Torra cumple un año de gobierno: todas las promesas incumplidas

El gobierno de Quim Torra cumple este domingo un año marcado por una inoperancia que apenas ha camuflado a base de redoblar la propaganda y una retórica reivindicativa a todo volumen. Sucede que ni siquiera se han hecho carne las promesas hechas en clave de “hacer republica”, por usar la expresión a la que Torra se aferró en su discurso de investidura y que el independentismo institucionalizado ha convertido en mantra, sin que se sepa muy bien qué significa.

Aquí va un repaso de los principales incumplimientos de un ejecutivo que, tras el colapso que supusieron el 155 y la detención o la fuga de los integrantes del gabinete de Carles Puigdemont, se ha mostrado más preocupado por mantener inflamada a la parroquia independentista y por disimular las flagrantes tensiones entre los dos socios que lo integran, Junts per Catalunya (JpC) y ERC, que por desplegar una gestión efectiva y una verdadera acción de gobierno.

Las leyes suspendidas

Torra prometió en su investidura recuperar 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). Pese a que poco después, cuando Pedro Sánchez descabalgó a Mariano Rajoy y llegó a la Moncloa, los socialistas también plantearon esa recuperación, hasta ahora solo se ha formalizado –y parcialmente– la de la ley contra los desalojos y la pobreza energética, al retirar el ejecutivo del PSOE dos de los tres recursos planteados contra ella al TC.

Inicialmente, Torra advirtió que, si Sánchez no retiraba antes los recursos que bloqueaban todo el paquete de normas, volvería a aprobarlas a final de 2018. Pero, de momento, solo ha iniciado los trámites para recuperar cuatro de ellas: la del cambio climático, la de igualdad entre hombres y mujeres, la de la creación de la Agencia de Protección Social y la de consumidores de cannabis. Y son unos trámites en fase aún embrionaria: en enero, el govern anunció el inicio de la elaboración de una memoria preliminar, con intención de buscar redactados adaptados a las resoluciones del Constitucional y que no choquen con el Gobierno.

Los compromisos de gestión

Esos problemas a la hora de reactivar las leyes sociales son extensibles al conjunto de la gestión del govern. De hecho, solo se han aprobado dos nuevas leyes: la de supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès, un ente que llevaba años siendo un muerto viviente, y la de espacios agrarios. El Parlament también ha modificado cuatro leyes en lo que va de legislatura: la de la renta garantizada de ciudadanía (esta a instancias del PSC y por unanimidad); la de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público; la del Consell Nacional de la Cultura y las Artes, y la de la presidencia de la Generalitat, diseñada para avalar una investidura a distancia de Puigdemont y que acabó anulada por el TC.

La reducción de tasas universitarias, la creación de un fondo extraordinario para los ayuntamientos que gestionan directamente ayudas sociales, la liquidación de las deudas con estos por la financiación de las guarderías, el despliegue reglamentario de la ley de la infancia, la actualización del decreto de los comedores escolares, la reducción de las listas de espera, la elaboración de un plan de inversiones en infraestructuras y transporte público o el despliegue reglamentario de la ley de la infancia o de la que garantiza los derechos de las personas LGTBI (pese a que en este último caso, Torra prometió en su investidura que se haría “con carácter inmediato”) son solo algunos de los compromisos que siguen pendientes.

Y tampoco ha habido noticia del igualmente prometido plan de choque para incrementar el parque de vivienda pública. A cambio, eso sí, se ha aprobado un decreto que abre la puerta a regular el precio de los alquileres en determinadas zonas, pero la norma, que ya tuvo que ser retirada en una ocasión por falta de apoyos, no ha acabado de dejar contento a nadie más que a los partidos del govern, –y eso después de un agrio enfrentamiento entre ellos– y todavía está pendiente de ser convalidado por el Parlament.

El presupuesto “más social”

El fracaso de gestión más sonado hasta la fecha del govern Torra es su imposibilidad para aprobar el presupuesto de 2019, sin el cual, difícilmente pueden revertirse los recortes de los años de la crisis. El ejecutivo se pasó meses negociando las cuentas de puertas para adentro, porque no había acuerdo entre JpC y ERC, y, tras encontrar un mínimo común denominador, el proyecto presupuestario embarrancó definitivamente en la fallida negociación con los comunes.

Torra y su vicepresidente y hombre fuerte de ERC en el govern, Pere Aragonès, llegaron a presentarlo como el presupuesto “más social” de la historia, pero en realidad, nunca pasó de la fase de proyecto ni llegó siquiera a ser presentado en el Parlament, sabedor el ejecutivo de que no disponía de apoyos para aprobarlo. Torra insistió el mes pasado en que volvería a intentar tirarlo adelante pasado el ciclo electoral, pero no parece que ahora lo tenga más fácil que antes, estamos en junio y ni siquiera está claro que la legislatura llegue a final de año, así que las cuentas ni están ni se las espera.

