ZP, la frontera entre asesorar e influir

¿Qué separa hoy el asesoramiento estratégico de la influencia política? La pregunta surge estos días cuando asistimos incrédulos a la imputación del ex presidente Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias. Más allá de los nombres propios, este episodio vuelve a poner de actualidad una realidad cada vez más visible: el creciente peso de consultores, intermediarios y lobistas en la relación entre gobiernos, empresas y grandes intereses económicos.

Si analizamos el caso desde una visión estrictamente profesional, el “Affair Zapatero” indigna a los profesionales sobre un problema recurrente en España, como es el de la confusión entre consultoría, lobbying y tráfico de influencias.

En el debate público que estamos “sufriendo” en España desde hace un tiempo, suele mezclarse cualquier actividad de asesoramiento estratégico, relación institucional o generación de contactos con algo sospechoso. Sin embargo, no todo es lo mismo.

El “Affair Zapatero”, que convulsiona la vida política y social de España en estos últimos días, presenta al ex presidente en diversos medios como un consultor en temas geopolíticos internacionales. Sin entrar a valorar lo que en principio refleja el auto por el cual está imputado, creo que es necesario fijar los campos en los que se mueve un consultor o un lobista. Porque los profesionales que se dedican a estas actividades no se limitan a proponer ideas. Analizan contextos, diagnostican problemas, identifican riesgos, acompañan decisiones y ayudan a las organizaciones a comprender mejor su entorno social, político y mediático. Y ese trabajo debe incluir conocimiento institucional, comprensión regulatoria y capacidad de interlocución, especialmente en sectores altamente expuestos a decisiones públicas. Pero eso está muy lejos de ser tráfico de influencias.

El lobbying —o “public affairs”, en una visión más amplia— consiste precisamente en gestionar la relación entre organizaciones e instituciones públicas para trasladar información, posiciones, propuestas e impacto potencial de determinadas decisiones regulatorias o políticas.

En los entornos más avanzados, el debate ya no gira sobre si el lobby debe existir, sino sobre cómo garantizar que se ejerza con transparencia, trazabilidad y reglas claras

No se trata únicamente de “tener contactos”. Su función profesional incluye análisis regulatorio, seguimiento legislativo, construcción de posicionamientos públicos, identificación de riesgos políticos y diálogo transparente con administraciones, reguladores, asociaciones y otros grupos de interés.

Un ejemplo especialmente visible lo estamos viviendo desde hace meses en Bruselas, donde compañías tecnológicas como Meta, Google, Microsoft o Apple despliegan grandes estructuras de “public affairs” para participar en debates regulatorios vinculados a la inteligencia artificial, competencia digital o protección de datos. La discusión alrededor de la AI Act europea, la primera gran ley integral del mundo para regular el uso y desarrollo de la IA, ha mostrado hasta qué punto la interlocución entre empresas, reguladores y sociedad civil forma ya parte estructural de la gobernanza digital contemporánea.

En algunas democracias modernas, esta actividad forma parte del funcionamiento normal del sistema institucional. Empresas, universidades, asociaciones empresariales, sindicatos, ONG o plataformas ciudadanas realizan actividades de lobbying cuando intentan explicar y defender legítimamente sus intereses ante los poderes públicos. De hecho, gran parte de las decisiones regulatorias serían peores si no existiera diálogo entre sector público y sector privado.

Por eso, en los entornos más avanzados, el debate ya no gira sobre si el lobby debe existir, sino sobre cómo garantizar que se ejerza con transparencia, trazabilidad y reglas claras.

El jurista y experto en gobernanza digital, Lawrence Lessig, lleva años defendiendo precisamente esta idea. Él señala que el problema no reside únicamente en la existencia de mecanismos de influencia, sino en las condiciones institucionales bajo las que esa influencia se produce y en la capacidad del sistema para hacerla visible y controlable.

Resido en Chile desde hace un tiempo, y creo que este país es un buen ejemplo en el ámbito iberoamericano. Desde hace años cuenta con una legislación específica que regula reuniones, agendas públicas e interacción entre representantes de intereses y responsables políticos. El objetivo no es impedir la interlocución, sino institucionalizarla y hacerla visible y verificable. Chile entendió antes que otros países de la región que la solución no consistía en negar la existencia del lobby, sino en dotarlo de mecanismos de transparencia pública que permitieran distinguir entre representación legítima de intereses e influencia indebida.

España, en cambio, sigue arrastrando la falta de una regulación que, visto lo visto, ninguno de los dos grandes partidos políticos españoles tiene mucho interés en desarrollar.

Frente a esto, el tráfico de influencias implica utilizar una posición de poder o cercanía para alterar indebidamente decisiones públicas en beneficio privado. Ahí es donde aparece el problema ético y, en muchas ocasiones, penal.

Por eso resulta tan importante reivindicar el papel profesional de la consultoría y del lobbing. Un buen consultor aporta análisis, criterio, contexto y capacidad de comprensión estratégica. Ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones, a anticipar riesgos reputacionales y a relacionarse de forma más inteligente con sus grupos de interés.

Y precisamente por eso, la profesionalidad también exige límites claros: transparencia, trazabilidad, códigos éticos y separación entre influencia legítima e influencia indebida.

En un entorno cada vez más polarizado y simplificado, diferenciar conceptos no es un matiz solo académico reducido a “papers” más o menos interesantes. Es una necesidad para mejorar la calidad del debate público y proteger el valor de profesiones que cumplen una función legítima dentro de las democracias modernas.