El govern Torra usa sus recortes para atacar a Sánchez

Aragonès responsabilizará en el Parlament al Gobierno de la orden que dio de rebañar un 6% el presupuesto de todos los departamentos de la Generalitat

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El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, aprovechará este miércoles su comparecencia ante el Parlament, en la que tiene que dar cuenta del recorte del 6% del gasto público anunciado hace dos semanas, para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Aragonès ordenó el 6 de agosto a todos  los departamentos del gobierno de Quim Torra y a todas las empresas públicas dependientes del mismo que aplicaran el recorte, del que solo quedan exentas las nóminas de los empleados públicos, los servicios básicos y los gastos ya comprometidos previamente.

Los comunes y la CUP reaccionaron al anuncio solicitando que Aragonès compareciera en la diputación permanente del Parlament, pero finalmente se acordó que lo haga en la comisión de Economía y Hacienda.

Los recortes se convierten así en una complicación más de cara a la futura negociación de los presupuestos de la Generaltiat para el año que viene, sobre los que los comunes y la CUP son los partidos que, junto con el PSC, se han abierto a entablar conversaciones.

Torra reclama a Sánchez 1.300 millones

Pero, a su vez, el gobierno catalán esos mismos recortes los usará como arma arrojadiza para apretarle las tuercas a Sánchez en la fase final de la negociación para la investidura. Los de Torra le reclaman al ejecutivo central 1.300 millones de euros, tal y como este lunes subrayó la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó.

Ese montante se divide en dos paquetes. Uno de 483 millones, que son los que entiende el govern de Junts per Catalunya (jxCat) y ERC que corresponden al decalaje que se genera al haber modificado este año el sistema de liquidación del IVA de las autonomías, en virtud del cual, la devolución de esa cantidad correspondiente a este 2019 no la recibirá la Generalitat hasta el año que viene, generando un desajuste contable.

Los otros más de 800, el govern considera que el ejecutivo de Sánchez tendría que avanzárselos porque la recaudación autonómica ha sido mayor este año que el pasado. “El gobierno español , con la excusa de que está en funciones y con prórroga presupuestaria, está transfiriendo cada mes a la Generalitat los mismo recursos del modelo de financiación que el año 2018, y se queda todo el aumento de recaudación”, protestaba este domingo Aragonès en una entrevista en El Nacional.

Esos serán los argumentos que el vicepresident económico reiterará en su comparecencia del miércoles, concebida así no solo con afán justificatorio, sino también como el inicio de un nuevo pressing de los partidos independentistas a Sánchez de cara a un eventual segundo intento de investidura para el que el plazo se agota el 23 de septiembre.

La Generalitat, dos años con prórrogas presupuestarias

La Generalitat, que por segundo año seguido tiene que apañárselas con una prórroga de los presupuestos de 2017, los últimos aprobados por el Parlament, ya se encontró en 2018 con problemas para cuadrar las cuentas a final de curso, problemas que comportaron tensiones entre los departamentos gestionados por ERC y los que están en manos de JxCat, además de renuncias a compromisos como la aportación anual del gobierno catalán al consorcio de vivienda de Barcelona, que los de Torra redujeron unilateralmente de nueve a seis millones.

Este 2019, Sánchez ofreció una inyección económica a la Generalitat que, paradójicamente, no se concretó porque los partidos independentistas tumbaron el presupuesto estatal y precipitaron el fin de la legislatura. Y a mediados de julio, el govern ya renunció a aplicar el curso 2019-20 la prometida reducción de dos horas lectivas para los profesores mayores de 55 años porque la prórroga presupuestaria no permite asumir el impacto económico de la medida, tasado en 144 millones de euros.

Ahora, el plan de Aragonès en caso de no conseguir una entrada de dinero consiste en preservar los sueldos de los funcionarios, los compromisos ya adquiridos –por ejemplo, los de las subvenciones ya concedidas– y los servicios básicos de salud, educación, vivienda, protección social y seguridad, y recortar todo lo demás de ahora a final de año.

El plan consiste en eso y en culpabilizar a Sánchez, claro. Ya lo dejó claro el propio vicepresidente catalán cuando en su cuenta de Twitter reaccionó a la petición de comparecencia de la CUP y los comunes mostrándose «dispuesto a comparecer para explicar las consecuencias de la asfixia económica del gobierno español contra Cataluña».

 

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