Antifrau: el modelo sociovergente de la sanidad ha facilitado el “negocio”

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IRREGULARIDADES

22 de julio de 2013 (21:46 CET)

La sociovergència ha existido, o sigue funcionando en algunos ámbitos. El modelo sanitario catalán ha sido alabado durante años. Fue una creación de los gobiernos de CiU, con la participación de cuadros y profesionales que procedían, sin embargo, de colectivos y partidos de izquierda, como el PSUC o el PSC. Con esa complicidad se dirigió la sanidad catalana, con dos claros impulsores: Josep Laporte y Xavier Trias, que apostaron por la colaboración del sector público con el pionero sector privado catalán.

Pero el propio sistema ha provocado importantes disfunciones o irregularidades. Y la Oficina Antifrau (OAC) ha decidido entrar de lleno.

El director de la OAC, Daniel de Alfonso, aseguró este lunes en el Parlament que, precisamente ese modelo ha provocado “un manejo de lo público desde lo privado, en beneficio de lo privado, sin duda”.

Confusión público-privada

De Alfonso, que intervino en la comisión de investigación en el Parlament sobre los casos de irregularidades que se han detectado en la sanidad catalana, explicó que su equipo ha impulsado en el último año y medio hasta once actuaciones relacionadas con el posible uso irregular de recursos públicos en el sector sanitario.

La confusión entre lo público y lo privado es enorme, a juicio de De Alfonso, que puso algunos ejemplos de los que ha investigado la OAC. Una de las cuestiones centrales es que existe una falta de control interno de los consorcios hospitalarios.

“El negocio está servido”, apuntó De Alfonso, porque existen incompatibilidades producto de los intereses privados de algunos gestores, que se encargan de dirigir un consorcio.

También se producen irregularidades porque algunas entidades gestoras están vinculadas a un grupo empresarial privado concreto.

Bagó, "un caso de libro"

De Alfonso compareció en la comisión junto a otros gestores convocados por los diputados en la comisión de investigación. El director de la OAC se refirió al grupo turístico y sanitario Serhs, al considerar que su presidente, Ramón Bagó, gestionó dinero público en beneficio propio como director del Consorci Sanitari de Catalunya (CSC).

“Bagó es un caso de libro”, según De Alfonso, de gestión de fondos públicos desde el ámbito privado en beneficio propio.

La idea es que un gestor se puede “autocontratar”. ¿Cómo? Es el caso de Bagó, investigado por la Fiscalía de Barcelona tras un informe, precisamente, de la OAC. “Por supuesto que se incumplió la ley”, afirmó en su comparecencia De Alfonso.

Bagó habría dispuesto “de forma privada de lo público en su interés”, porque muchas de las adjudicaciones del Consorci Sanitari Català se hicieron a empresas de su grupo.

El director de la OAC, en cambio, descartó, por ahora, que esas irregularidades sirvieran para la financiación de partidos, tras una pregunta de ICV.

Alabanzas a Trias y a Geli


Toda esa relación, interiorizada en los consorcios hospitalarios catalanes, llevó a Carles Manté, ex director del Servei Català de la Salut (CatSalut) entre 2004 y 2007, a asegurar, también en la comisión de investigación, que se creó un modelo sanitario que “algunos le llaman sociovergència”, en referencia al modelo mixto de gestión en algunos hospitales.

Manté alabó la gestión de los ex consellers de Salut, Xavier Trias, y Marina Geli, CiU y PSC.

Una operación de "desprestigio"

Geli, que dirigió la sanidad catalana en los siete años de tripartido, aseguró, también este lunes en el Parlament, que no tenía constancia de ninguna irregularidad, y pidió un nuevo impulso para mantener el modelo público-privado.

Marina Geli consideró que la crisis debe permitir ahora mejorar determinados aspectos y disipar las dudas sobre actuaciones que han quedado fuera de ley. Por ahora, hay dos casos en los juzgados, Innova y Sant Pau.

La ex consellera denunció una operación para "desprestigiar" y "desmontar" el modelo catalán. A su juicio existe "un revisionismo total que puede dar alas a los que utilizan la crisis para asegurar que el sector público no puede gestionar porque es ineficiente". Respecto a los casos de irregularidades, "los jueces decidirán".
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