Una imagen de la concentración independentista de este martes en Estrasburgo, en la que Puigdemont solo participó vía videoconferencia. EFE/Patrick Seeger
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La no asistencia de Puigdemont a Estrasburgo supone el último incumplimiento del expresident, experto en vender promesas imposibles

Iván Vila

Economía Digital

Una imagen de la concentración independentista de este martes en Estrasburgo, en la que Puigdemont solo participó vía videoconferencia. EFE/Patrick Seeger

Barcelona, 02 de julio de 2019 (14:28 CET)

Estaba cantado. Pese a que amagó con hacerlo hasta el último minuto, Carles Puigdemont optó finalmente por no acudir a Estrasburgo para no arriesgarse a ser detenido al pisar suelo francés. Y se limitó a intervenir vía videoconferencia en la concentración que había convocado el Consejo para la República, el organismo parainstitucional que él mismo preside, en protesta por la postura de la Junta Electoral Central (JEC) y del propio Parlamento Europeo, que le han impedido tomar posesión de su escaño en la sesión constituvia de la Eurocámara.

El modus operandi empieza a ser habitual. Esta es la tercera vez que el expresident y su entorno venden como segura la asistencia de Puigdemont a un acto al que, si acudiera, es de dominio público quepodría ser detenido para, finalmente, renunciar a última hora hacer acto de presencia precisamente con el argumento del riesgo de detención.

La primera de esas ocasiones, y la más sonada, fue el pleno de investidura del 30 de enero de 2018, que finalmente no se celebró porque, tras el veto del Tribunal Constitucional a una investidura a distancia, el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó la sesión -que ya no llegaría a celebrarse,- para enfado del expresident y su formación, Junts per Catalunya (JpC), que desde entonces le han reprochado esa decisión a Torrent y a su partido, ERC.

Puigdemont y la alarma policial en el Parlament

La especulación, alimentada por el propio Puigdemont y su entorno, de que el candidato a la investidura podía acabar apareciendo por sorpresa en la cámara catalana propició una alarma policial que se tradujo en un despliegue que incluyó registros a las alcantarillas de alrededor del edificio del Parlament y hasta al maletero del vehículo en el que acudía al pleno el entonces líder de los comunes, Xavier Domènech. Pero Puigdemont, claro, ni siquiera se acercó. Nunca pisó suelo español.

La resolución del TC y el pleno fallido no evitaron que JpC, exprimiendo los plazos, volviera a especular durante los meses siguientes con la posibilidad de intentar investir al expresident, hasta que, ya en mayo, Torrent y ERC volvieron a frenar un nuevo amago de investidura a distancia impulsado por los posconvergentes y fue Quim Torra el elegido para asumir la presidencia de la Generalitat.

De todos modos, Torra se definió como ”custodio” y proclamó que el presidente legítimo seguía siendo Puigdemont y que la prioridad de su presidencia sería “restituirlo” en su puesto, como al resto de consellers y altos cargos cesados durante la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Las promesas de Puigdemont: de la restitución a la inmunidad

Ese compromiso se mantuvo un año, hasta que, tras presentarse como número uno de la candidatura de JpC a las elecciones europeas, el expresident renunció explícitamente a recuperar su antiguo cargo, oficializando la renuncia al principal compromiso electoral con el que concurrió como cabeza de cartel de los posconvergentes a los comicios al Parlament del 21 de diciembre de 2017: el de volver a Cataluña, el de recuperar su despacho en la Generalitat.

Un objetivo que ya entonces, con Puigdemont huído de la justicia española e instalado en Bruselas, resultaba inverosímil, pero en el que JpC no dejó de insistir hasta sustituirlo por otro igualmente difícil de cumplir: el del salto del expresidente catalán al Europarlamento. Lo que, siguiendo la lógica del independentismo, supondría automáticamente la obtención de una inmunidad que le dejaría definitivamente fuera del alcance del Tribunal Supremo, incluso aunque volviera a pisar suelo español.

