El negocio del control del dopaje en España se queda en punto muerto

El control del dopaje en el mundo del deporte español vive una tensión inusual que se atribuye a la red de intereses extendida en el sector durante años y que ha llevado al país a tener una de las peores consideraciones sobre la limpieza de sus prácticas en el panorama internacional. Todo partió del concurso público lanzado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) para externalizar la toma de muestras con un proveedor de servicios independiente y con intención de erradicar las malas prácticas denunciadas sobre la situación en España.

Pese a los esfuerzos de la agencia que dirige el comandante de la Guardia Civil Enrique Gómez Bastida, España sigue incumpliendo los estándares internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje y de la Unión Europea para frenar el uso de fármacos o sustancias que mejoren artificialmente el rendimiento de los deportistas.

Conflicto de intereses

La AEPSAD cuenta con una red de 200 médicos acreditados encargados de realizar los controles.
Uno de los problemas que debe superar la AEPSAD es el conflicto de intereses de algunos de los facultativos encargados del control de dopaje. De hecho se da la paradoja de que muchos de los responsables de tomar las muestras de los deportistas tienen una relación directa con estos al actuar como médicos privados, de federaciones o centros de alto rendimiento.

Por otro lado, la ley de dopaje aprobada hace dos años tampoco ha sido aún desarrollada y supone que la legislación vigente tenga diez años.

En ese marco, y con el concurso público convocado, la AEPSAD provoca un terremoto entre los vampiros al intentar revertir la situación de hecho que se estaba produciendo en España y que había convertido al país en un paraíso internacional del dopaje, según explican fuentes del sector. «Un reducido núcleo duro de los agentes tradicionales con claros conflictos de intereses presionan primero para que se alargue el proceso de adjudicación y prefieren a la empresa PWC ya que por su falta de recursos, capacidades e infraestructura en España, les obligaría a operar con ellos, a hacerles partícipes del nuevo servicio», asegura un especialista independiente consultado.

Adjudicaciones paralizadas

Professional Worldwide Controls (PWC) resulta inicialmente adjudicataria del concurso en 2014, con una oferta de 911.000 euros, pero un recurso de la compañía sueca International Doping Tests & Management (IDTM), pionera en el sector, logra paralizar la adjudicación. El Tribunal Administrativo Especial da la razón a IDTM admitiendo que existieron errores en el procedimiento y valoración. La decisión del tribunal revirtió el proceso al hacer una valoración objetiva de ambas ofertas. La mesa de contratación debería entonces dar ejecución a la resolución del tribunal, pero en cambio se excede en sus funciones, lo cual supone un acto nulo pero que al mismo tiempo permite a PWC interponer un recurso que paraliza de nuevo la ejecución del contrato. El antidopaje en España sigue prisionero de una parte de los antiguos vampiros con el amparo del grupo alemán.

Tras la resolución del tribunal y en colaboración con la agencia dirigida por Gómez Bastida, IDTM estableció en tiempo récord una estructura para iniciar una verdadera lucha antidopaje en España. La estructura operativa desplegada implica a casi 100 personas dirigidas por un equipo internacional de reconocido prestigio y experiencia. Esta compañía sueca desarrolla operaciones de antidopaje en más de 60 países de los cinco continentes y también es proveedora de las principales federaciones deportivas internacionales.

Vieja guardia del antidopaje

Ante esta situación de bloqueo procesal la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se ha visto obligada a apelar, de nuevo, a la vieja guardia del control antidopaje para realizar los controles. «Ese grupo –asegura un representante de la Administración– intenta desprestigiar el proceso de formación planificado por IDTM y la Agencia Española para impedir la acreditación de nuevos agentes que pongan en solfa los privilegios y malas artes de la antigua estructura».

El concurso, según el tribunal especial está plagado de errores, y su desarrollo de ilegalidades y actos «radicalmente nulos». De hecho, las irregularidades han sido denunciadas y reconocidas por dos veces por el Tribunal Administrativo Especial, algo insólito en la contratación pública española. La situación de bloqueo es tal, que para continuar con la lucha antidopaje efectiva en España parece que la única salida sea la anulación del concurso y publicación de una nueva convocatoria transparente, libre de errores y defectos de forma y valoración. Al final, aseguran los expertos, aquí se juega el prestigio del país en ese proceso de poner en valor la Marca España.