Solo doce municipios, uno de ellos gallego, solicitaron ser zona tensionada fuera de Cataluña

Mes y medio después de entrar en vigor el Índice de Precios de Referencia del alquiler, solo Cataluña ha declarado zonas de mercado residencial tensionado, mientras que en el resto de España apenas una docena de municipios ha solicitado esta declaración, que se niegan a activar las comunidades gobernadas por el PP.

Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos (Comunidad de Madrid); Rentería (País Vasco); Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Granadilla de Abona y La Orotava (Canarias); Gijón (Asturias) y A Coruña (Galicia) son los municipios que hasta el momento la han pedido oficialmente, según la información recabada por la Agencia EFE.

Solicitudes sin respuesta (de momento)

Ninguno de ellos la ha obtenido, ya que el PP, el PNV y Coalición Canaria, los partidos que gobiernan esas comunidades -y que votaron en contra de la ley de vivienda- rechazan la política de intervenir en los precios.

En esa línea, el PP ha promovido varios recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta ley, una de ellas del gobierno andaluz, que dice no haber recibido ninguna petición.

Entretanto, en Asturias, donde el único ayuntamiento que lo ha demandado ha sido el de Gijón -la mayor ciudad de la comunidad-, para los barrios de Cimadevilla y La Arena, el gobierno autonómico del PSOE ha optado por encargar un estudio a la Universidad de Oviedo para que defina las zonas de alquiler tensionado de la región.

Zona tensionada

La declaración de zona tensionada, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler y limitar las rentas de los grandes propietarios a lo que marca el Indice de Precios de Referencia.

El requisito para que un municipio pueda ser declarado zona de mercado residencial tensionado es que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.

Según datos del sector, la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco, Baleares y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor número de zonas de mercado tensionado, pero únicamente el gobierno catalán (presidido por ERC) ha habilitado este instrumento.

Ya el pasado agosto, a los tres meses de aprobarse la Ley por el Derecho a la Vivienda, el Govern declaró 140 municipios -en los que reside el 80 % de la población catalana- como zonas de mercado residencial tensionado y ahora ha iniciado los trámites para añadir otros 131, lo que abarca al 90 % de la población.

Madrid, en conflicto

En el resto de España, el PP se niega a hacerlo y, aunque gobierna en once de las diecisiete comunidades españolas, es en Madrid -a la cabeza de las comunidades que superaron sus precios máximos en marzo-, donde abandera el conflicto político con los ayuntamientos socialistas por este asunto.

Los alcaldes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Coslada, Parla y Ciempozuelos, que suman casi un millón de habitantes, quieren que sus ciudades sean declaradas zonas tensionadas, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no lo permite, por lo que los regidores del PSOE llevarán a la Asamblea regional una iniciativa legislativa municipal.

Propuesta de Sumar

Para resolver esta situación, Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso que insta al Gobierno a reformar la ley de vivienda para establecer que los «entes locales puedan instar subsidiariamente la declaración cuando se cumplan los requisitos y la comunidad autónoma no lo haya declarado pasados seis meses de la petición».

Los socialistas, que durante la negociación de la ley de vivienda con Podemos la pasada legislatura descartaron esa opción, se mostraban entonces confiados en que la presión de sus votantes llevaría al PP a cambiar de opinión.

El caso gallego

En el caso de Galicia, solo A Coruña ha presentado la solicitud de declaración de zona tensionada, con el argumento de que es la tercera ciudad de España, tras Madrid y Barcelona, con mayor incremento en los precios, mientras que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha anunciado en varias ocasiones su intención de hacerlo, pero aún no la ha presentado.

La Xunta, no obstante, alega que la solicitud estaba incompleta y ha establecido un procedimiento en el que pide numerosa documentación de carácter técnico, que por el momento ningún ayuntamiento gallego ha completado.