Colau se aísla del pacto contra la pobreza energética que firma toda España
Barcelona frena el mismo convenio con las grandes eléctricas que han firmado autonomías y ayuntamientos de toda España sobre el 93% de los clientes
Toda España está cubierta por convenios entre empresas subministradoras y administraciones para prevenir la pobreza energética… ¿Toda? La ciudad gobernada por la irreductible Ada Colau (BCN en comú) resiste. Barcelona es uno de los escasos municipios españoles que, de momento, está al margen de estos convenios. La Generalitat, las administraciones locales catalanas y las compañías subministradoras debían cerrar un convenio contra la pobreza energética antes del 31 de enero. El plazo finalizó sin acuerdo.
El gobierno de Carles Puigdemont ha anunciado que se han dado más tiempo para negociar. Desde las grandes compañías energéticas se subraya la voluntad de alcanzar un acuerdo y, como prueba, recuerdan que han firmado centenares de convenios para prevenir la pobreza energética con gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos y entidades de toda España.
Convenios de gobiernos autonómicos y ayuntamientos
Gas Natural, por ejemplo, que ha firmado 18 convenios contra la pobreza energética que suponen la protección del 93% de sus clientes en España. Entre estos pactos, siete se han formalizado con gobiernos autonómicos: Madrid, Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra y Comunidad Valenciana. En el País Vasco, se ha subscrito a través de la Cruz Roja.
También se ha llegado a acuerdos con diputaciones, con asociaciones de municipios y con ayuntamientos como Zaragoza, A Coruña, Castellón, Logroño o Salamanca. Curiosamente, Gas Natural mantiene un convenio que abarca el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con una única excepción: su capital, Barcelona.
Endesa también ha firmado convenios por toda España. Un portavoz de la compañía indica que firmaron un con el AMB que incluía a Barcelona, pero eso fue en tiempos del alcalde Xavier Trias (Pdecat). Con Colau, la sintonía no es la misma, aunque desde el pasado septiembre las eléctricas han mantenido el suministro en Barcelona a las familias con recibos pendientes.
El sector apunta que si todavía no se ha firmado el convenio que se negocia con la Generalitat y los ayuntamientos catalanes, no es por la falta de compromiso de las empresas, sino por las posiciones del consistorio de Barcelona. En el borrador acordado por los gobiernos de Puigdemont y Colau se plantea que el coste de la pobreza energética se repartirá a partes iguales entre los municipios y las compañías.
Pobreza energética: las grandes compañías firman convenios con todo el mundo menos con Colau
Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona también pretende incluir en este capítulo el coste del servicio de la red de puntos de información ciudadana sobre pobreza energética. Colau anunció hace unas semanas que retrasará los pagos de las facturas pendientes de clientes vulnerables con el objetivo de presionar las grandes compañías para que firmen el convenio.
La alcaldesa de Barcelona ha emprendido una cruzada política contra las grandes energéticas. De momento, éstas la han obligado a repetir el concurso para el suministro de los edificios municipales y del alumbrado público. Gas Natural señala que todavía quedan por resolver las “carencias” en el procedimiento de intercambio de información –entre compañías y administración- para detectar los casos de pobreza energética en los que no se cortará el subministro.
También queda por concretar las ayudas y como se reparte el coste. Desde las compañías se sugiere una harmonización con la normativa estatal actualmente en trámite.
