La Hacienda catalana sólo tiene el 10% de los inspectores que necesita

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Junqueras pretende ahora cubrir las "necesidades básicas" con el contrato de 150 profesionales, consciente de las enormes dificultades para edificar una hacienda propia

Carles Puigdemont acompañado de Oriol Junqueras y Joan Vidal

Barcelona, 09 de marzo de 2016 (01:00 CET)

La Agencia Tributaria Catalana sólo cuenta con el 10% de los inspectores que necesita. Se trata de 15 inspectores de Hacienda para cubrir todo el territorio y en sus delegaciones provinciales la Inspección sólo tiene un miembro del colectivo un día a la semana. Con esos mimbres el Govern de Carles Puigdemont se enfrenta a la tarea de impulsar una hacienda propia.

Después de varios intentos de crear un cuerpo fiscal catalán tal como lo pretendía Joan Iglesias –autor del último diseño encargado por Artur Mas y Francesc Homs- el Departamento de Economía tiró la toalla en la etapa reciente de Andreu Mas-Colell. El cálculo actual para "cubrir las necesidades mínimas es de 150 profesionales", a criterio del secretario general de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.


Una desconexión precipitada

El Departamento todavía no sabe si los 150 profesionales serán todos inspectores, pero sí que muchos de ellos tendrán la categoría de subinspectores de oposición. La formación del personal ha sido hasta hoy otro escollo insalvable, porque la Generalitat solo ha convocado oposiciones residuales comparadas con las del resto de España, que se efectúan cada cuatro años con temarios conocidos al estilo de las que se hacen para los notarios, los letrados del Estado o los llamados técnicos comerciales (economistas del Banco de España y de organismos reguladores).

La gestión del aparato político del Gobierno autonómico ha desgastado al Departamento en un momento crucial para Catalunya (a 16 meses de la desconexión con España según el president Carles Puigdemont). Si se produce la desconexión pronto podremos hablar de zona cero. El desastre podría ser mayúsculo, a criterio de las fuentes consultas.

Puigdemont desconoce los mecanismos que iluminan la contabilidad nacional de un país normal, aunque sea pequeño. Las energías políticas se destinan hoy a la rehabilitación de la retórica. Porque hace 25 años que la Generalitat tiene la competencia traspasada y, en este tiempo, Cataluña sólo ha incorporado a 25 inspectores, uno por año, según recuerdan las fuentes consultadas.


Sólo gestores tributarios

Pero ahora sólo quedan 15; es decir, el crecimiento de la plantilla ha sido negativo, no cubre ni las defunciones, ni las bajas prolongadas, ni las comisiones de servicio ni las jubilaciones. La Dirección General de Tributos de la Generalitat cuenta en total con unas 300 personas. La mayoría, si se descuentan bedeles, seguridad y administración interna, son los llamados gestores tributarios, personal incorporado de despachos fiscalistas privados que ocupan el puesto que debería estar reservado a los subinspectores.

Pero en toda Cataluña no cuenta ni con diez subinspectores. El esfuerzo que hizo Antoni Castells, consejero de Economía entre 2003 y 2010 fue en vano. Se habló entonces de incorporar a 40 subinspectores de otras zonas del Estado. Se ofertaron las 40 plazas, pero solo se han incorporado dos. ¿Quién quiere ir a Cataluña para trabajar a destajo y dejar Ciudad Real, Murcia o La Rioja, pongamos por caso, con el mismo sueldo y una tercera parte de la presión que tendría aquí? Nadie, apuntan las mismas fuentes.


La tecnoestructura de la Generalitat

Un sexenio tripartito de Estatut empecinado y un lustro convergente de independencia o muerte han desfondado el ingenio gestor de los que sostienen la tecnoestructura de la Generalitat. En los últimos treinta años, Cataluña ha tirado por la borda la creación de equipos profesionales en la Administración, como los que intentó diseñar el ex rector de la UB, Josep Maria Bricall, en su etapa de consejero bajo la presidencia provisional de Tarradellas.

Fue en la Transición, cuando soñar era gratis; pero llegó Pujol i Soley, y mandó parar. Al expresident nunca le gustó la eficiencia tributaria, o, en todo caso, no intentó nada de envergadura en ese campo. La Delegación de la Hacienda del Estado en Cataluña ha contado siempre con nombres de relumbrón y variada casuística a menudo relacionada con los tribunales.

En su mejor etapa, cuando el socialista Josep Borrell era secretario de Estado, la Delegación estaba comandada por Ernesto Aguiar y Josep Maria Huguet, dos hombres con tantos estudios como escasa formación política. Aguiar y Huguet la dupla bien conocida por la Fiscalía, adoctrinaba en temas tributarios a otros funcionarios y a los encargados de evaluar su trabajo –incluidos nosotros, los periodistas—como lo hacen los cuadros dirigentes del partido único.


Un pasado complicado

Pero conocieron los juzgados y las imputaciones, como defraudadores de un fondo de origen kuwaití hasta pasar a la reserva activa como viejos alféreces cuarteleros en vez de hacerlo como generales. Pasaron los años, y los residentes de la vivienda del último piso de la sede de Hacienda en la Plaza Letamendi de Barcelona reformaron sus baños y pulieron la moqueta. Llegaron nuevos escándalos, como el que vinculó a varios inspectores con Josep Lluís Núñez, constructor y a la sazón presidente del Barça.

El ruido y la fiscalidad van de la mano en un país fabril como Cataluña. Cuando no cae un despacho especializado en temas fiscales, como el de Emilio Cuatrecasas, cae un prevaricador. Lo que queda después de cada tempestad es lo que hay ahora: un Departamento muerto que promete levantar la Tributación de una República Libre en la que la Hacienda tampoco seremos todos.
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