La baja que ganó un torneo de pádel

¡Ey Tecnófilos! ¿Qué está pasando por ahí? Pues esta semana toca hablar de algo que llevo años repitiendo hasta la saciedad: en España el absentismo laboral no es una anécdota, es un modelo de negocio. Y como el dato mata al relato, empiezo por los números antes de contarles la historia que le da título a este artículo.

Según los datos de la patronal de mutuas AMAT, el equivalente de trabajadores que no pisaron su puesto ni un solo día durante todo 2025 asciende a 1.789.369 personas. Repito la cifra porque hay que dejarla reposar: casi 1,8 millones de empleados equivalentes, un 7,73% más que en 2024 y un 136% más que en 2015. No hablamos de una variación estadística, hablamos de una tendencia que se ha convertido en estructura.

Este mes el debate se ha reabierto porque Alberto Núñez Feijóo se ha atrevido a poner el problema encima de la mesa, y como era de esperar, desde el Gobierno se han lanzado contra él por señalar la existencia de bajas fraudulentas. Sánchez, Yolanda Díaz, Mónica García… el patrón de siempre: cuando el dato incomoda, se ataca al mensajero. Pero aquí no hace falta un discurso político para demostrar que el problema existe. Basta con preguntarle a un detective.

Y aquí es donde entra la historia que da nombre a este artículo. David Blanco, de la agencia de detectives Gran Vía, lleva años destapando fraudes de este tipo, y el caso que me ha contado roza lo cómico si no fuera tan grave. Una trabajadora administrativa comunicó una baja por incapacidad temporal. A sus compañeros les había comentado, de pasada, que tenía molestias en la espalda y en el hombro. La empresa, con sospechas fundadas, contrató una investigación. Los detectives descubrieron que la empleada entrenaba pádel de dos a tres días por semana. Pero el hallazgo definitivo llegó cuando localizaron su inscripción en un torneo que se celebraba ese fin de semana. Acudieron, la grabaron, la fotografiaron con teleobjetivo… y ganó el torneo. Con el hombro que, supuestamente, no le dejaba trabajar.

Cuando la empresa vio el informe, no lo dudó: despido. Y aquí viene la parte que de verdad retrata el sistema. La trabajadora demandó alegando despido discriminatorio, porque creía —erróneamente— que estaba embarazada y que la empresa se había enterado por esa vía. No sabía que había un informe de detectives con fotos y vídeos. Cuando lo descubrió en la conciliación, se conformó con un despido procedente y una indemnización de 3.000 euros. Si hubiera llegado a juicio sin que la empresa tuviera esas pruebas, la factura habría rondado los 30.000 o 40.000 euros. Diez veces más, por ganar un torneo de pádel de baja.

Esto es mediocracia en estado puro: un sistema que, por defecto, protege al que hace trampas y penaliza al empresario que tiene que demostrarlo con teleobjetivo y factura de detective. Las empresas serias no tienen ningún interés en negarle una baja a quien la necesita. Lo que no pueden asumir es financiar torneos de pádel con el sudor —nunca mejor dicho— de quien sí va a trabajar todos los días.

Lo que no se mide no se controla, y este país lleva demasiado tiempo sin querer medir. Cuando el debate político se convierte en una batalla de relatos y se ataca a quien pone el dato sobre la mesa, el problema no se resuelve, se disfraza. Y mientras tanto, cada caso como este —multiplicado por miles— sale de los bolsillos de la Seguridad Social y de la competitividad de nuestras empresas.

Vamos a intentar aprender algo: la próxima vez que alguien les diga que hablar de fraude en las bajas es «criminalizar al trabajador», pregúntenle si ha oído hablar del torneo de pádel.

 ¡Se me tecnologizan!