La élite de la abogacía alerta de ilegalidades en las municipalizaciones
Cuatro altos abogados aseguran que la municipalización sin causa justificada podría tener consecuencias legales para los políticos que la impulsen
La élite de la abogacía española lanza un mensaje de alerta: la municipalización de los servicios públicos gestionados por empresas privadas sin justificación alguna es una práctica ilegal que pone en riesgo a los políticos que la impulsan.
El exministro de Justicia, Francisco Caamaño, el presidente del tribunal administrativo de contratos públicos de Aragón, José María Gimeno, el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y el exdirector de los servicios jurídicos del Estado, Gonzalo Quintero Olivares, han advertido este martes en Madrid sobre los peligros de la remunicipalización sin causas justificadas y guiadas sólo por motivos ideológicos.
Los tres catedráticos en Derecho y el expresidente del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sentaron el libro Servicios público e ideología. El interés general en juego, editado pro Profit Editorial, una obra en la que detallan el marco jurídico apto para llevar a cabo este tipo de procesos, y que fue presentada en la Cámara de Comercio.
Los expertos legales explican que para municipalizar hay que cumplir con ciertos requisitos legales
El jurista José María Gimeno asegura que para iniciar un proceso de remunicipalización como los que están llevando a cabo en España los llamados “ayuntamientos del cambio”, principalmente impulsados por Podemos y sus coaliciones, no basta con apararse en la voluntad de la administración local.
Gimeno explica que debe haber motivos jurídicos razonables para emprender una acción de este tipo que afecta las inversiones de las empresas privadas. Es decir, es necesario que exista “causa expropiandi”.
Falta de vigilancia pública
La élite de la abogacía española ha coincidido en que las municipalizaciones deben justificar una mayor eficiencia del servicio para retirar los contratos a las administraciones públicas.
Tanto el exministro Francisco Caamaño como el catedrático en Derecho Gonzalo Quintero explicaron que algunos excesos cometidos por las empresas privadas en claro abuso a las cláusulas contractuales han favorecido la nueva corriente política que plantea la remunicipalización.
El expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala, asegura que las administraciones han faltado a su obligación de vigilar el cumplimiento de los contratos al haber diseñado pliegos “copia y pega”.
Todos los expertos en leyes concluyen que la colaboración público-privada puede garantizar a prestación de servicios públicos de calidad siempre y cuando la administración cumpla su papel de controlador y vigilante.
