Trapero, la semana pasada, a su llegada al Tribunal Supremo. Foto: EFE/JCH
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Las escuchas de la emisora de los mossos el día del referéndum revelaron que su prioridad era vigilar los movimientos de policías y guardias civiles

Barcelona, 20 de marzo de 2019 (21:00 CET)

El mayor Jose Luis Trapero lo negó en su declaración, pero la investigación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona reveló que el 1-O tanto el instituto armado como la Policía Nacional fueron objeto de vigilancia por parte de los Mossos d'Esquadra, que además tenía como prioridad informar de los movimientos de los agentes de ambos cuerpos de seguridad.

Así lo contó este miércoles en el Supremo el comandante de la Guardia Civil encargado de analizar los correos electrónicos del exconseller Joaquim Forn desde que fue nombrado y también las grabaciones de las conversaciones mantenidas mediante la emisora de radio entre agentes y mandos de la policía catalana el día del referéndum ilegal.

En esas grabaciones, los guardias civiles eran “banderines”, y los policías nacionales, “escudos”. Se trataba de controlar sus movimientos, por lo que los puntos donde estaban acuartelados, fuera el aeropuerto de Girona, el puerto de Barcelona o la comandancia de Sant Andreu de la Barca, eran objeto de vigilancia, explicó el testigo.

Objetivo prioritario

Según contó el comandante, a los agentes de la policía catalana se les transmitió que la orden de comunicar los movimientos y la dirección que tomaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “tenían prioridad sobre cualquier otra”. Y también se pasaron matrículas y fotografías de vehículos camuflados para comprobar si eran o no coches policiales.

Cuando un convoy de policías o guardias civiles se acercaba a algún centro de votación, la consigna que se daba a los agentes desde la sala regional de los Mossos desde la que se coordinaba el operativo de la policía catalana era que se apartaran para no aparecen en ninguna imagen de las intervenciones de los otros cuerpos de seguridad.

Las grabaciones, añadió el testigo, también recogían planes que los concentrados en los distintos centros de votación tenían para cuando llegaran policías y guardias civiles. Planes como el de atornillar las urnas o el de impedir el paso a los agentes colocando en primera línea a niños y ancianos, que los mismos concentrados les habían explicado a las patrullas de los Mossos y que estas transmitían después a sus superiores por la emisora.

En la misma sesión también emergió un email de 2017 en el que el comisario de Investigación Rafel Comes informaba a Trapero de una reunión en la que el entonces secretario de Hacienda Lluís Salvadó le había hablado de la posibilidad de que en un escenario futuro los Mossos asumieran todas las competencias policiales en Cataluña y además, también tareas de defensa como las correspondientes al control de puertos y fronteras.

Aparte de eso, y de la nota de color de que emergiera en la sala el nombre de Quim Torra porque fue visto llevando cajas a la nave en la que días después sería interceptado el material electoral para el 1-O, poco más dio de sí una jornada en la que siguió el desfile de guardias civiles y en la que, visto lo poco que aportaron muchas de las declaraciones, se empezó a evidenciar la sobreinflacción de testigos, de los que en la causa hay citados más de 500.

Episodios de tensión

Hasta una decena de agentes y mandos del instituto armado citados por la fiscalía pasaron por la Sala de Plenos del Supremo. Algunos narraron más episodios de tensión a la salida de los distintos registros efectuados el 20 de septiembre de 2017.

Así, si el martes se relataron los problemas a la hora de abandonar el domicilio del entonces número dos de Junqueras, Josep Maria Jové y también la sede del departamento de Acción Exterior, este miércoles se recordó que la Guardia Civil tuvo problemas para abandonar la nave de Bigues i Riells donde se encontró el material para el referéndum, y que la comitiva judicial que acudió al departamento de Trabajo optó por salir por un párquing anexo en lugar de por la puerta principal para evitar a los cientos de personas allí congregadas para protestar, entre ellas, numerosos funcionarios del propio departamento. 

Además, un agente que participó en el registro en la sede de Economía ratificó que, como había declarado la secretaria judicial Montserat del Toro, la tarea se completó entre las 8.30 y las 9 de la noche, aunque no aportó gran cosa al impactante relato que había hecho la letrada.

Testigos irrelevantes o desacreditados

Por lo demás, pasaron frente al tribunal numerosos agentes que se encargaron de revisar emails interceptados a los varios de los consellers procesados y también a los líderes de la ANC y Òmniu, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Pero no solo también aportaron poco a efectos probatorios, porque lo que cuenta, como el juez Manuel Marchena recordó de forma reiterada, son los propios correos, ya recogidos en la causa. Sino que en algunos casos las defensas consiguieron desacreditarlos.

Es lo que pasó con dos agentes que habían analizado correos de Sànchez y a los que el abogado de este, Jordi Pina, hizo admitir que, pese a haber insinuado antes lo contrario, no encontraron ningún mail enviado por él que incitara a la violencia. O con el agente que confundió a Marta Rovira, secretaria general de ERC, con Marta Rovira Martínez, una socióloga que había cruzado correos con Cuixart.

En otros casos, ni siquiera hizo falta que las defensas se esforzaran: en seguida se evidenció que se trataba de agentes que no podían aportar nada porque nada relevante recordaban de su participación en algún operativo o del encargo concreto recibido en el marco de alguna investigación. Así que si el martes el aluvión de testigos uniformados —y no visibles en la retransmisión televisiva— había dejado a las defensas en fuera de juego, este miércoles a quien se le acabó atragantando el empacho de guardias civiles fue a la fiscalía. 

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