Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona. /EFE/Andreu Dalmau

Colau usa los contratos menores del AMB para su guerra con Agbar

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El Área Metropolitana de Barcelona pide consejo al artífice del mayor proceso de privatización del agua en Cataluña

Barcelona, 12 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

Se sabe que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es una acérrima defensora de la municipalización del agua, pero no tanto que estaba dispuesta a usar instrumentos a su alcance como la capacidad de contratación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) —un organismo supramunicipal que preside— para realizar dos adjudicaciones de asesoría a un extraño aliado: Leonard Carcolé, que fue hace unos años el diseñador de la mayor operación de privatización de aguas de Cataluña.

¿Por que Colau contrató a Carcolé, que destacó por todo lo contrario de lo que desea la alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB? Para encargarle dos trabajos de asesoramiento en la supervisión de la gestión de Abemcia (el operador privado del ciclo del agua cuyo socio mayoritario es Agbar).

Desde sus anteriores cargos de director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y presidente de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) durante el gobierno de Artur Mas, Carcolé preparó en 2012 la privatización de ATLL. Aquella operación acabó en un estrepitoso fracaso. El Tribunal Supremo anuló en 2018 el concurso y adjudicación de ATLL al consorcio encabezado por Acciona.

Sin embargo, Ada Colau y su hombre de confianza para los asuntos del agua, Eloi Badia, han recurrido a Carcolé. Badia, cabe recordar, es concejal del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente del área de ecología del AMB.

El AMB adjudicó dos contratos de asesoramiento a Carcolé con tan solo seis meses de diferencia: el primero, en noviembre de 2018, por un importe de 14.900 euros (18.029, con IVA), en favor de su empresa Capiol Infraestructure & Asset Management; y el segundo, en mayo de 2019, por 14.500 euros (17.545, con IVA), a título personal por su condición de ingeniero. Con estos importes, los contratos evitaron el proceso de concurso público y la adjudicación fue directa.

Demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas

La oposición política en el consejo metropolitano está examinando este tipo de contratos menores con lupa después de un demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas que, al fiscalizar el ejercicio de 2016 del AMB, detectó centenares de irregularidades en esta modalidad de convenios.

Las fuentes políticas consultadas ponen énfasis en el “objeto” de los contratos menores que se adjudicaron directamente a Carcolé. Ambos están relacionados con Abemcia, el operador del círculo del agua en la mayor parte de los municipios metropolitanos de Barcelona, que está controlado por Agbar (70%) y participado por Criteriacaixa (15%) y la propia AMB (15%).

Por el primer contrato, el AMB encargó a la empresa de Carcolé asistencia técnica para la “supervisión” del actual operador y, en el segundo, un peritaje sobre el “mecanismo de revisión de la tarifa del agua” que aplicaba Abemcia en 2018.

Curiosamente, en septiembre pasado, estalló una polémica sobre el recibo del agua. El gobierno de Colau culpó a Agbar de la subida durante los meses del estado de alarma, pero la compañía de Ángel Simón desarmó las acusaciones.

El concejal Badia ha hecho bandera de sus discrepancias con Agbar. Cuando la Generalitat privatizó ATLL, Agbar quedó fuera, y cuando el Ayuntamiento de Barcelona impulsa la municipalización del agua, lo hace a costa de Agbar, concesionaria del servicio en la mayor parte de los municipios metropolitanos a través de Abemcia. Precisamente, el Tribunal Supremo confirmó en noviembre pasado la legalidad de esta concesión.

Exdirectivos de Agbar

En realidad, Carcolé trabajó durante años para Agbar. Fue director general del Grupo Agbar en Cataluña así como máximo responsable de su división de medioambiente.

En la reseña biográfica que ha colgado en la página web de la empresa Capiol, Carcolé recuerda cuando dirigió la Agencia Catalana del Agua, a las órdenes del gobierno de Artur Mas, estuvo “liderando la privatización de los recursos hídricos por un total de 1,5 mil millones de euros”, en referencia a la venta de ATLL.

Capiol no solo ha trabajado para el AMB sino también para otros ayuntamientos que han mantenido enfrentamientos con Agbar como Barcelona, Terrassa y Ripollet.

El Ayuntamiento de Ripollet contrató el asesoramiento de Capiol para asumir la gestión directa del agua y, así, apartar a Sorea (grupo Agbar). El gobierno está en manos de Decidim Ripollet, una formación integrada por la CUP y diversos grupos alternativos.

El año pasado, la empresa municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, que preside Badia, contrató a Capiol por 17.545 euros para evaluar el sistema de fuentes públicas de la ciudad.

Esta asesoría también elaboró un informe relativo a “la posibilidad de segregación” de la red de agua potable de Barcelona para gestionarla de forma independiente del resto de la red metropolitana.

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