La muerte del fiscal del Estado, José Manuel Maza, que se reunió con Carles Puigdemont, obliga ahora al Gobierno a reaccionar, en mitad de las causas del Procés. EFE

José Manuel Maza, una muerte inesperada en mitad de las causas del Procés

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La muerte del Fiscal del Estado, José Manuel Maza, deja ahora al Gobierno la responsabilidad de responder con un nuevo perfil en mitad de las causas del Procés

Carlos Carnicero

La muerte del fiscal del Estado, José Manuel Maza, que se reunió con Carles Puigdemont, obliga ahora al Gobierno a reaccionar, en mitad de las causas del Procés. EFE

Madrid, 18 de noviembre de 2017 (22:24 CET)

A José Manuel Maza Martín (Madrid 23 de octubre de 1951- Buenos Aires, 18 de noviembre de 2017) le ha sorprendido la muerte en la capital argentina, a donde se había desplazado el pasado lunes para asistir a un congreso de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Llegó a Buenos Aires con malestar al que no le prestó demasiada importancia y con algo de fiebre. Su estado fue empeorando hasta el punto que en las dos jornadas previas a su ingreso en el hospital Bazterrica se había quedado reposando en el hotel.

Al comprobar que no mejoraba su estado y tras diagnosticarle una infección renal, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de la capital donde finalmente falleció ayer sábado, de forma sorprendente.

José Manuel Maza fue designado Fiscal General del Estado en noviembre de 2016, en sustitución de su antecesora Consuelo Madrigal, que cesó automáticamente en su cargo al formarse el nuevo gobierno. La elección de Maza se produjo después de que Consuelo Madrigal renunciara a un nuevo mandato.

Maza apenas ha estado al frente de la Fiscalía un año, en sustitución de Consuelo Madrigal

Considerado un jurista brillante, autor de varios libros sobre psiquiatría legal y forense, exclusión de la responsabilidad penal y sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ha sido considerado magistrado conservador y en varias ocasiones emitió votos particulares en sentencias trascendentes. Se posicionó a favor de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón al considerar que era consciente de su falta de comparecencia en la instrucción de una causa contra los crímenes del franquismo. También se opuso como magistrado del Tribunal Supremo a la aplicación de la doctrina Botín, que finalmente permitió archivar la causa penal contra el ex presidente del Banco de Santander.

Con criterio independiente y pudiera decirse en sentido contrario, fue ponente de la decisión de archivar la querella de Manos Limpias contra los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón por su presunta financiación desde Irán.

Fue reprobado por votación del Congreso de los Diputados junto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, al que le unía una gran amistad y el fugaz Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, al que había designado en una decisión que fue polémica.

En los momentos actuales, en su condición de Fiscal General dirigía la acusación de las causas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo contra los organizadores del referéndum ilegal de Cataluña y la declaración de independencia, miembros del Govern de la Generalitat, los presidentes de las asociaciones Ómnium Cultural y Asamblea de Cataluña, los integrantes de la Mesa del Parlament y el ex mayor de los Mossos, José Luis Trapero.

El Gobierno deberá decidir ahora el perfil que desea para el nuevo Fiscal, con los exconsejeros en prisión

Además de la tragedia de su fallecimiento en Argentina, a donde había viajado en compañía de su esposa, el suceso sorprende al Gobierno en un momento delicado de las causas penales por la pretendida independencia de Cataluña y en espera de la ejecución de la Euroorden de detención y traslado a España desde Bélgica del ex president Carles Puigdemont.

Supone para el Gobierno, por tanto, un reto al tener la responsabilidad de elegir un nuevo Fiscal, en el transcurso del mayor problema para el Estado. La decisión de Maza de presentar una querella contra los miembros del gobierno catalán con acusaciones de delitos que suponen largas penas de prisión, como el delito de rebelión y secesión, dejó tocado al Ejecutivo español, justo después de la jugada de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución con la convocatoria de elecciones para el 21-D, que dejó en una situación muy delicada al bloque independentista.

Ahora tiene una oportunidad para mantener el rumbo o variarlo en función del perfil del nuevo Fiscal del Estado.

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