solo carril por sentido.

El resultado de este solapamiento de obras lo dejan claro los usuarios de la autopista que atraviesa el valle del Huerna y que reportan retenciones de casi cuatro kilómetros, según recogen medios locales. Algunos de los afectados, como avanza el diario El Comercio, mencionan atascos de “casi una hora para avanzar un kilómetro”.

A las quejas se suman el precio del peaje. Y es que el del Huerna, con sus 15,60 euros, se sitúa entre los más caros de la península. El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, calificó la semana pasada la situación como un “sinsentido” que penaliza a los que pagan dicho peaje “atrapados atrapados en atascos interminables, con vehículos recalentados y desesperación generalizada”.

La hermana de Audasa

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, propiedad del Grupo Itínere, es la homóloga en Asturias a la Audasa gallega. La compañía, que gestiona los 78 kilómetros de la AP-66, es la segunda que más ingresos aporta al grupo, solo por detrás de la AP-9.

En concreto, cerró el 2024 con una facturación de 47,82 millones, una cifra muy próxima a los 47,02 alcanzados el año anterior. En cuanto a los beneficios, alcanzó los 1.621 millones, triplicando las ganancias conseguidas en año anterior cuando cerró el ejercicio con unas ganancias de 531 millones.

Según recoge la memoria que acompaña a las cuentas anuales del grupo, el desprendimiento de tierra y rocas del pasado noviembre obligó a “implementar con éxito un plan para recuperar en el menor tiempo posible el nivel de actividad, que posibilitó la reapertura al tráfico solo 18 días después con un desvío provisional en ambos sentidos, habilitando un carril de bajada hacia Asturias y dos de subida hacia León, separados por una barrera rígida de hormigón y protegidos por la instalación de una barrera dinámica de gran altura para proteger a los vehículos ante posibles nuevos desprendimientos”.

Una vez finalizado el desvío y la barrera de protección se elaboró el “Proyecto de Estabilización», cuyo coste se estima en casi 9,86 millones de euros.

La batalla por la prórroga

Al igual que ocurre con la autopista, la concesión de la prórroga sobre la AP-66 también está en el punto de mira de la Comisión Europea. En el año 2000 el Consejo de Ministros del Ejecutivo de José María Aznar dio luz verde a la prórrogas de las concesiones de ambas autopistas para después vender ambas concesionarias. En el caso de la AP-66 estaba previsto que expirase en 2021 pero se amplió hasta 2050; en el de la AP-9 la fecha para que los usuarios dejasen de pagar era 2023 y la concesión se amplió 25 años

Entiende la Comisión Europea que la decisión del Gobierno español vulneró las directrices europeas en vigor y al haber aprobado las concesiones , «sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE.

En su memoria anual, la compañía esgrime que «en un asunto similar iniciado por la Comisión Europea contra la República Federal de Alemania», las conclusiones presentadas por el Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia con fecha 17 de octubre de 2024, «deberían reforzar la posición del Reino de España frente al procedimiento de infracción».