El conseller Comín se encuentra dos querellas contra Catsalut por amañar concursos

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Este jueves de madrugada se ha desplegado el nuevo servicio de ambulancias en Girona y Tarragona con polémica: empiezan con retraso y con sendas denuncias contra el director del servicio catalán de salud

Toni Comín, en el Parlament con el cantante y diputado de Junts pel sí Lluís Llach

Barcelona, 14 de enero de 2016 (04:00 CET)

Toni Comín ha tomado posesión este jueves como conseller de Salut. El ex dirigente socialista, ahora cercano a ERC, deberá lidiar con los problemas del servicio sanitario catalán, fruto de los recortes de su predecesor, Boi Ruiz. Pero también se encontrará con una chapuza que se ha culminado justo horas antes de su toma de posesión: el concurso de las ambulancias, que le recibe con dos querellas contra el director del Catsalut que se presentarán este mismo jueves.

La Generalitat debía desplegar el nuevo servicio del transporte sanitario urgente, después de un polémico concurso, el 2 de diciembre. Pero dos lotes, el de Camp de Tarragona y el de Girona, quedaron colgados. Curiosamente, se han desplegado este jueves de madrugada, en las últimas horas de Boi Ruiz, dando lugar a dos querellas criminales por presunta prevaricación en la adjudicación.

Denuncias en Girona y Reus

Como anunció este miércoles, Ambulàncies Reus presentará este jueves una querella criminal contra Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut (Catsalut), así como contra el director del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Francesc Bonet, y cinco responsables más de este organismo.  

A la de Ambulàncies Reus, referente al lote C (Camp de Terragona), se le sumará la de Consorci de Transport Sanitari (CTSC) Regió Girona, que perdió el concurso del lote E, en Girona, que se lo llevó Transports Sanitaris de Catalunya (TSC). Las razones de la querella son las mismas: la adjudicación se realizó a pesar de que la empresa beneficiaria no cumplía los requisitos y la mesa de contratación lo sabía.

Sin ambulancias ni locales

Pere María Martínez, director general de CTSC Regió Girona, ha explicado a Economía Digital que "el despliegue se ha hecho con recursos que no se ofertaron", con conocimiento por parte de la administración. CTSC denuncia que de los 44 vehículos que presentó TSC a la oferta, 31 estaban siendo utilizados en Canarias.

Además, dicha empresa no contaba con los locales de que decía disponer. De hecho, después del concurso tuvo que alquilar tres bases a quien fue su rival en la adjudicación, la denunciante CTSC. El lote está valorado en 24 millones de euros.

"La oferta presentada por TSC era, sin duda y desde un inicio, una oferta orientada a sumar los máximos puntos posibles para conseguir la adjudicación con independencia de los medios realmente disponibles", argumenta el consorcio gerundense, que considera que "se estaría produciendo una grave participación en las irregularidades denunciadas" por parte del responsable del Catsalut y de los miembros de la mesa que adjudicó el lote.

Adjudicación amañada

En el lote C, de Camp de Tarragona, Ambulàncies Reus ve delitos de prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos. El lote se adjudicó a la UTE Egara-Lafuente, valorado en 17,8 millones de euros.

La empresa querellante argumenta que la adjudicación del lote C se amañó y existía un acuerdo previo para que el concurso se lo llevara la UTE liderada por Ivemon Ambulàncies Egara, "a sabiendas de que no reunía los requisitos de adjudicación y no cumplía con los criterios que fueron valorados en los informes técnicos para incrementar caprichosamente la oferta presentada".

Según la denuncia, los informes que avalaron la adjudicación a la UTE Egara-Lafuente se habrían realizado "en connivencia con el director general del Catsalut y los representantes" de la UTE ganadora del concurso, "considerando la concurrencia de requisitos inexistentes que habrían sido aparentados por la adjudicataria".

Concurso polémico y millonario

El Govern sacó a concurso el año pasado los 13 lotes del transporte sanitario urgente, pero las protestas por la adjudicación a un singular grupo danés obligaron a la Generalitat a rectificar. Aun así, la decisión final no satisfizo a muchas empresas, que presentaron siete recursos ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un órgano dependiente de la Generalitat que los desestimó.

El concurso de las ambulancias era el más importante de la pasada legislatura en Cataluña, con un valor total de 2.143 millones de euros si se llega al máximo de diez años de vigencia.

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