El Gobierno catalán intenta aislar a Foment del Treball

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ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD

Cristina Farrés

El presidente de la Generalitat, Artur Mas (izquierda), y el de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà (derecha), en una imagen de 2014
El presidente de la Generalitat, Artur Mas (izquierda), y el de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà (derecha), en una imagen de 2014

en Barcelona, 24 de marzo de 2015 (20:54 CET)

El Gobierno de Artur Mas intenta imponer un nuevo orden de fuerzas en el reparto de la representatividad en la patronal catalana. La oposición al proceso independentista de la organización empresarial más histórica de la comunidad, Foment del Treball, ha propiciado un movimiento jurídico que esta semana debe ser bendecido por los expertos económicos de la Generalitat, el Consell de Treball Económic i Social de Catalunya (CTESC).

La comisión de trabajo del organismo presidido por el ex consejero del Govern Lluís Franco cerrará hoy el texto que se someterá a votación en el pleno del viernes.

Peso simbólico de la decisión del CTESC

La opinión del CTESC al proyecto de orden (una figura legislativa catalana) sobre la representatividad de las patronales no será vinculante, pero tiene un gran peso simbólico en su aprobación final. Mas es consciente de ello, indican fuentes cercanas al presidente de la Generalitat. Por esa razón, ejerce toda la presión que puede para que la iniciativa legislativa reciba el espaldarazo de los expertos económicos.

Foment del Treball no se quedará de brazos cruzados. La patronal ha dejado claro, según los mismos interlocutores, que batallará para defender su plaza actual de organización más representativa del territorio, por delante de Pimec y Fepime (su organización dedicada a las pymes consiguió identidad propia en las mesas de diálogo de la Administración en los tribunales).

Acreditación de empresas ante la Administración

El nuevo pulso entre la patronal adscrita a la CEOE y el Gobierno catalán está servido. Por ello, el dictamen del CTESC será angular para valorar el futuro de una norma que exige a las patronales que acrediten ante la Administración el número de empresas a las que representan.

El principal problema de la norma es que, tras el enunciado, el Gobierno de CiU ha obviado detallar por dónde pasa esa acreditación. Deja en el aire saber si, por ejemplo, se tienen en cuenta las compañías que no están al corriente de pago u otras cuestiones más cruciales como valorar el peso concreto de una compañía en el mapa empresarial catalán.

Si se mira la facturación, muchas compañías no tienen al día las cuentas consolidadas en el Registro Mercantil. ¿Se deben tener en cuenta los empleados? ¿Y el negocio exterior que generan? ¿Y la internacionalización? ¿O se trata de un mix de todas estas variantes?

Aprobar antes del fin de la legislatura

Mas y el consejero de Empresa, Felip Puig, no cuentan con ningún referente en este sentido en el resto de España. La tramitación de la norma debe ser rápida. El objetivo del Govern es conseguir un nuevo mapa patronal, con organizaciones más favorables a su discurso, antes de la convocatoria de las elecciones catalanas.

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