La gran empresa tira del Atlas, pero la sostenibilidad sigue sin calar en todo el tejido gallego

El Atlas Gallego de la Empresa Comprometida 2025 se consolida, en su sexta edición, como una de las radiografías más completas del comportamiento empresarial en materia de sostenibilidad en Galicia. No es un informe más: las 80 compañías analizadas representan un volumen de negocio equivalente al 68,5% del PIB gallego, lo que lo convierte en un termómetro especialmente fiable para entender hacia dónde se dirige el tejido productivo.

Sin embargo, como ocurre con toda fotografía agregada, el valor del Atlas no está solo en lo que muestra, sino en cómo se interpreta. Y es precisamente ahí donde emerge una lectura crítica—y también más incómoda— de sus resultados.

A primera vista, el informe invita al optimismo. La muestra crece con fuerza, aumentando de 72 a 80 empresas, un incremento del 23,7%. Pero ese crecimiento es, en gran medida, aparente. La facturación agregada apenas se incrementa, pasando de 52.138 millones a 56.037 millones, lo que revela que las nuevas incorporaciones tienen un peso económico muy reducido.

El propio Atlas lo reconoce con claridad, la mayoría de las empresas adicionales facturan menos de 100 millones y apenas representan una fracción mínima del volumen total.

Este punto es clave porque condiciona toda la lectura de los indicadores. Al promediar por número de empresas —y no por peso económico—, la entrada de compañías pequeñas suaviza los resultados e incluso puede ocultar mejoras reales en las grandes corporaciones. No es un matiz técnico, es la clave interpretativa del informe. El Atlas revela una fotografía más real del tejido empresarial gallego, conformado mayoritariamente por pequeñas empresas.

En Buen Gobierno, la puntuación desciende ligeramente (de 6,1 a 6,0). Se observa una mejora en gobernanza y ética, impulsada por las grandes empresas, pero la transparencia retrocede (de 5,1 a 4,9) y cae la adhesión al Pacto Mundial de la ONU. No hay aquí un rechazo a la sostenibilidad, sino una limitación operativa: las pequeñas empresas, que ganan peso en la muestra, no cuentan con los recursos necesarios para reportar, formalizar o estructurar estos compromisos.

En relación a Medio Ambiente, se produce la mayor mejora (de 5,0 a 5,2), con un avance destacado en huella de carbono (de 2,9 a 3,8), claramente vinculado a la presión regulatoria europea. Sin embargo, retroceden variables como energías renovables, economía circular o certificaciones ambientales. De nuevo, el patrón se repite, las grandes avanzan porque pueden —y porque deben—, mientras que muchas pymes no pueden asumir los costes de certificación o inversión necesarios.

Así mismo en Entorno, la puntuación cae ligeramente (de 6,1 a 6,0). Mejoran aspectos como la inversión en I+D+i o la presencia del gallego, pero se amplía la distancia entre proveedores y clientes, reflejando una menor dependencia de proveedores locales. En un contexto de incertidumbre, las empresas —especialmente las grandes— diversifican mercados y cadenas de suministro, incluso a costa de impacto local o ambiental.

Finalmente, Personas, se registra una mejora (de 5,1 a 5,3), impulsada por la formación, que pasa de 24,3 a 38 horas por empleado. La digitalización y la adopción de nuevas tecnologías explican este avance. Sin embargo, a pesar de la presión social y normativa, la igualdad retrocede y la integración de personas con discapacidad sigue siendo uno de los grandes puntos débiles. El porcentaje de empresas sin ningún trabajador con discapacidad pasa del 22% al 28%. Este dato refleja una brecha clara: las grandes empresas, impulsadas por la regulación y por una evolución de sus modelos de gobernanza y recursos humanos, comienzan a incorporar perfiles más diversos; pero ese cambio no está permeando en las pequeñas, donde las limitaciones operativas y de estructura siguen pesando más que los objetivos sociales.

Este punto abre una reflexión más profunda que trasciende lo estrictamente empresarial. La transformación de los modelos laborales —más exigentes, más competitivos y más intensivos en cualificación— está redefiniendo también las trayectorias personales. El avance de la mujer hacia posiciones de liderazgo es incuestionable, pero plantea interrogantes incómodos sobre sus costes reales: conciliación, maternidad o renuncias implícitas que no siempre aparecen en los indicadores. Son cuestiones que el Atlas no mide, pero que forman parte del contexto en el que las empresas toman decisiones.

En conclusión, el Atlas señala una realidad difícil de esquivar, la sostenibilidad en Galicia avanza, pero no lo hace de forma homogénea. Son las grandes empresas las que tiran del cambio —invierten, miden, reportan y certifican— mientras que el grueso del tejido empresarial, formado por pymes, avanza con mucha más cautela. Y no por falta de voluntad, sino por una restricción mucho más determinante: la económica.

Aquí la Triple Bottom Line deja de ser un marco teórico para convertirse en un criterio de decisión. La sostenibilidad se adopta cuando es rentable: cuando reduce costes, cuando mejora la captación de talento o cuando minimiza riesgos regulatorios. Pero fuera de esos casos, encuentra un límite claro. Si el cliente final sigue priorizando el precio, la empresa —especialmente la pequeña— no puede asumir costes que no puede repercutir.

Por eso, el verdadero reto no está solo en exigir más a las empresas, sino en alinear todo el sistema. Regulación, mercado y consumidor deben avanzar en la misma dirección. De lo contrario, la sostenibilidad corre el riesgo de consolidarse como una ventaja competitiva de las grandes corporaciones —capaces de absorber costes y adaptarse—, pero no como un estándar real del conjunto del tejido empresarial.