El presidente del Parlament, Roger Torrent. EFE
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El bloque independentista congela el primer pleno postvacacional hasta octubre para dirimir su pulso sobre Puigdemont y el resto de diputados suspendidos

Barcelona, 24 de julio de 2018 (21:04 CET)

Las hondas discrepancias en el seno del bloque independentista se traducirán en un lockout del Parlament de dos meses y medio. O 76 días, por precisar. Ese será el período que transcurrirá sin que se celebre ningún pleno en la cámara catalana a raiz de la decisión de la mayoría soberanista de posponer el primero tras las vacaciones hasta los días 2, 3 y 4 de octubre, justo después del primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O. 

Eso, por lo que respecta al pleno que tiene que acoger el primer debate de política general de la legislatura. La sesión que quedó suspendida la semana pasada, precisamente a causa del choque entre Junts per Catalunya (JpC) y ERC en torno a la suspensión del expresidente catalán Carles Puigdemont, se celebrará todavía más tarde, el 10 y el 11 de octubre.

La decisión de dilatar el parón estival como si fuera un hígado de pato evidencia hasta que punto es compleja la resolución del conflicto

La decisión de dilatar el parón estival como si fuera un hígado de pato evidencia hasta qué punto es compleja la resolución del conflicto abierto, por más declaraciones de buena voluntad que se hagan desde JpC y Esquerra. La última, expresada este mismo martes por la consellera de Presidencia y portavoz del gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi, que dio por “cerrada” la crisis entre JpC y ERC, pese a admitir acto seguido que no hay ningún acuerdo al respecto.

Sin cobrar desde el 13 de julio

Y eso que por fin ha quedado claro que Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros cuatro diputados cuya suspensión dictó el juez Pablo Llarena ya están efectivamente suspendidos. Lo admitió la propia Artadi, que explicó que, por decisión de la Auditoría de Cuentas del Parlament, los seis dejaron de cobrar automáticamente desde que el 13 de julio la cámara catalana recibió la notificación de la interlocutoria de Llarena.

Es un dato que ya apuntó la semana pasada el líder del PSC, Miquel Iceta, pero hasta ahora no habían querido confirmar ni los dos grupos a los que pertenecen los diputados afectados por la medida ni el propio Parlament. 

De hecho, la difusión del dato sobre las retribuciones provocó una nueva protesta de JpC, que entiende que la decisión debería haberla tomado la Mesa del Parlament, y no el aparato administrativo de la institución, e insistió en que la retirada del sueldo no tiene su "aval político". Hasta ahora, tanto la formación puigdemontista como ERC, que también alegó que no avalaba la medida y que trabajaría para revertirla, habían esgrimido que la decisión sobre la suspensión se tomaría en el marco de la mesa o del pleno.

El quid, la sustitución de Puigdemont

El conflicto abierto la semana pasada se refiere a la forma en que se aplica una eventual sustitución de los diputados afectados por la interlocutoria de Llarena. La propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, y de su partido, ERC, era permitir que otros diputados votaran por ellos, con una fórmula muy similar a la de las delegaciones de voto que ya se estaban aplicando en el caso de los seis. JpC pretendía excluir de la medida a Puigdemont, pero Esquerra se niega a establecer diferencias entre el expresident y los diputados encarcelados.

Ante la falta de acuerdo, la celebración de un pleno, por un lado, evidenciaría que Puigdemont, Junqueras y los otros cuatro diputados afectados ya están efectivamente suspendidos, lo que desmentiría el relato soberanista, que afirma lo contrario. Y, por otro, dejaría al bloque independentista en minoría en la cámara, al no poder contar con ninguno de esos seis votos ni tampoco con el de Toni Comín, congelado desde hace dos meses para evitar problemas legales.

La oposición montó en cólera y denunció lo que entiende que es una instrumentalización de la institución

La CUP planteó llevar el asunto a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que aún no se ha constituido, pero no obtuvo el aval ni de JpC ni de ERC, que se supone que también abogan porque sea esa comisión la que acabe abordando la cuestión, y por tanto no pudo elevar la propuesta a la mesa. 

La oposición montó en cólera y denunció lo que entiende que es una instrumentalización de la institución, puesta a hibernar en pleno verano para que JpC y ERC puedan dirimir sus cuitas internas y deshacer un embrollo que ha hecho aflorar con virulencia las diferencias estratégicas entre ambos socios de gobierno.

Septiembre clave

El caso es que posponiendo el primer pleno postvacacional hasta octubre, puigdemontistas y republicanos ganan tiempo y salvan un septiembre que será un mes clave tanto para definir la relación entre ambos, así en el Parlament como en el gobierno, como para clarificar si los planes del independentismo pasan por tratar de alargar la legislatura o por precipitarse a unas nuevas elecciones.

Es en septiembre cuando está prevista la conferencia política de Quim Torra cuyo contenido el presidente quiere consensuar con las dos formaciones. Y también tras el verano es cuando el ejecutivo catalán prevé presentar su plan de gobierno y celebrar un segundo encuentro entre Torra y Sánchez, asuntos que, junto con la convención que en otoño tiene que acabar de definir la naturaleza de la Crida Nacional per la República de Puigdemont, resultarán cruciales para determinar el futuro de la legislatura en el Parlament, y puede que también en en las Cortes.

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