Con esa premisa y la de que la inmunidad de los europarlamentarios es de aplicación desde el mismo día en que son escogidos en las elecciones, defendida igualmente por sus abogados incluso después de que los propios servicios jurídicos del Europarlamento lo negaran en un informe sobre el asunto, Puigdemont y su entorno flirtearon con la posibilidad de que el expresident se presentara en Madrid ante la junta electoral para acatar en persona la Constitución, trámite preceptivo para poder tomar posesión después como eurodiputado.

Eso sí, mientras lo hacían, maniobraban tratando de activar planes alternativos. El primero, solicitar a la JEC que enviara sus credenciales de eurodiputados electos a Puigdemont y el número dos de su candidatura, el exconseller Toni Comín, también huído, sin necesidad de pasar por Madrid, solicitud que fue desestimada. El segundo, un intento de acatar la Constitución por persona interpuesta, expediendo poderes para hacerlo a su abogado Gonzalo Boye, que fue quien se presentó en el Congreso ante una junta electoral que no le compró la idea, claro.

Puigdemont encadena portazos

Puigdemont y Comín recurrieron entonces -mediante una carta remitida por el eurodiputado en funciones del Pdecat Ramon Tremosa- al presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, pidiéndole que tomara medidas para garantizar “la inmunidad y privilegios” que ambos entienden que ya les son de aplicación. Pero Tajani se lavó las manos y se limitó a recordarles que España no les ha incluido en la lista de eurodiputados electos y que, mientras no sea así, él no puede hacer nada.

Pese a los portazos de la JEC, los servicios jurídicos y el presidente del Parlamento Europeo y el Tribunal General de la Unión Europea, que el lunes rechazó aplicar las medidas cautelares que Puigdemont y Comín le pidieron para poder ser investidos mientras el tribunal resuelve sobre el fondo del recurso que han presentado, el expresident siguió amagando hasta ultimísima hora con su presencia en Estrasburgo.

Puigdemont hizo noche en un hotel en la localidad alemana de Kehl, junto a la frontera con Francia, y, ya con la concentración en la localidad francesa iniciada, miembros de su comitiva –que incluía a Boye; a la esposa del expresident, Marcela Topor; a su amigo Josep Maria Matamala; al vicepresidente del Parlament, Josep Costa, y al periodista Xevi Xirgo, director de El Punt Avui- difundieron mensajes en las redes amagando con una eventual asistencia de Puigdemont y Comín al acto.

La batería de pistas (falsas) incluyó hasta una fotografía de Estrasburgo tuiteada por Boye simulando que ya estaba allí, aunque se trataba de una imagen sacada de Internet, una táctica que ya usó Puigdemont el 30 de octubre de 2017, tres días después de la aplicación del 155, cuando a primera hora de la mañana colgó en su cuenta de Instagram una foto del cielo de Barcelona tomada desde el interior del Palau de la Generalitat, dando a entender que había acudido a su despacho como un día cualquiera, cuando en realidad, ya estaba en Bélgica.

Al final, con sus incondicionales ya concentrados frente al Parlamento Europeo, y como era de esperar, se anunció que se descartaba la asistencia del expresident y el exconseller por el riesgo de ser detenidos. Riesgo que ha sido conocido desde siempre, aunque el lunes, sus abogados empezaron a insistir en ello, preparando el terreno para el nuevo plantón.

De hecho, el verano del año pasado, Puigdemont ya anunció que acudiría a una charla a Perpiñán, en el departamento francés de Pirineos Orientales, la también llamada “Catalunya Nord”, pero finalmente tampoco asistió por recomendación de sus abogados, que ya entonces advirtieron de la existencia de un tratado entre España y Francia de persecución en caliente que permitiría a la policía española detenerlo en suelo francés y trasladarlo directamente a una prisión española, sin solicitud de extradición de por medio.

Se trata del mismo acuerdo bilateral que se ha vuelto a esgrimir ahora como razón de causa mayor para volver a incumplir una de esas promesas maximalistas que Puigdemont y JpC se han acostumbrado a usar como gancho propagandístico e incluso como gasolina electoral, aunque sean del tipo de las que, cuando se hacen, ya se sabe que resultarán imposibles de cumplir.

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