El consejo de la república

Cuando a Torra se le reprocha la bajísima actividad de su gobierno, siempre se remite a las dificultades que ha tenido que afrontar y la complejidad que comportaba retomar el control de la administración tras medio año de intervención en virtud del artículo 155 y con líderes en prisión o en el extranjero. Y a que su absoluta prioridad es responder al “mandato del 1-O”. El problema es que también a la hora de construir esa pared maestra de su ejecutivo, la maquinaria se ha gripado, como le ha reprochado la propia Assemblea Nacional Catalana (ANC), que como la CUP, hace tiempo que acusa al govern y al president de haberse instalado en una retórica tan inflamada como vacua, en un postureo independentista que es puro ruido carente de nueces.

Para muestra, el llamado «consejo para la república», el más cacareado de los organismos que integran la estructura parainstitucional que Torra vendió en su investidura para “hacer efectiva la república”. El consejo se vendió inicialmente (cuando era “de” y no “para” la república) como una especie de gobierno en el exilio liderado por Puigdemont, que lo presentó a final de octubre vía videoconferencia en el Palau de la Generalitat en un acto con toda la pompa, pese a que el govern se encargó de dejar claro que era un organismo de naturaleza privada y sin un euro de presupuestos proveniente de las arcas públicas.

Ese día, Puigdemont avisó de que él podría llegar más lejos que Torra porque a él ya no podrían volver a aplicarle el 155. Pero el caso es que, a los pocos días, anunció que el consejo solo se activaría cuando llegara al millón de inscritos. Semanas después, visto el bajo ritmo al que avanzaban las adhesiones, que aún hoy no llegan a las 70.000, matizó que lo haría o bien cuando se llegara al millón de inscritos –que tienen que abonar un mínimo de 10 euros– o, en caso de no hacerlo, en un periodo de entre seis meses (que se cumplen ahora) y un año. Desde entonces, no ha vuelto a haber noticia.

La asamblea de electos

Junto al consejo, Torra anunció otras dos patas de la estructura parainstitucional diseñada para desplegar políticas rupturistas sin necesidad de que el govern se manche las manos. La primera, una “asamblea de electos” que recuperaba la idea impulsada la legislatura anterior por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), consistente en crear un registro voluntario de cargos electos, en su mayoría concejales, que, hipotéticamente, y según su propia terminología, asumiría “la defensa de las instituciones catalanas” en caso de una intervención por parte del Gobierno.

El registro ya existía cuando se aplicó el 155, como es notorio, sin resistencia alguna, lo que supone el mejor resumen de la eficacia de la herramienta. Torra volvió a mentarla en su investidura, pero no se ha dado ningún paso para reactivarla.

El proceso constituyente

La tercera pata era  un “foro social y cívico constituyente” que se suponía que iba a empezar a preparar una eventual república catalana y esbozar una constitución para la misma. Esa figura, ausente, a diferencia del consejo para la república, del acuerdo de gobierno suscrito por JpC y ERC, se la sacó de la manga el president en una conferencia en septiembre. 

Lo que acabó presentando mes y medio después fue un “consejo asesor” para impulsar el mencionado foro presidido por el cantautor y exdiputado de Junts pel Sí Lluís Llach, que en la misma presentación acabó rebajando las expectativas, dejando claro que el consejo no tenía por objetivo iniciar la redacción de constitución catalana alguna, y que tampoco lo haría el  foro, si se acabara creando. Por lo demás, sus objetivos declarados se solapan con algunas de las funciones  reservadas al consejo para la república, y dos de sus miembros, el economista Miquel Puig (ahora concejal electo de ERC por Barcelona) y la abogada Dolors Feliu, ya se han bajado del carro. ¿Resultados? Por ahora, ninguno que se sepa.

La restitución de Puigdemont

El principal caballo de batalla del ejecutivo catalán, junto con la protesta contra la prisión preventiva y las causas judiciales abiertas, ha sido la “restitución” de cargos fulminados y organismos desmantelados durante la aplicación del 155. Y, en esa línea, el plato fuerte de entre los compromisos del govern Torra ha sido la restitución de Puigdemont, al que, desde que le ungió como sucesor, el actual president se somete disciplinadamente. Pero, pese a las promesas, y como era de esperar, no ha habido restitución. Y, hace tres semanas, Puigdemont la descartó, renunciando públicamente a aspirar a suceder a Torra.

El expresident alegó al respecto que lo han intentado todo, pero que han topado con la ”muralla de ingeniería legal” que el Estado ha levantado para impedirlo. Una muralla, dicho sea de paso, cuya  construcción era perfectamente previsible cuando se prometió su restitución.

Cuando fue a la portavoz del govern, Meritxell Budó, a quien le tocó explicarse sobre esa renuncia, la atribuyó a la negativa del Parlament a celebrar el pleno de investidura de Puigdemont. Obviaba Budó que la promesa de Torra de trabajar para la restitución del líder huido fue posterior a ese episodio. Y también que, sacándola a colación, no hacía más que sacudir uno de los gravísimos encontronazos entre los dos socios que integran el gobierno catalán, uno que ha marcado la legislatura incluso desde antes de la constitución de una coalición de gobierno que a menudo parece que, en medio de la parálisis, apenas se sostiene a base de cuchilladas.