Dos personas con mascarillas por el coronavirus, uno de ellos mirando el móvil. Foto: EFE/Orlando Barría/Archivo

Expertos critican las patrullas de Marlaska en la red: "Es propaganda"

stop

Distintos abogados dudan sobre la efectividad de que la policía salga a 'pescar' delitos en internet

Cristian Reche

Economía Digital

Dos personas con mascarillas por el coronavirus, uno de ellos mirando el móvil. Foto: EFE/Orlando Barría/Archivo

Madrid, 16 de abril de 2020 (04:55 CET)

No dejan de aparecer dudas en torno a los anuncios del ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska. Su intención de aplacar en internet las informaciones falsas y malintencionadas por el coronavirus, las ya conocidas como fake news, puede no llevarse a cabo de manera efectiva según los expertos consultados, quienes concluyen que sus palabras quedarán reducidas únicamente a la categoría de eslogan.

"Que la policía patrulle por las calles y actúe si ve que están atracando una joyería es algo normal y lógico. Si esa misma pareja de agentes se dedicara día a día a pedir las cámaras de seguridad de los establecimientos para buscar culpables sin que se hubiese producido ningún delito, nadie lo entendería", pone como ejemplo David Maetzu, abogado experto en derechos digitales.

Para el también abogado Carlos Sánchez Almeida, director legal de Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), es difícil que las proclamas de Grande-Marlaska se puedan materializar. "Es propaganda política", resume.

Almeida, especialista en delitos informáticos y derecho digital, defiende su postura en que, según expone, este tipo de investigaciones prospectivas, en las que se sale a cazar delitos sin que haya denuncias de que se hayan producido, han sido rechazadas en el pasado.

El precedente lo sentó el desaparecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien fue muy contundente contra este tipo de prácticas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada el 5 de septiembre de 2017. Para Maza debía descartarse el inicio de investigación alguna cuando las denuncias se fundaban exclusivamente en "meras hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones”.

Distintos abogados creen que las investigaciones prospectivas en redes sociales son de dudosa legalidad

Otro claro ejemplo fue lo que sucedió años atrás en la denominada Operación Araña, donde se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional a multitud de acusados por sus comentarios en Twitter. La Guardia Civil y la Fiscalía imputaron delitos a un largo listado de tuiteros, sin diferenciar qué habían hecho (parte de ellos utizó la red social para amenazar, pero otros tan solo hicieron críticas políticas o comentarios irónicos). Muchas acusaciones no solo quedaron sin condena, sino que se volvieron en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a quienes afearon sus métodos de rastreo en la red social.

Todo ello lleva a Almeida y a Maetzu a insistir en que, pese a que actualmente la policía tienen capacidad suficiente cruzar datos de fuentes abiertas (información personal en redes sociales y foros, por ejemplo) e investigar al detalle a los internautas, cada caso debe analizarse detalladamente y contar con supervisión judicial.

Quién decide qué es un bulo

El problema para perseguir los bulos empieza en la propia definición de qué es o deja de ser un bulo. Es lo que expone otro experto, Borja Adsuara, quien explica que los jueces deben interpretar y aplicar las normas actualmente vigentes y no modificar las leyes para sancionar los bulos, como sugirió hace unos días en rueda de prensa el propio ministro de justicia Juan Carlos Campo.

Adsuara concreta que el Código Penal no recoge la difusión de bulos como un delito en sí mismo, aunque en muchas ocasiones sí se materializan en delitos como el de injurias, calumnias o el de odio.

Perseguir las noticias falsas es un rompecabezas: primero hay que definir qué es un bulo y, seguidamente, concluir si constituye algún tipo de delito

Pero Adsuara también cree que es imposible fiscalizar todas las informaciones erróneas, porque no todas son punibles. Se amparan en la Libertad de Expresión o Libertad de Opinión, que es subjetiva (art. 20.1.a de la Constitución).

Por ejemplo, citando las palabras del propio ministro Grande-Marlaska, que afirmó en un primer momento que se centraría en aquellas fake news que causaran "estrés social", el abogado considera que es un terreno difícil de explorar por su ambigüedad, porque nadie sabe exactamente qué es "estrés social".

Por todo ello, siguiendo la línea de lo que declaran Almeida y Maetzu, Adsuara también cree que los anuncios de Grande-Marlaska no pasarán de ser titulares de prensa o notas que "no tendrán un desarrollo mayor".

El 'ciberpatrullaje' ya ha comenzado

De momento, Grande-Marlaska ha dado esta semana las primeras cifras de bulos recopilados por la Oficina de Coordinación Cibernética, la encargada de vigilar las fake news sobre el coronavirus. 

El titular de interior explicó en una rueda de prensa desde La Moncloa que esta oficina de coordinación cibernética ha registrado 200 eventos de desinformación grave sobre vacunas caseras, información sobre nuestros sanitarios y documentos oficiales modificados.

Horas más tarde, fuentes ministeriales explicaron a Economía Digital que las palabras del ministro se referían a una práctica que desde Interior se lleva a cabo de forma periódica. Se trata del denominado ciberpatrullaje , que practican tanto las unidades tecnológicas de la Policía Nacional como de la  Guardia Civil. También los servicios del ministerio.

Las mismas voces cuentan que estos bulos solo se ponen en conocimiento de las instancias judiciales y fiscales cuando se percibe que pueden revestir un ilícito penal.


Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad